Mientras la Cámara Federal de Comodoro Py se apresta a resolver la apelación de los querellantes apartados, la Casa Rosada impulsa a contrarreloj la cobertura de vacantes en ese tribunal. La jugada busca inclinar la balanza en un expediente que, pese a las evidencias recolectadas, permanece en un limbo judicial que podría derivar en la impunidad de los principales señalados.
El expediente vinculado a la criptomoneda $LIBRA ha ingresado en una suerte de vórtice judicial donde las piezas procesales parecen girar sin rumbo fijo, mientras el poder político aprovecha la bruma para mover sus fichas en el tablero de la justicia federal. A quince meses de la apertura de la investigación, y con un caudal probatorio que, según fuentes del caso, compromete al propio mandatario Javier Milei, a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, al experimentado lobista Mauricio Novelli y a su círculo de socios comerciales, el devenir de la causa se concentra ahora en un puñado de despachos de la Sala I de la Cámara Federal de Comodoro Py. Es allí donde se dirimirá, en las próximas jornadas, un recurso de apelación que podría revertir el polémico apartamiento de cinco acusadores particulares, decisión que el juzgado de primera instancia justificó en una controvertida interpretación sobre la naturaleza del activo digital en cuestión.
El trasfondo de esta pulseada procesal revela una estrategia de alto vuelo por parte del Gobierno nacional, que no oculta su interés en torcer el rumbo de la investigación. En paralelo al debate jurídico sobre la legitimidad de las querellas, la Casa Rosada ha puesto en marcha una carrera contrarreloj para cubrir dos bancas vacantes en ese mismo tribunal de alzada, con la esperanza de consolidar una mayoría afín que, de confirmarse la recusación de los denunciantes, termine por sepultar definitivamente las posibilidades de avance del expediente. Pero la ambición oficial no se detiene allí: fuentes allegadas al Palacio de Hacienda confiaron que el objetivo último es alcanzar una tercera designación en el corto plazo, de modo tal que el oficialismo pueda controlar, al menos, la mitad de los seis estrados que componen la Cámara, un número suficiente para condicionar cualquier fallo adverso.
Hasta el momento, el rol de los damnificados ha resultado crucial para mantener con vida la pesquisa, sobre todo si se considera la parsimonia con que ha actuado el fiscal Eduardo Taiano, cuyo ritmo de trabajo ha sido objeto de críticas por parte de los querellantes y de los inversores perjudicados. La decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi de excluir a esos acusadores particulares, al hacer suyos los planteos de la defensa de Novelli, ha generado un terremoto procesal. El magistrado sostuvo en su resolución que, al tratarse de una “memecoin” –es decir, un activo digital sin respaldo en bienes tangibles y concebido como un instrumento de especulación lúdica–, los adquirentes no podían alegar engaño, pues conocían de antemano la volatilidad extrema del producto y asumían el riesgo de una pérdida total de su inversión. Ese argumento, que equipara la compra de $LIBRA a una apuesta en un casino, ha sido rechazado con vehemencia por los apelantes, quienes insisten en que existió una clara maniobra de promoción engañosa respaldada por figuras públicas de primer nivel.
El escenario que se vislumbra es, por tanto, de máxima tensión. Mientras la Sala I analiza los recursos presentados por los querellantes excluidos, el Gobierno presiona los mecanismos del Consejo de la Magistratura y del Poder Ejecutivo para acelerar los pliegos de los candidatos a camaristas, en un movimiento que muchos interpretan como una injerencia grosera en el Poder Judicial. Los nombres que circulan en los pasillos de Comodoro Py pertenecen a juristas de perfil técnico pero con una clara afinidad ideológica con el actual oficialismo, lo que ha encendido las alarmas entre los abogados de las víctimas y las organizaciones de defensa de la transparencia. Estos sectores advierten que, de consumarse esas designaciones antes de que se dicte el fallo sobre la apelación, se quebrantaría cualquier atisbo de imparcialidad, y el expediente quedaría condenado a un letargo definitivo, salvo que la Corte Suprema intervenga de manera urgente.
No obstante, en la vereda opuesta, los defensores del Ejecutivo sostienen que la cobertura de vacantes es un acto de rutina administrativa que no guarda relación con la causa en curso, y que el apartamiento de los querellantes se ajusta estrictamente a derecho, al considerar que la querella no tiene interés legítimo en un caso donde el daño económico deriva de la naturaleza volátil del instrumento financiero. Sin embargo, esa postura choca con la realidad de los hechos: las pruebas documentales y los mensajes intercambiados entre los implicados –que incluyen recomendaciones públicas de compra realizadas por el propio Presidente en sus redes sociales– sugieren una conexión directa entre el lanzamiento de la criptomoneda y un presunto esquema de enriquecimiento ilícito, lo que ha motivado que la causa trascienda el mero ámbito penal para instalarse como un escándalo de proporciones políticas.
El tiempo, en este tablero, se ha convertido en un aliado inesperado del Gobierno. Cada día que pasa sin una resolución firme sobre la reincorporación de los querellantes inclina la balanza a favor de la inacción, y la demora calculada de la fiscalía no hace sino reforzar esa percepción. Por eso, la apelación presentada por los damnificados es vista como la última trinchera antes de que el caso sea desviado hacia un callejón sin salida. Los letrados de los inversores afectados han elevado su reclamo con argumentos de peso: sostienen que la decisión de Martínez de Giorgi carece de sustento probatorio, que malinterpreta la naturaleza del fraude financiero al confundir riesgo asumido con dolo promocional, y que, al apartarlos, se les cercena el derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en tratados internacionales. Además, remarcan que la figura del “inversor informado” no puede aplicarse cuando detrás del producto hay una campaña orquestada por figuras de la talla presidencial, que generan una expectativa irracional en el público no especializado.
Mientras tanto, en los despachos de la Sala I, los jueces se enfrentan a un dilema que trasciende lo jurídico. Saben que su pronunciamiento será observado con lupa por la opinión pública y que cualquier demora o ambigüedad será interpretada como un guiño al poder político. La presión es máxima, y el cronómetro corre no solo para los magistrados, sino también para el oficialismo, que necesita que los nuevos camaristas tomen posesión antes de que la Cámara emita su veredicto sobre la apelación. De lograrlo, el escenario ideal para la Casa Rosada sería aquel en el que, con una mayoría propia en el tribunal, se confirme el apartamiento de los querellantes y, de paso, se desaliente cualquier intento de la fiscalía de profundizar las investigaciones sobre los vínculos de los involucrados con el lanzamiento de la memecoin.
No obstante, los riesgos de una movida tan evidente son altos. Un fallo adverso a los intereses del Gobierno, sumado a la sospecha de una designación fraguada, podría generar un terremoto institucional que termine por llevar el caso a la Corte Suprema, donde la composición del tribunal es menos predecible. Pero, por ahora, el cálculo oficial parece inclinarse por la audacia: acelerar los nombramientos, consolidar el control de la Cámara y dejar que el expediente se desvanezca en la maraña de recursos y apelaciones. Los querellantes, por su parte, no han cejado en su empeño y mantienen viva la llama de la denuncia, confiando en que la Justicia, tarde o temprano, pondrá la lupa sobre las pruebas que, hasta hoy, permanecen a la espera de ser evaluadas en su real dimensión.
El desenlace de esta partida, que combina astucia política, hermenéutica legal y un alto voltaje mediático, se definirá en los próximos días. Lo que está en juego no es solo la suerte de una investigación particular, sino la credibilidad de un sistema judicial que, una vez más, se ve sometido a la prueba de fuego de la influencia del poder. Mientras los inversores damnificados aguardan con ansias una resolución que les devuelva la voz en el proceso, el Gobierno confía en que el blindaje judicial que está construyendo a paso acelerado sea suficiente para desactivar una bomba que amenaza con salpicar a los niveles más altos del Estado. La causa $LIBRA, que comenzó como un rumor en los foros financieros, se ha convertido en el epicentro de una batalla que definirá, quizás, los límites de la impunidad en la Argentina contemporánea.
