Bajo la denominación “Plan Paraná”, la cartera de Seguridad implementa una estrategia federal con tecnología de punta y cooperación internacional para contener el avance del crimen organizado en el corredor fluvial más importante del país.
En respuesta a la creciente amenaza que representan las organizaciones delictivas transnacionales, el Ministerio de Seguridad oficializó el lanzamiento del “Plan Paraná”, una iniciativa integral orientada a garantizar el control y la seguridad a lo largo de la estratégica Hidrovía Paraná-Paraguay. Este corredor, vital para el comercio exterior argentino y sudamericano, se ha convertido en un foco de vulnerabilidad frente a ilícitos de alta complejidad como el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando y el lavado de dinero.
La decisión, formalizada mediante la Resolución 1307/2025 publicada en el Boletín Oficial, surge ante la evidencia de que la vasta extensión geográfica de la vía fluvial, sumada a la densidad de puertos y las limitaciones tecnológicas de los sistemas de vigilancia, han sido explotadas por redes criminales para desplegar operaciones a gran escala. La hidrovía, que conecta el puerto de Asunción con el de Buenos Aires, registra un tránsito diario de hasta trescientas barcazas, lo que subraya su enorme relevancia logística y, a la vez, su exposición a actividades ilegales.
Frente a este panorama crítico, el “Plan Paraná” se erige como una política de Estado sostenida, con el objetivo primordial de incrementar la presencia estatal, robustecer las capacidades de fiscalización y neutralizar las maniobras ilícitas en la hidrovía y sus zonas de influencia. La estrategia se sustentará en la utilización de tecnología de vanguardia, incluyendo radares, drones, cámaras térmicas, escáneres para contenedores y plataformas de monitoreo en tiempo real.
Uno de los pilares fundamentales del plan es la consolidación de un esquema de cooperación interagencial, tanto a nivel nacional como internacional. Se buscará una articulación estrecha con organismos multilaterales y agencias extranjeras especializadas, como la Agencia de la Unión Europea sobre Drogas (EUDA), la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), la DEA estadounidense y la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD-OEA). Asimismo, la resolución enfatiza la necesidad de una coordinación permanente con el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y la Justicia Federal, además de las policías provinciales, para asegurar una cobertura integral y una detección temprana de las operaciones delictivas.
El despliegue operativo se organizará a través de una segmentación del corredor fluvial en seis polígonos territoriales sucesivos, los cuales abarcarán desde Puerto Bermejo, en la provincia de Chaco, hasta la desembocadura en Paraná Guazú. Esta división permitirá una intervención focalizada y metódica. La autoridad de aplicación mantendrá la facultad de habilitar nuevos sectores de intervención según la dinámica delictiva, asegurando un control flexible y adaptativo.
La coordinación general del ambicioso operativo estará a cargo de la Secretaría de Seguridad Nacional, que designará responsables para cada fase. Para la ejecución en el terreno, se ha dispuesto la creación del Comando Unificado “Plan Paraná”, una mesa integrada por representantes de las fuerzas federales: Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria. Un oficial de Prefectura Naval asumirá la coordinación operativa de este comando.
La iniciativa también prevé la participación activa de las policías provinciales de las jurisdicciones involucradas, que designarán enlaces, y una articulación fluida con organismos como la Aduana, la AFIP y Migraciones. Se ha extendido una invitación a las autoridades del Ministerio Público Fiscal, tanto nacional como provincial, para que designen representantes, con el fin de agilizar los canales de comunicación institucional y fortalecer el andamiaje legal que sustente las intervenciones.
