El magistrado federal profundiza la pesquisa sobre el diputado provincial de La Libertad Avanza, en un intento por desentrañar el origen de millonarias rectificaciones patrimoniales y la presunta ocultación de bienes. Paralelamente, la denunciante Marcela Pagano destapa un presunto cerco informativo sobre los privilegios de seguridad que aún rodean al exfuncionario Manuel Adorni, pese a haber abandonado su cargo público.
En el intrincado tablero de la justicia federal, las piezas continúan moviéndose en torno a la familia Adorni, cuyas acciones y bienes permanecen bajo la severa mirada de los estrados judiciales. El titular del Juzgado Federal número 5, Daniel Rafecas, decidió en las últimas horas dar un nuevo impulso a la investigación que sacude los cimientos políticos, al ordenar un despliegue de medidas probatorias en la causa que tiene como epicentro a Francisco Adorni, legislador provincial por La Libertad Avanza y vínculo sanguíneo directo con quien fuera el portavoz presidencial más influyente de la gestión actual.
La resolución judicial, adoptada este miércoles, apunta a despejar las brumas que envuelven el presunto incremento desmedido del patrimonio del hermano menor del exjefe de Gabinete, una fortuna que, según los indicios recolectados por el fiscal Guillermo Marijuán, podría haber sido artificialmente inflada o, en el peor de los casos, maliciosamente declarada ante las autoridades. El juez Rafecas, con la meticulosidad que lo caracteriza, ha dispuesto una batería de oficios y requerimientos que buscan escudriñar cada peso que ha pasado por las cuentas del diputado, en un camino procesal que luce como antesala necesaria a una eventual citación a indagatoria. La controversia se centra, principalmente, en las reiteradas rectificaciones de sus declaraciones juradas, especialmente la correspondiente al ejercicio 2025, que fue modificada en tres ocasiones, gesto que encendió todas las alarmas en el despacho del fiscal.
Mientras el fuego de la investigación judicial acorrala al legislador provincial, la tormenta no cesa para Manuel Adorni, quien, pese a haber resignado su sitial en el Palacio de Hacienda, no logra desprenderse de la pesada sombra de las sospechas. La diputada Marcela Pagano, figura clave en el entramado de denuncias que dieron origen a la pesquisa, sacudió el ambiente político al revelar una orden que, a su entender, constituye un intento de ocultamiento de los privilegios que el exvocero aún conserva en su retiro del barrio privado de Indio Cuá. Según la publicación de Pagano en sus cuentas de la red social X, la cúpula de Gendarmería Nacional habría emitido una directiva expresa para «no informar más las novedades de la custodia», lo que ella interpreta como un deliberado hermetismo para proteger a un particular que, pese a haber dejado de ser funcionario, sigue siendo investigado por enriquecimiento ilícito.
«La Orden del Comando Superior ya no transmite ningún reporte», sentenció la legisladora, adjuntando en su mensaje una captura de las conversaciones internas donde se evidencia el pedido de silencio por parte de los mandos de la fuerza de seguridad. La denunciante, con un tono desafiante, subrayó la paradoja y la indignación que le genera este episodio, preguntándose retóricamente acerca de los motivos detrás de tanto secretismo. Su mensaje final fue un claro espaldarazo a su compromiso: «Mi lucha sigue firme y es con la ciudadanía; voy a persistir en develar los negociados de la casta», exclamó, disparando una nueva andanada política que pone en jaque la transparencia del gobierno en el manejo de los recursos y la seguridad del Estado.
Dentro del expediente judicial, la mirada del magistrado Rafecas se ha posado con lupa sobre las finanzas de Francisco Adorni, en particular sobre el pago de un crédito hipotecario que asciende a la suma de 60 millones de pesos. Para ello, el juez libró un pedido de informes al Banco Provincia, con el fin de obtener un análisis pormenorizado y cronológico de todas las cancelaciones efectuadas entre los años 2024 y 2026. Paralelamente, solicitó a la Legislatura bonaerense la remisión de la declaración jurada más reciente del legislador, en un esfuerzo por contrastar la evolución de su caudal económico en su rol de funcionario provincial. La trama se complica aún más con el pedido de oficio al Registro de la Propiedad Inmueble bonaerense, para constatar la titularidad, valuación y condiciones de ingreso de dos propiedades específicas que habrían engrosado su haber a través de una sucesión hereditaria.
El fiscal Marijuán, en un dictamen contundente, ya había anticipado que la maniobra de rectificación no era un mero error administrativo, sino una estrategia deliberada para legitimar un patrimonio de dudosa procedencia. El punto neurálgico de la acusación radica en los 21 millones de pesos que Francisco Adorni incorporó en una de sus enmiendas, argumentando que provenían de una herencia paterna, una justificación que emergió de manera sospechosa después de que la causa judicial comenzara a tomar estado público. La pericia contable, sumada a la profesión del imputado como perito contador y su paso por el Consejo de la Magistratura provincial, refuerza la tesis de la fiscalía de que el legislador no podía alegar desconocimiento en la confección de estos documentos, tornando su conducta en potencialmente constitutiva de los delitos de omisión maliciosa y falsedad ideológica.
La línea de investigación se torna más compleja al descubrirse que los montos declarados por Francisco respecto a la herencia no guardan coincidencia con el informe de bienes patrimoniales que su propio hermano, Manuel Adorni, había expuesto en su momento ante la justicia. Esta disparidad numérica entre los vínculos sanguíneos ha despertado la curiosidad de los pesquisas, que ven en ello un posible indicio de una planificación patrimonial en la que los lazos familiares podrían estar ocultando activos. El fiscal Marijuán no duda en calificar la conducta de su imputado como una deliberada omisión de cuentas bancarias y bienes, destacando que las tres presentaciones obligatorias realizadas durante su paso por el Ministerio de Defensa y el Instituto de Ayuda Financiera (IAF) fueron sistemáticamente corregidas tras la apertura de la causa, sumando nuevas cuentas, tarjetas de crédito y modificando valores clave como el precio de un inmueble o el dinero en efectivo declarado.
Los ejemplos de las incongruencias son elocuentes. En su declaración inicial de febrero de 2024, Francisco declaró poseer un único inmueble y un vehículo Chery Tiggo compartido en sociedad con su cónyuge. Sin embargo, en mayo de 2026, con la investigación en pleno desarrollo, afirmó haber tenido un millón de pesos en efectivo al inicio del mismo período que, sorprendentemente, no había sido reportado en la primera oportunidad. Las correcciones se acumulan: la aparición de tarjetas de crédito que no figuraban, cuentas bancarias en pesos y dólares, y la declaración de nuevos instrumentos financieros a nombre de su esposa. La última presentación rectificativa, con fecha 8 de junio último, incluyó más de diez correcciones que habían sido omitidas en la documentación original remitida a la Oficina Anticorrupción, todas ellas realizadas después de iniciada la auditoría patrimonial, lo que para la acusación configura un patrón de ocultamiento que busca eludir el control estatal.
Este escenario de investigación múltiple no solo coloca a Francisco Adorni en el ojo de la tormenta por enriquecimiento, sino que también lo vincula a una segunda causa que tramita en los tribunales de Comodoro Py, donde se le acusa de malversación de fondos en el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), en un caso que involucra un millonario préstamo de 40.000 millones de pesos y que evidencia un patrón de presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos durante la gestión libertaria. Mientras tanto, la polémica por la custodia gratuita y el hermetismo en torno a la seguridad de Manuel Adorni sigue avivando el debate político, dejando en evidencia las tensiones entre el poder ejecutivo y los organismos de control en un año electoral que se perfila como crucial. La decisión del juez Rafecas, al ordenar estas nuevas pruebas, no hace más que agregar leña al fuego de una investigación que promete seguir dando que hablar en los próximos meses.
