El TOF 2 dispuso la incautación de propiedades por un valor que supera los $684.000 millones. La defensa de la expresidenta anunció que apelará la decisión, argumentando que los inmuebles no guardan relación con los delitos imputados.
En un fallo de trascendental repercusión, el Tribunal Oral Federal 2 decretó el decomiso de un extenso patrimonio perteneciente a la expresidenta Cristina Kirchner y al empresario Lázaro Báez, junto con los demás condenados en la megacausa Vialidad. La resolución, que adquirió firmeza en junio de este año, estipula la incautación de bienes por una suma astronómica que ronda los 684.990 millones de pesos.
El tribunal, compuesto por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, accedió así a los planteos del Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Diego Luciani, quien había insistido en la necesidad de ejecutar la medida confiscatoria. Luciani había subrayado recientemente la imperiosa necesidad de “ir por los bienes” para materializar un decomiso que calificó como “firme”, equivalente a más de quinientos millones de dólares.
El conjunto de bienes afectados por esta decisión judicial asciende a 122 propiedades identificadas por la fiscalía. Entre ellas, se encuentran numerosos inmuebles registrados a nombre de Báez y de las sociedades de su grupo empresarial. De manera destacada, la medida también alcanza a una propiedad de la propia expresidenta, quien cumple prisión domiciliaria en su residencia de la calle San José, así como a un conjunto de bienes que fueron cedidos a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.
Ante esta determinación, la defensa de la exmandataria manifestó un firme rechazo y adelantó que interpondrá un recurso ante la Cámara de Casación. Los abogados argumentan que los bienes en cuestión no fueron instrumento para la comisión de ilícitos ni constituyen el producto de actividad delictiva alguna. Sostienen, además, que la gran mayoría de estas propiedades fueron adquiridas con mucha anterioridad a la existencia de la causa Vialidad y a la ejecución de las obras públicas que son el núcleo del expediente.
La cuantía final del decomiso fue objeto de una sustancial actualización. Partiendo de un monto inicial establecido en la sentencia de 84.835 millones de pesos, el valor fue reajustado tras una minuciosa labor pericial, que contó con la intervención de expertos oficiales, fiscales y del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, culminando en la cifra récord que se hizo pública. Este fallo marca un nuevo y crucial capítulo en el prolongado proceso judicial, intensificando la pulseada legal entre la justicia y la expresidenta condenada.
