En un fallo que divide aguas entre la justicia simbólica y la impotencia familiar, el Tribunal Oral de Río Gallegos sentenció a un único marino por la tragedia del ARA San Juan, mientras las voces de los deudos claman por una verdad que aún navega en la bruma de la impunidad y el espionaje.
En las gélidas inmediaciones del tribunal patagónico, el veredicto resonó con la misma intensidad que el silencio abrupto de aquel noviembre de 2017. Aún con el eco de la lectura en los oídos, María Tolaba, hermana del sonarista Aníbal Tolaba —el tripulante más joven de la dotación, oriundo de Jujuy y de apenas 24 años—, sintetizó el sentir general con una frase que se incrustó como un puñal en la conciencia colectiva: “Me queda un regusto amargo, un sabor a escaso”. Sus palabras, teñidas de esa desolación que otorga el tiempo sin respuestas, subrayaron que el esfuerzo procesal no alcanzó a todos los que debían ser juzgados, que la justicia se quedó corta al no escalar hasta las máximas jerarquías que estamparon su rúbrica en el destino de esas 44 almas. “Lamentablemente, esto puede repetirse; no existe reparación que mitigue nuestra ausencia”, sentenció, mientras el sol tibio del mediodía austral contrastaba con la frialdad del fallo.
El desenlace del proceso, que se extendió durante cuatro meses en la capital santacruceña, dejó un saldo dispar entre los cuatro exoficiales navales que se sentaron en el banquillo de los acusados. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa ciudad, integrado por los magistrados Mario Reynaldi, Enrique Nicolás Baronetto y Luis Alberto Giménez, dirimió la responsabilidad de los altos mandos que se erigían por encima del fallecido comandante del submarino, el capitán de fragata Pedro Martín Fernández. La balanza judicial solo se inclinó contra uno de ellos: el excapitán de navío Claudio Javier Villamide, quien recibió una pena de tres años de prisión en suspenso por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario y estrago culposo agravado por el desenlace mortal. Villamide, quien en aquel momento funge como responsable de la Fuerza de Submarinos y fue el único depurado por el Consejo de Guerra de la Armada en marzo de 2021, escuchó el veredicto con una mezcla de incredulidad y rechazo, manifestando su incomprensión ante la acusación que lo vinculaba directamente con el siniestro.
Sin embargo, el resto de los imputados —el contralmirante Luis López Mazzeo, el capitán de navío Héctor Alonso y el capitán de fragata Hugo Correa— fueron absueltos de los mismos cargos, generando un cisma en las percepciones de las querellas. Para la abogada Valeria Carreras, representante de 34 familias, el fallo encierra una doble lectura. Por un lado, reconoció el hito jurídico sin precedentes: “Es la primera ocasión en la historia argentina en que un jefe naval es condenado penalmente por el deceso de su propia tripulación en tiempos de paz. Durante casi nueve años, la versión oficial se escudó en la hostilidad del mar; hoy, el tribunal dictaminó que no fue el océano el artífice del hundimiento, sino las decisiones y omisiones humanas”. No obstante, la letrada no ocultó la decepción inicial de los familiares, quienes manifestaron a través de mensajes telefónicos que el castigo resultaba exiguo. Aún así, Carreras rescató el logro de haber podido acreditar el estrago culposo, un triunfo para un puñado de familias sin poder ni linaje, y enfatizó que el mensaje trasciende lo punitivo: se envía una advertencia a las Fuerzas Armadas y al Estado en su conjunto sobre la obligación de salvaguardar a los servidores de la patria.
En las antípodas de esta interpretación se situó Luis Tagliapietra, padre del capitán de navío Alejandro Tagliapietra y querellante del resto de los familiares. Con una perspectiva más escéptica y combativa, Tagliapietra calificó el resultado como “previsible” dadas las circunstancias del proceso, y no ocultó su frustración por lo que considera una condena menor y tres absoluciones. Pero su descontento no se detuvo en la cuantía de la pena; arremetió contra la competencia del tribunal, al que tildó de incompetente, y denunció la falta de medidas probatorias esenciales que, a su juicio, habrían sido cruciales para desentrañar la verdad completa. “Todo sigue funcionando de la misma manera, no ha variado en ninguno de los tres gobiernos”, aseveró Tagliapietra, al ser consultado sobre el poderío institucional de la Armada, yendo más allá de la sentencia para señalar una continuidad en las prácticas de espionaje que, según denuncia, aún padecen las familias. “Nos siguen espiando, nos pasan situaciones atípicas; denunciarlo ya resulta inútil”, lamentó, revelando una persistente trama de vigilancia que no se detuvo ni con el cambio de administraciones.
El veredicto impuso a Villamide una serie de pautas de conducta para mantener el beneficio de la condicionalidad: fijar domicilio, abstenerse de reincidir y someterse al contralor de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal. Sin embargo, la defensa del exmarino, a cargo de Juan Pablo Vigliero, calificó la resolución de “insólita e injusta”, mientras el propio condenado reiteraba su inocencia y la falta de explicaciones claras sobre su supuesta falla. Este escenario deja un sabor agridulce en el ámbito jurídico, donde las absoluciones de los otros tres oficiales contrastan con la contundencia de las acusaciones vertidas durante las más de treinta audiencias y los testimonios de más de noventa testigos.
En el horizonte de los mandos políticos, la sombra de la impunidad parece alargarse aún más. Quedaron al margen del proceso figuras como el entonces jefe de la Armada, almirante Marcelo Srur, quien solo recibió una sanción de 45 días de arresto en el ámbito castrense, y las autoridades ejecutivas de la época, encabezadas por el expresidente Mauricio Macri y el ministro de Defensa Oscar Aguad. La recordada frase de Macri en febrero de 2018 —“el mar es inmenso, el submarino es pequeño”— sigue resonando como un intento fallido de justificar la demora en las tareas de búsqueda. No obstante, la abogada Carreras trajo a colación un rayo de esperanza procesal: en noviembre de 2020, un fallo de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ordenó investigar la posible responsabilidad de ambos funcionarios políticos por encubrimiento, a raíz de las revelaciones sobre el conocimiento temprano de la ubicación del naufragio. Esa pesquisa, actualmente en trámite en Caleta Olivia, podría reabrir un frente que muchos daban por clausurado, aunque Macri ya cuenta con un sobreseimiento firme en la causa por espionaje ilegal a los familiares, ratificado por la Corte Suprema.
Mientras tanto, la voz de María Tolaba se alza como un epílogo desgarrador que trasciende las frías normas de conducta y los tecnicismos legales. Con la garganta quebrada, la hermana del joven sonarista replicó a las quejas de los eximputados sobre los “ocho años de calvario” procesal: “Les quiero recordar que hay hijas que esperaban a su padre para celebrar sus quince años, una novia que aguardaba para casarse, un veterano de guerra que sobrevivió a las trincheras pero no pudo soportar perder a su hijo de esta manera”. En sus palabras se condensó la esencia de la tragedia que, pese al fallo, permanece irreparable. El ARA San Juan, cuyas siglas identifican a la Armada de la República Argentina, fue hallado por la empresa Ocean Infinity el 16 de noviembre de 2018, un año y un día después de su desaparición. Pero el naufragio material, en el fondo del Atlántico Sur, parece ser apenas el reflejo de un naufragio institucional más profundo, donde la verdad esquiva y la justicia parcial dejan flotando la certeza de que, para los 44 tripulantes y sus seres queridos, la travesía hacia la reparación aún no ha concluido.
