La aerolínea de bajo costo acumula un decálogo de inactividad sin que el gobierno nacional mueva una ficha. Los pasajeros, huérfanos de respuestas, recurren a la Justicia mientras los exempleados pelean por sus indemnizaciones y la empresa, lejos de suspender sus operaciones comerciales, continúa ofertando boletos en su plataforma digital.
A poco más de un año del desembarco del empresario Leonardo Scaturicce en la conducción de Flybondi, un personaje de estrecha sintonía con los pasillos del poder libertario, la aerolínea que supo erigirse como el estandarte de la aviación económica en la Argentina atraviesa su peor momento desde su nacimiento. Lo que otrora fuera una promesa de democratización de los cielos se ha transformado en un laberinto de incertidumbre para miles de viajeros, un rompecabezas financiero para sus antiguos empleados y un enigma regulatorio para un Poder Ejecutivo que, por estas horas, prefiere desviar la mirada hacia otras coordenadas.
El mes de julio no pudo tener un comienzo más desalentador para la compañía. Según el pormenorizado relevamiento que realiza el portal independiente failbondi.fail, un sitio que se ha convertido en un termómetro implacable de la desidia operativa de la firma, los aviones de la empresa no levantan vuelo desde el primer día del presente mes. De esta manera, la firma acumula ya un decálogo de jornadas sin actividad, una racha nefasta que, según las proyecciones de los analistas de ese espacio digital, se extenderá al menos hasta el próximo 12 de julio, salvo que ocurra un milagro o que la compañía decida recomponer su atribulada agenda.
Aquella jornada del 1 de julio, que hoy se erige como el último suspiro de actividad de la low cost, la empresa tenía previsto desplegar dieciséis trayectos. Sin embargo, la realidad fue muy distinta a lo planificado: seis de esos vuelos fueron cancelados sin previo aviso, mientras que otros ocho sufrieron demoras que superaron holgadamente la media hora de tolerancia, llegando una de ellas a extenderse por más de cinco horas, una odisea temporal que sumió a los pasajeros en la desesperación y el cansancio más absolutos.
El impacto de esta debacle operativa no se mide únicamente en términos económicos o de imagen. El propio portal especializado realizó un cálculo escalofriante que pone en perspectiva la magnitud del caos: aquel 1 de julio, Flybondi «desperdició aproximadamente tres meses y trece días de vida entre todos sus pasajeros», una cifra que no contempla siquiera los trayectos que fueron directamente suspendidos y que, de haber sido sumados, elevarían la cifra a dimensiones astronómicas. Cada hora de retraso, cada minuto de incertidumbre en la pista de aterrizaje, se traduce en una fractura de la confianza que los usuarios habían depositado en el modelo de bajo costo.
Pero el derrumbe de la aerolínea no es un hecho aislado de estas dos semanas fatídicas. Si se amplía el foco y se observa el comportamiento de la firma a lo largo de todo el año 2026, el diagnóstico es lapidario: Flybondi ostenta, con honores dudosos, el récord absoluto de cancelaciones dentro del mercado aerocomercial doméstico. Un alarmante veinte por ciento del total de los pasajes comercializados por la empresa nunca llegan a concretarse, una proporción que la coloca en un sitial de privilegio dentro de la estadística negra de la aviación regional.
Mientras los pasajeros afectados por esta seguidilla de suspensiones intentan recomponer sus itinerarios y sus planes de viaje, el escenario se vuelve aún más complejo en otros frentes. Los extrabajadores de la compañía, aquellos que aceptaron un retiro voluntario en el marco de las reestructuraciones internas, alzan la voz con creciente desesperación. Reclaman, sin éxito hasta el momento, que se les abone el acuerdo económico pactado, un dinero que no llega y que profundiza la crisis de confianza en torno a la gestión de Scaturicce.
En la vereda judicial, la situación tampoco muestra indicios de calma. Un grupo de clientes perjudicados por la ola de cancelaciones decidió dar un paso al frente y presentó un recurso de amparo ante la Justicia, buscando que se obligue a la empresa a cumplir con sus obligaciones contractuales o, en su defecto, a restituir el dinero de los boletos adquiridos. Este accionar legal representa un síntoma inequívoco de que la paciencia social se ha agotado y que los usuarios ya no están dispuestos a tolerar más postergaciones ni excusas.
Sin embargo, el dato más llamativo y paradigmático de esta crisis quizás no sea la inactividad de los aviones, las demoras monumentales o los reclamos judiciales, sino la actitud del Estado nacional. El Poder Ejecutivo, que en otros contextos históricos no habría dudado en intervenir con mano firme ante semejante descalabro en un servicio de transporte considerado de interés público, parece haber optado por una estrategia de desentendimiento absoluto.
Lejos de exigir explicaciones, de suspender las autorizaciones para la venta de pasajes o de instrumentar algún mecanismo de control que proteja al consumidor, el gobierno permite que la aerolínea siga comercializando boletos en su sitio web y en los canales de venta habituales, como si nada estuviera ocurriendo. Esta inacción oficial genera un vacío de poder que la empresa aprovecha para seguir captando fondos de nuevos compradores que, en muchos casos, desconocen la crítica situación operativa que atraviesa la firma.
La pregunta que flota en el aire, entonces, es inevitable: ¿hasta cuándo se sostendrá esta ficción de normalidad? ¿Cuántos pasajeros más deberán padecer la incertidumbre de no saber si su vuelo despegará? El mercado, por su parte, observa con estupor cómo una empresa que no vuela sigue vendiendo un producto que no puede entregar, mientras el Estado, que debería ser el garante de las condiciones mínimas de prestación de los servicios, opta por mirar hacia el costado, en un silencio que ya se ha vuelto ensordecedor. La crisis de Flybondi no es solo una crisis empresarial; es, en su esencia, una crisis de la regulación y de la palabra empeñada con los ciudadanos.
