Una investigación fiscal de 276 páginas revela el sistemático desfalco al Estado y a personas con discapacidad mediante sobreprecios, compras amañadas y un sofisticado circuito de blanqueo que incluye criptomonedas y jets privados.
Un expediente judicial de proporciones descomunales retrata el funcionamiento de una organización delictiva que, desde las sombras, saqueó los fondos destinados a los sectores más vulnerables. El fiscal Franco Picardi delineó ante el juez Sebastián Casanello una compleja trama de corrupción que tuvo como epicentro a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y contó con la participación central de excolaboradores del gobierno de Mauricio Macri.
La investigación sostiene que un grupo de exfuncionarios, actuando desde fuera del organismo, mantenía un control absoluto sobre las decisiones clave. El mecanismo consistía en manipular ilegalmente el Sistema Integral de Información del Programa Federal Incluir Salud, ingresando con credenciales falsas para direccionar las adquisiciones. Quienes aparecen señalados como cerebros de la operación son Pablo Atchabahian, antiguo director Nacional de Acceso a la Salud, y Luciana Ferrari, también exfuncionaria macrista. Atchabahian, actualmente el único detenido con prisión domiciliaria, daba órdenes directas al entonces titular de Incluir Salud, Daniel María Garbellini, a quien le anunciaba el comienzo del “festival de plata”.
La estrategia criminal se basaba en la creación de licitaciones amañadas, denominadas “compulsas especiales de precios”, donde solo cuatro o cinco droguerías previamente seleccionadas podían participar, en abierto contraste con las licitaciones generales que involucraban a quince oferentes. Este cerrado círculo permitía inflar los valores de manera astronómica. Empresas como Génesis S.A. y Profarma S.A. se repartieron el noventa y tres por ciento de los treinta mil millones de pesos en medicamentos. La evidencia es contundente: cuando se permitía la competencia de todas las farmacias, los precios se desplomaban. Un medicamento oncológico, el Burosumab, que se adquirió en cuarenta y cinco millones de pesos, tenía un valor real de veintiún millones, lo que implica un sobreprecio del ciento quince por ciento.
La prueba más contundente de la arbitrariedad y el manejo discrecional se encontró en el teléfono del propio Atchabahian: una fotografía de un papel donde él mismo se ordenaba no pagar a varias droguerías, tachándolas de “bocón”, en una clara referencia a quienes no cumplían con el pago de coimas o hablaban de la red ilícita.
El desvío de fondos millonarios requería una estructura para lavar el dinero. El fiscal Picardi identificó dos vías principales: una operaba a través de la aplicación de criptomonedas Neblockshain, manejada por un individuo llamado Alan Pocovi; la otra, mediante transferencias a la empresa de aviones privados Baires Fly, propiedad de Sergio Mastropietro, quien además fue el nexo que presentó al narcotraficante Fred Machado ante el político José Luis Espert.
Las ganancias ilícitas se materializaban en efectivo. A Diego Spagnuolo, funcionario clave en la trama, se le incautaron ochenta mil dólares en una caja de seguridad. En un allanamiento a la hija de otro implicado, Miguel Ángel Calvete, se descubrieron setecientos mil dólares en billetes. Mientras tanto, Garbellini, con un sueldo estatal, realizaba refacciones suntuosas en su vivienda, lo que le valió una multa millonaria de su consorcio.
El relato fiscal, de una extensión y minuciosidad abrumadoras, pinta un cuadro de cinismo y desprecio por lo público. Los chats entre los acusados celebran que “podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos” y planean fugarse: “cuatro años de gestión y después todos a Tenerife”. Se trata de una causa que no solo expone el robo al Estado, sino un crimen atroz contra la salud y la vida de las personas con discapacidad, privadas de recursos vitales para el beneficio de unos pocos. La investigación promete profundizarse, con el fiscal preparando nuevas resoluciones para desentrañar por completo esta red de corrupción.
