Las autoridades del establecimiento dependiente del Ministerio de Defensa convocaron a los estudiantes de sexto año a un seminario obligatorio. Tras los antecedentes de negacionismo y la designación de funcionarios vinculados a organizaciones que bregan por la liberación de represores, la comunidad educativa teme un nuevo episodio de adoctrinamiento que intente distorsionar la historia reciente, mientras los organismos de derechos humanos exigen respuestas.
En un nuevo episodio que sacude los cimientos del tradicional instituto ubicado en el barrio porteño de Caballito, los alumnos que cursan el último año del histórico Colegio Dámaso Centeno han sido notificados acerca de una obligatoria jornada académica pautada para el próximo martes, la cual ha sido rotulada bajo la controversial denominación de «memoria completa». Si bien la plana mayor del establecimiento educativo se ha guardado celosamente la identidad de los oradores que estarán a cargo de la disertación, en los pasillos y entre las agrupaciones de egresados se extiende como un reguero de pólvora la sospecha de que se tratará de la misma prédica que el año anterior ofrecieron dos reconocidos activistas, quienes frecuentemente son invitados a distintos liceos castrenses para difundir un relato que rechaza los juicios por crímenes de lesa humanidad y aboga por la excarcelación de los pocos condenados que aún permanecen privados de su libertad.
Este escenario de profunda inquietud ha movilizado a los deudos y allegados de aquellos exalumnos que fueron arrebatados por la maquinaria represiva del Estado durante la última dictadura cívico-militar, quienes no han dudado en calificar la iniciativa como un intento de adoctrinamiento de corte negacionista, destinado a embellecer o directamente ocultar las atrocidades cometidas en aquellos años de plomo. La institución, que abrió sus puertas a finales del siglo XIX con el propósito inicial de brindar cobijo y educación a los huérfanos de militares, hoy alberga a más de mil estudiantes que, en su gran mayoría, carecen de cualquier vínculo sanguíneo o funcional con las Fuerzas Armadas. No obstante, su dependencia orgánica recae en la Dirección General del Ejército, entidad que tiene la potestad de nombrar a su máximo responsable, cargo que suele recaer en un coronel en actividad, lo que imprime una impronta particular a la gestión educativa.
El año pasado, la comunidad del Dámaso Centeno ya había vivido momentos de gran efervescencia y malestar, cuando una oleada de renuncias docentes puso en evidencia la crítica situación salarial que atravesaban los educadores. Los sueldos abonados por el Ministerio de Defensa, que por entonces comandaba Luis Petri, eran prácticamente la mitad de lo que percibían sus pares en la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, lo que obligó a padres y maestros a salir a la vía pública para reclamar por la dignificación de la carrera docente y la continuidad del ciclo lectivo.
Sin embargo, el detonante que encendió todas las alarmas y que aún resuena con fuerza en la memoria colectiva de la institución fue un escándalo de proporciones mayúsculas ocurrido en la antesala del 24 de marzo de 2025, fecha que conmemora el aniversario del golpe de Estado. El entonces director del colegio, el coronel Juan Sancho Vilarullo, había compartido en sus redes sociales un meme de pésimo gusto en el que se incitaba a los usuarios a obsequiar un popular alfajor a sus amigos de orientación política de izquierda. La publicación, que mostraba la golosina junto al rostro del dictador Jorge Rafael Videla guiñando un ojo, fue considerada una afrenta directa a las víctimas y un gesto de burla hacia quienes militan por la justicia. Aquel mismo directivo había sido el artífice de la visita de la vicepresidenta Victoria Villarruel al colegio, presentándola como una egresada ilustre, pese a que la funcionaria es una de las principales difusoras del concepto de «memoria completa» y ha sido señalada por organizar encuentros con el propio Videla durante su arresto domiciliario, en un claro gesto de reivindicación.
La viralización del polémico meme provocó una reacción inmediata y contundente de la comunidad, que se manifestó a través de un «siluetazo» en las inmediaciones del establecimiento como símbolo de rechazo al negacionismo y la burla. Como consecuencia directa de la presión social y el repudio generalizado, Sancho Vilarullo dejó de estar al frente de la dirección. En su reemplazo fue designado el coronel Diego Hernán Agüero Urquiza, cuya gestión ahora enfrenta un nuevo y delicado desafío ante la circulación de un comunicado interno que anuncia la charla de «memoria completa» para los estudiantes de sexto año, en un horario comprendido entre las 10:30 y las 12:30 del martes 14 de julio. Fuentes consultadas por este medio confirmaron que el anuncio generó un profundo estado de conmoción y repudio entre exalumnos, madres, padres y docentes, quienes sostienen con firmeza que la memoria estará verdaderamente completa el día en que aquellos que poseen información sobre el paradero de los desaparecidos rompan el silencio y revelen el destino final de sus seres queridos.
La historia del Dámaso Centeno se encuentra íntimamente ligada al dolor de la dictadura, ya que en sus registros figuran trece estudiantes que fueron víctimas del terrorismo de Estado. Entre ellos se encuentra Alejandro Almeida, hijo de la emblemática Taty Almeida, la recientemente fallecida presidenta de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora. Otro de los nombres que resuena con particular dramatismo es el de Juan Eduardo Estévez, quien era la pareja de la periodista Miriam Lewin al momento de ser secuestrada por los grupos de tareas. Lewin, sobreviviente de los centros clandestinos de detención de Virrey Cevallos y la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), ha compartido un testimonio escalofriante que revela la complicidad de la institución con el aparato represivo. «En marzo del ’77, cuando estaba secuestrada por la inteligencia de la Aeronáutica, me trajeron a la celda los ficheros con datos y fotos de alumnos, algunos de cuando entraron al jardín de infantes. El colegio colaboraba con la represión ilegal», relató la periodista, quien no duda en calificar la próxima charla como un intento deliberado de negar los crímenes que ella y sus compañeros padecieron. «No hay memoria completa –enfatizó Lewin–. De un lado, estaban las organizaciones revolucionarias, pero también curas y monjas. Del otro lado, el Estado, que dejó la ley como instrumento para convertirse en terrorista».
Esta nueva controversia se inscribe en una estrategia de mayor alcance impulsada desde el Gobierno nacional, que desde la asunción de Javier Milei ha promovido activamente la prédica de la «memoria completa», tal como se evidencia en los materiales audiovisuales difundidos oficialmente cada 24 de marzo. Esta ofensiva ideológica ha ido de la mano con el desmantelamiento sistemático de áreas gubernamentales que durante décadas contribuyeron al esclarecimiento de la verdad y la búsqueda de justicia. En este contexto, el Ministerio de Defensa se ha erigido como el principal bastión de esta avanzada. En marzo de 2024, el entonces ministro Petri despidió a los expertos que integraban los equipos de relevamiento y análisis documental, acusándolos de practicar un supuesto «macartismo» contra las Fuerzas Armadas, al tiempo que se negaba información a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, el organismo creado por impulso de Abuelas de Plaza de Mayo para localizar a los bebés apropiados durante la dictadura.
Petri, además, incorporó como asesores en materia de derechos humanos a dos figuras centrales del negacionismo: Arturo Larrabure y Silvia Ibarzábal. Ambos son hijos de militares fallecidos en la década de 1970 y provienen de las denominadas organizaciones de «memoria completa». Larrabure, quien fuera parte del movimiento que reclamó una amnistía general en 2006, integra el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), que preside Victoria Villarruel. Por su parte, Ibarzábal es una de las referentes de la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo de Argentina (Afavita), entidad que impulsó un hábeas corpus para lograr la liberación de los condenados por delitos de lesa humanidad. A pesar de la salida de Petri del ministerio, ambos asesores fueron ratificados en sus cargos por el actual ministro, el general Carlos Presti, quien además no ha designado un director de derechos humanos desde que asumió, lo que deja a la cartera sin una figura que contrapese la influencia de estos activistas.
Según pudo reconstruir este diario, Larrabure e Ibarzábal realizan desde hace meses giras por los liceos militares para impartir un curso de «verdad completa». El año pasado, este medio solicitó formalmente acceso a la información para conocer los contenidos de ese seminario, y la respuesta del entonces director de Derechos Humanos, Joaquín Mogaburu, fue reveladora. Mogaburu describió que la clase se basa en los testimonios de ambos expositores, quienes narran sus vivencias personales y dejan «un mensaje de concordia política y perdón». Poco después de esa respuesta, Mogaburu fue ascendido a subsecretario de Derechos Humanos, aunque fue rápidamente removido tras la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia.
Todos los indicios señalan que la clase que recibirán los alumnos del Dámaso Centeno estará estructurada sobre los mismos postulados que Larrabure e Ibarzábal han difundido en otros establecimientos, como el Liceo Militar General Belgrano de Santa Fe, donde recientemente ofrecieron su disertación. El abogado Rodolfo Yanzón, quien actúa como vocero del repudio manifestado por los amigos y exalumnos del colegio que defienden la Memoria, la Verdad y la Justicia, ha sido enfático en su condena a esta avanzada. «Hasta 2006, año en que se colocó la placa en homenaje a los estudiantes desaparecidos, no se hablaba de la cuestión. Era un tema oculto. Con estas acciones, quieren volver a taparlo por una decisión del ministro de Defensa de un gobierno que reivindica los campos de tortura y exterminio», sentenció Yanzón, sintetizando el temor de una comunidad que ve con gran preocupación cómo el negacionismo intenta instalarse en las aulas de un colegio que aún carga con el peso de su propia historia.
