Mientras Patricia Bullrich busca un nuevo destino para Gerardo Milman, su colaborador más cercano, las sombras de un procesamiento por defraudación al Estado y contrataciones irregulares empañan la posible designación. La estrategia de seguridad migratoria, inspirada en el discurso trumpista, contrasta con los antecedentes judiciales del posible titular del organismo.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se encuentra en la búsqueda de un nuevo espacio para su principal colaborador, Gerardo Milman, cuyo mandato como diputado nacional está próximo a expirar. La posibilidad que cobra mayor fuerza es su designación al frente de la Dirección Nacional de Migraciones, un organismo que ha sido transferido recientemente a la órbita de Seguridad bajo la administración de Javier Milei.
Sin embargo, este intento de reubicación choca frontalmente con el pasado judicial de Milman. El funcionario se encuentra procesado por eventos ocurridos durante su gestión al mando de la Dirección de Inteligencia Criminal en el gobierno de Mauricio Macri. En aquel entonces, se promovió la contratación de catorce agentes cuyos testimonios posteriormente revelaron una situación de extrema irregularidad: muchos declararon no haber trabajado nunca, desconocer incluso la ubicación del Ministerio de Seguridad, y haber percibido sus haberes en efectivo y por montos muy inferiores a los oficialmente registrados, con la agravante de la falsificación de sus firmas en los recibos de sueldo.
El cuadro de situación se complejiza con la incorporación de otras cuatro mujeres, entre las que se encontraba Carolina Gómez Mónaco, una ex Miss Argentina sin experiencia alguna en inteligencia, quien fue designada nada menos que al frente de la Escuela de Inteligencia sobre el Delito. La relación de Milman con Gómez Mónaco trascendió lo laboral, ya que ambos fueron vistos en la confitería Casablanca cuando el ahora diputado pronunció la ominosa frase “cuando la maten estaré camino a la Costa”, en alusión a un posible atentado contra la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner.
A pesar de los esfuerzos de dos jueces de la Cámara de Casación por absolverlo, argumentando la necesidad de probar la intencionalidad del delito, los magistrados Martín Irurzun y Roberto Boico, de la Cámara Federal, confirmaron hace escasos días el procesamiento por defraudación al Estado. La investigación, iniciada tras denuncias del abogado Yamil Castro Bianchi y del exministro Aníbal Fernández, dejó al descubierto un perjuicio económico que, actualizado, ronda los veinte millones de pesos. Las pruebas fueron contundentes: no se cumplió con ninguno de los requisitos legales para las contrataciones —legajos, exámenes médicos, capacitación— y la llamada “Sala de Situación” que justificó los nombramientos nunca se materializó.
Un dato llamativo fue que la totalidad de los agentes contratados provenían de Tres de Febrero, lo que generó sospechas sobre una posible articulación a través de Fernando Teco Villares, entonces puntero macrista y actual secretario de Seguridad de ese distrito, quien además es investigado como un posible nexo entre Milman y grupos de ultraderecha vinculados al intento de magnicidio.
Paralelamente, la trama de las “chicas de Milman” revela otro flanco de irregularidades. Las cuatro mujeres fueron contratadas para misiones específicas de inteligencia sin reunir los requisitos de formación o documentación necesarios. En el caso de Gómez Mónaco, su designación coincidió con la apertura de un centro de belleza, Luxa Estética, manejado por la sociedad Salvattore Group, la cual fue denunciada por la Inspección General de Justicia bajo la sospecha de ser una empresa ficticia para desviar fondos públicos. La sociedad fue disuelta en octubre de 2023 por irregularidades, y en ese contexto, la propia Gómez Mónaco solicitó que se cite a Milman como parte implicada.
La madeja judicial se enreda aún más con la aparición de una sociedad uruguaya, Inversora Milwood, cuyo nombre sugiere vínculos con el funcionario, aunque sus accionistas permanecen en el anonimato. Estas circunstancias llevaron a que Milman fuera también investigado por lavado de activos, aunque el procesamiento en curso se centra en la defraudación.
A pesar de este escenario adverso, Milman ha encontrado recurrentemente resortes judiciales que le han permitido eludir consecuencias más graves, como el archivo de la causa que lo vinculaba con el atentado contra Cristina Kirchner, una resolución que fue apelada y ahora espera definición de la Cámara Federal.
En este contexto, su impuesta baja exposición pública y el fin de su mandato legislativo impulsan a Bullrich a buscarle un refugio dentro de su cartera. La designación en Migraciones no sería solo una tabla de salvación para un aliado, sino la consolidación de una política que replica el discurso antiinmigrante de Donald Trump, considerando a los migrantes como una amenaza latente, en abierta contradicción con el espíritu de la Constitución Nacional que históricamente promovió la inmigración.
La posible llegada de un funcionario procesado a un organismo clave evidencia una vez más que, para el gobierno de Milei y Bullrich, los impedimentos legales y éticos parecen no ser un obstáculo para la designación de personas afines en puestos de alta sensibilidad.
