La Procuración Penitenciaria de la Nación documentó centenares de casos de malos tratos y torturas en comisarías y unidades penales federales durante 2024. El organismo advierte que estos hechos no son aislados, sino que forman parte de un patrón extendido y sistemático en el sistema penal.
Un informe exhaustivo de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) ha encendido una alarma sobre las condiciones de detención y el uso de la violencia estatal en Argentina. El documento, de 415 páginas, expone la magnitud de la tortura y los malos tratos en el ámbito federal, describiéndolos como un problema estructural y generalizado.
Según el relevamiento, en el contexto de las cárceles dependientes del Sistema Penitenciario Federal —que actualmente alberga a 11.453 personas— se individualizaron un total de 1465 hechos de tortura y/o malos tratos, que afectaron a 646 víctimas. Paralelamente, en el ámbito de la violencia policial, se identificaron 335 casos de tortura y malos tratos, con 271 víctimas directas. Estos dos sistemas orbitan dentro del Ministerio de Seguridad de la Nación.
La metodología de investigación combinó entrevistas individuales y observaciones en terreno, lo que permitió reconstruir un cuadro detallado de la situación. Se destacan especialmente las malas condiciones materiales de detención y las agresiones físicas como las categorías más frecuentes de vulneración de derechos.
Los establecimientos más críticos
Entre los complejos penitenciarios federales, dos unidades se destacan por liderar el triste ranking de vulneraciones: el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires, conocido como Villa Devoto, con 271 hechos registrados, y el Complejo Penitenciario Federal VI de Luján de Cuyo, en Mendoza, con 109 casos. El informe subraya que estas prácticas no se limitan a un tipo específico de unidad, sino que se extienden por todo el «archipiélago penitenciario federal», incluyendo establecimientos para varones y mujeres, adultos y jóvenes, de reciente inauguración o de antigua data.
La tendencia se mantiene en 2025
La gravedad del panorama no muestra signos de mejora. Un reporte más reciente de la PPN, titulado «Revictimización», revela que solo en el primer semestre del corriente año 201 personas fueron víctimas de violencia institucional por parte de fuerzas de seguridad o del servicio penitenciario. Esta cifra implica que, en promedio, más de una persona por día sufrió malos tratos o tortura. Un dato particularmente escalofriante indica que, de ese total, 17 personas padecieron estos hechos en más de una oportunidad.
El panorama provincial: el caso de Buenos Aires
Al incorporar los datos de las provincias, la escala del problema se amplía de manera dramática. El registro nacional contabilizó un total de 1198 víctimas que describieron 4745 hechos de tortura y/o malos tratos. La provincia de Buenos Aires, por la dimensión de su población carcelaria, ocupa un lugar protagónico en esta estadística lúgubre. Allí se documentaron 3280 hechos que afectaron a 552 víctimas, con los penales de Florencio Varela, Magdalena y Sierra Chica a la cabeza. A diferencia del ámbito federal, en la provincia las categorías más frecuentes son la falta o deficiente asistencia de la salud y el aislamiento. Además, se registraron 137 casos de tortura y malos tratos perpetrados por la Policía Bonaerense.
Una conclusión contundente
La PPN, un órgano autónomo dependiente del Poder Legislativo, fue contundente en su diagnóstico final: «La publicación de este décimo cuarto Informe Anual confirma, una vez más, que la tortura en el sistema penal argentino constituye un elemento estructural, extendido y persistente». Este pronunciamiento adquiere una relevancia política particular en un contexto donde el Servicio Penitenciario Federal, históricamente bajo la órbita del Ministerio de Justicia, pasó recientemente al control del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, quien amplió sus facultades de control sobre el personal de todas las fuerzas mediante un decreto presidencial.
