El Partido Justicialista de Río Negro presentó una objeción formal contra la legitimidad de la legisladora electa, sembrando dudas sobre su idoneidad moral y sus vínculos con causas judiciales. La pulseada política define no solo su futuro, sino la cohesión del bloque oficialista.
La trayectoria política de Lorena Villaverde vuelve a toparse con un nuevo obstáculo en su camino hacia la Cámara Alta. En una jugada previsible pero no menos contundente, los representantes legales del Partido Justicialista rionegrino elevaron una impugnación contra su diploma, cuestionando abiertamente su capacidad moral para ocupar una banca en el Senado de la Nación. El trámite, que se resolverá este miércoles durante el tratamiento de los pliegos de los legisladores entrantes, introduce un clima de incertidumbre e intenso debate en los pasillos del Congreso.
La Comisión de Asuntos Constitucionales, en una decisión que alteró su agenda habitual, incorporó de urgencia el expediente presentado por los apoderados Francisco Fiori y Juan Mandagaran. La notificación, distribuida entre todos los senadores, formaliza el rechazo y sienta las bases para un debate que trasciende lo meramente administrativo. El bloque peronista, para lograr el respaldo a su iniciativa, necesita congregar un mínimo de diez apoyos entre los diecinueve miembros que componen la comisión. Hasta el momento, han sumado a su causa al senador radical Pablo Blanco, quien públicamente ha esgrimido sus reservas respecto de la honorabilidad de la diputada libertaria.
La ofensiva no se detiene allí. Los impulsores de la medida buscan ampliar la coalición opositora, tentando el voto de otras figuras, como Guadalupe Tagliaferri del PRO, en un intento por aislar a los aliados de Villaverde. Esta estrategia coloca en una posición delicada al bloque de La Libertad Avanza y sus socios, forzándolos a salir en defensa de una figura cuya trayectoria está bajo la lupa por sus presuntos vínculos con redes de narcotráfico, específicamente con el extraditado Fred Machado.
La controversia en torno a la senadora electa no es novedosa, pero su propio accionar ha avivado las llamas del conflicto. Días atrás, en una actitud calificada por muchos como prematura y provocadora, Villaverde visitó el recinto y compartió en sus redes sociales imágenes sentada en una de las bancas, acompañadas de un texto que hablaba de “dejar su huella” y de “una historia de lucha”. Esta demostración, lejos de amortiguar las críticas, fue interpretada como un acto de desafío que terminó por acelerar la presentación de la impugnación.
El escenario representa un desafío de magnitud para el oficialismo. La jefa del bloque en el Senado, Patricia Bullrich, se enfrenta a su primera prueba de fuego: deberá aglutinar a su propia tropa y, simultáneamente, gestionar apoyos externos para blindar a Villaverde. La situación encierra una paraja notable, dado que Bullrich, en su anterior rol como ministra de Seguridad, fue una de las primeras en distanciarse del entonces candidato José Luis Espert cuando sus conexiones con Machado salieron a la luz pública.
Los fundamentos de la impugnación se sustentan en una serie de señalamientos graves. Se alude a su asociación con Machado a través de su relación personal con Claudio Ciccarelli, primo del extraditado; se menciona su involucramiento en una causa por la venta irregular de un terreno que contó con un préstamo del Banco Nación; y se recuerda una investigación por la adquisición de cocaína en Estados Unidos. Este cúmulo de antecedentes es esgrimido para sostener que la electa no satisface los requisitos éticos exigidos para el cargo.
Si la comisión logra reunir los votos necesarios para bloquear su jura, el reemplazo natural recaería en Enzo Fullone. La ceremonia de asunción, prevista para el 28 de noviembre, se desarrollaría así con un elenco modificado. No obstante, más allá del desenlace en el Senado, Lorena Villaverde conserva la posibilidad de continuar ejerciendo su mandato como diputada nacional por los próximos dos años, un consuelo que no opaca la magnitud de la derrota política que significaría ser excluida de la Cámara Alta.
