Lo que antaño se atesoraba en estantes, hoy se desvanece en servidores. De las consolas obsoletas a los automóviles que exigen suscripciones por funciones ya instaladas, la propiedad mutó sin que medie un contrato explícito. Un recorrido por dos décadas de cesiones silenciosas que transformaron a los usuarios en inquilinos perpetuos de sus propias adquisiciones.
La frontera entre lo que nos pertenece y lo que apenas se nos concede ha experimentado una erosión tan sutil como implacable en las últimas dos décadas. Del píxel que se desvanece en una pantalla a la prestación que se desbloquea mediante un pago recurrente en un vehículo de lujo, la lista de bienes que creíamos firmemente nuestros no ha cesado de engrosarse, revelando una realidad incómoda: la posesión, en el ámbito digital, se ha vuelto un lujo escurridizo.
En marzo de 2021, la industria del entretenimiento electrónico fue sacudida por un anuncio de Sony que pretendía clausurar las vitrinas virtuales de su Playstation 3 y sus portátiles PS Vita y PSP. La conmoción entre los aficionados fue de tal magnitud que el entonces máximo responsable de la firma nipona, Jim Ryan, se vio forzado a rectificar parcialmente su determinación, reconociendo abiertamente el error y asegurando la pervivencia del acceso a esos catálogos históricos. Sin embargo, el respiro fue efímero. Cinco años más tarde, en el albor del verano de 2026, la corporación reapareció con idéntico propósito, esta vez sin titubeos, comunicando el apagón progresivo y definitivo de aquellas plataformas. La justificación esgrimida apelaba a la obsolescencia de los sistemas, incapaces ya de cumplir con los rigurosos estándares de seguridad y procesamiento de transacciones contemporáneos, convirtiendo el mantenimiento de esas infraestructuras pretéritas en una empresa inviable. Aunque se garantizó la descarga de títulos previamente adquiridos «durante el futuro previsible», la ambigüedad de la frase no ofrecía un resguardo sólido, sino más bien un eco de promesa vacía que no brinda certeza alguna al consumidor.
Esta decisión, lejos de ser una excepción, se erige como el exponente de una deriva que se ha ido extendiendo como una mancha de aceite durante casi veinte años, permeando cada faceta de nuestra existencia digital. Al mismo tiempo, pone en evidencia la endeblez de un paradigma donde el desembolso económico ya no se traduce en la adquisición de un bien tangible, sino en el acceso restringido a datos alojados en servidores ajenos, sujetos a licencias crípticas, a condiciones de uso que nadie se toma la molestia de desentrañar y, en última instancia, a la voluntad empresarial de turno. Veinte años atrás, la operación era diáfana: el intercambio de dinero por un disco compacto, un filme en formato digital, un libro impreso, un software o un videojuego confería al comprador la posesión absoluta del soporte. Ese objeto, con todo su contenido, pasaba a formar parte del patrimonio personal, pudiendo ser prestado, comercializado en el mercado de segunda mano, legado a la descendencia o ejecutado tres décadas después, incluso si la compañía que lo creó se había desvanecido en el olvido. Hoy, el panorama se ha trastocado por completo, y lo que prevalece es la adquisición de un permiso de uso, efímero y condicionado, mientras la suscripción se ha coronado como el modelo reinante en innumerables sectores. Si en el pasado la propiedad era el estado natural de las cosas y el arrendamiento, una fórmula residual, en la actualidad la dinámica se ha invertido, orquestando una metamorfosis cultural de calado mayúsculo que, paradójicamente, no ha sido objeto de un debate consciente y generalizado.
Este viraje no fue impuesto por decreto ni por la fuerza bruta de la coacción. Nadie obligó a los usuarios a abandonar el soporte físico en favor de las plataformas de streaming musical, ni a prescindir del videoclub para abrazar el catálogo ilimitado de las plataformas de vídeo, ni a sustituir la adquisición en un establecimiento por la descarga instantánea. En cada encrucijada, el atractivo de la inmediatez y la comodidad resultó sencillamente irresistible: la posibilidad de acceder a una fonoteca casi infinita por el módico precio de un refresco, o la facultad de sumergirse en una nueva aventura interactiva sin levantarse del sofá, inclinaron la balanza sin esfuerzo. Cada elección, observada de manera individual, se antojaba lógica y racional. ¿Quién, en su sano juicio, optaría por desembolsar una cantidad superior por un objeto que exige ser almacenado, protegido del polvo y la humedad, y que con el tiempo puede deteriorarse, si podía obtener el mismo beneficio, con mayor celeridad y menor coste, mediante un simple toque en una pantalla táctil? Ningún consumidor estampó su firma en un acuerdo para canjear comodidad por propiedad, y sin embargo, esa permuta se ha consumado silenciosamente, consolidándose en la práctica cotidiana.
Tan temprano como en 2009, la naturaleza de aquello que no se había rubricado quedó al descubierto con un episodio que habría de resultar profético. Sin previo aviso, Amazon procedió a borrar de forma remota, de los dispositivos de lectura electrónica de miles de usuarios, las copias de *1984* y Rebelión en la granja, las dos obras maestras distópicas de George Orwell. El origen del conflicto residía en un problema de derechos con el distribuidor de los títulos, y el coloso del comercio en línea dirimió la cuestión aplicando la solución más sencilla para la corporación, aunque la más lesiva para el cliente: hacer desaparecer los libros de las bibliotecas digitales de quienes ya los habían adquirido y abonado. Aunque la empresa devolvió el importe de las copias a los afectados, la punzante ironía de la situación no escapó a la observación de propios y extraños. Una de las novelas suprimidas era, precisamente, la que describe con maestría un régimen totalitario capaz de reescribir la historia y hacer añicos todo aquello que le resulta incómodo. La compañía de Jeff Bezos terminó por excusarse públicamente y comprometerse a no repetir una acción semejante, pero el daño ya estaba hecho. El incidente había puesto de manifiesto una realidad que hasta entonces apenas se había considerado: que un libro pagado podía esfumarse del dominio de su propietario con la mera presión de un botón, sin que este pudiera articular defensa alguna.
En el ecosistema digital, la acción de comprar ha dejado de equivaler, en innumerables ocasiones, al acto de poseer. Con harta frecuencia, se reduce a un permiso de acceso que se mantiene mientras la plataforma subsista, mientras la licencia no caduque, mientras la compañía mantenga sus servidores en funcionamiento o mientras las condiciones comerciales sigan siendo provechosas para quien no es el usuario final. Los ejemplos que pueblan esta realidad son abundantes y elocuentes. Baste recordar el caso de Ubisoft, que en diciembre de 2023 retiró The Crew de las tiendas digitales y, tres meses después, desconectó sus servidores. Dado que el título requería una conexión permanente a la red, se tornó injugable incluso para aquellos que habían desembolsado su precio, simplemente porque la infraestructura que lo sustentaba había sido clausurada por decisión de la empresa.
La problemática no se circunscribe únicamente a los bienes inmateriales como la música, la literatura, los pasatiempos electrónicos o el cine, sino que se extiende también a los objetos físicos que, pese a encontrarse en el hogar del consumidor, dependen de servicios externos para desplegar su funcionalidad. En 2016, Google apagó el servicio que daba vida a Revolv, un pequeño concentrador doméstico que orquestaba desde una aplicación el encendido de luces, la activación de sensores, el cierre de cerraduras y otros dispositivos inteligentes del hogar. El artilugio seguía en posesión de sus dueños, pero se convirtió en un ladrillo inútil incrustado en la pared, porque la empresa que lo mantenía conectado decidió darle fin, dejando miles de dólares en equipamiento transformados en chatarra tecnológica.
El meollo de la cuestión, por supuesto, no radica en que las empresas decidan retirar servicios obsoletos por razones de seguridad o incompatibilidad técnica, sino en que durante largo tiempo se ha vendido como una compra lo que en esencia se asemeja mucho más a un alquiler de duración indeterminada. Esta mutación de propietario a inquilino alcanza su paroxismo distópico en la industria automotriz, donde los fabricantes han comprendido con rapidez que el automóvil ya no es un mero producto mecánico, sino una computadora sobre ruedas, y han comenzado a aplicar la lógica de los videojuegos, con sus célebres contenidos descargables, a máquinas que pesan dos toneladas.
El caso más absurdo, y por ello mismo el más aleccionador, es el de Mercedes-Benz. En ciertos mercados, el EQS, su sedán eléctrico de alta gama, incorpora un sistema de dirección en el eje trasero con capacidad de girar hasta diez grados para facilitar las maniobras de estacionamiento. Sin embargo, el vehículo salía de fábrica con una restricción que solo permitía 4,5 grados. Para desbloquear el resto del movimiento, el propietario debía abonar una suscripción anual cercana a los 600 dólares. No se trataba de adquirir una pieza nueva ni de instalar un accesorio adicional, sino de pagar para activar por software una prestación que el coche ya poseía materialmente desde su ensamblaje. En situaciones análogas, BMW llegó a comercializar suscripciones para funcionalidades como los asientos con calefacción o la integración con Apple CarPlay en la pantalla, aunque el rechazo fue tan fulminante que la compañía tuvo que recular. Audi, por su parte, también exploró esta senda en el Viejo Continente, cobrando periódicamente por prestaciones tan básicas como el climatizador bizona o el asistente de luces largas. En todos estos casos, subyace la misma lógica: el objeto está adquirido y la capacidad se halla instalada, pero el permiso para su uso permanece bajo el control del fabricante.
No obstante, estos ejemplos extremos no deberían opacar los beneficios innegables que la economía del acceso ha traído consigo. Por un desembolso ínfimo, Spotify ha puesto a disposición de los usuarios una fonoteca que, veinte años atrás, habría exigido una inversión colosal para ser reunida disco a disco. Netflix erradicó el peregrinaje al videoclub y la tiranía de la programación televisiva, ofreciendo un catálogo accesible a cualquier hora, y servicios como Game Pass posibilitan el disfrute de centenares de títulos por una fracción de lo que supondría su adquisición individual. La comodidad, en definitiva, es genuina, y sería una injusticia negar su valor.
Pero esa conveniencia innegable no debería compelernos a aceptar sin reflexión que toda compra se diluya en un permiso temporal. Lo que resulta imperativo es reconocer que el vocablo «comprar» ha comenzado a emplearse para designar transacciones que ya no atesoran las garantías históricas inherentes a una adquisición. Y cuando el lenguaje del comercio permanece inalterable, pero la esfera de acción del usuario sobre lo que paga se reduce drásticamente, la confusión trasciende el mero detalle semántico para convertirse en el engranaje de un negocio en el que hemos dejado de ser propietarios para transformarnos, casi sin advertirlo, en suscriptores eternos.
