A pesar de su salida del gabinete, el exfuncionario conserva el resguardo oficial que la normativa circunscribe a los agentes en actividad. El vocero presidencial justificó la medida en razones de seguridad y cerró la puerta a cualquier pesquisa administrativa, en medio de la polémica desatada por una denuncia judicial.
En las últimas horas, la administración nacional puso fin a las especulaciones que circulaban en los corrillos políticos y en los estrados judiciales al confirmar que el Estado mantiene vigente el dispositivo de seguridad personal otorgado al exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, un privilegio que el ordenamiento legal reserva de manera estricta para aquellos individuos que desempeñan activamente una función pública. El pronunciamiento oficial, que llegó desde el propio sillón presidencial a través de su vocero, no solo ratificó la continuidad de este beneficio, sino que además desechó de manera terminante la posibilidad de que se inicie un sumario interno para dilucidar los pormenores de esta situación, la cual ya había sido puesta bajo la lupa de la Justicia.
La ratificación de esta prerrogativa en favor de un ciudadano que ya no ostenta investidura oficial alguna fue comunicada por Adrián Ravier, el actual portavoz del Ejecutivo, durante el habitual encuentro con la prensa que se celebró en la víspera del compromiso deportivo de la Selección argentina por las eliminatorias mundialistas. Fue en ese escenario donde Ravier, al ser interpelado directamente por los periodistas sobre la veracidad de los rumores que señalaban que Adorni seguía gozando de la protección de la Policía Federal, optó por disipar las dudas con una respuesta escueta pero cargada de implicancias. «Por razones vinculadas con la integridad personal, por el momento se sostiene», argumentó el funcionario, en una declaración que, lejos de apaciguar las críticas, avivó el debate sobre la igualdad ante la ley y el uso de los recursos del erario público.
El núcleo de la controversia radica en que la normativa vigente estipula que el resguardo con agentes especializados, vehículos blindados y logística de seguridad es un derecho inherente al cargo, no a la persona que lo ocupa. Al traspasar el umbral de la Rosada para dar paso a una nueva etapa alejado de la toma de decisiones ejecutivas, Adorni, en teoría, debería haber visto cesar dicho amparo. Sin embargo, la decisión gubernamental de extenderlo en el tiempo ha sido interpretada por sectores de la oposición y por analistas constitucionalistas como una suerte de blindaje excepcional, un reconocimiento tácito a la exposición mediática o política que el exfuncionario acumuló durante su gestión, aunque el argumento esgrimido por el oficialismo se ciñe exclusivamente a un presunto «riesgo latente» que justificaría la erogación de fondos públicos.
En su comparecencia, Ravier no se limitó a confirmar la permanencia del esquema de custodia; también aprovechó la ocasión para despejar cualquier expectativa sobre una eventual depuración de responsabilidades al interior de la estructura gubernamental. Al ser consultado sobre la posibilidad de abrir una pesquisa administrativa para determinar si existió algún tipo de irregularidad en la asignación o en la continuidad de este beneficio, el vocero fue rotundo en su negativa, señalando que en la Casa de Gobierno no contemplan la realización de una investigación interna al respecto. Este posicionamiento adquiere relevancia en virtud de que la polémica ya trascendió el ámbito doméstico del poder político y se ha instalado en la esfera judicial, donde existe una denuncia formal que cuestiona la legalidad del mantenimiento de estas prerrogativas para una persona que ya no está al servicio del Estado.
La ausencia de una pesquisa interna, sumada a la firmeza con que el Ejecutivo defiende el statu quo, dibuja un escenario donde la seguridad de la figura pública se antepone a la letra fría de los reglamentos, generando un precedente que podría ser invocado por futuros funcionarios salientes. Mientras tanto, la justicia ordinaria será la encargada de dirimir si el argumento de la «motivación de seguridad» es lo suficientemente sólido para justificar el desembolso de recursos fiscales en beneficio de un excolaborador presidencial, o si, por el contrario, se incurre en una práctica que atenta contra los principios de ecuanimidad y racionalidad en el manejo de las arcas estatales. Lo cierto es que, con esta determinación, el Gobierno no solo mantiene un paraguas protector sobre uno de sus antiguos hombres fuertes, sino que también envía un mensaje claro sobre su interpretación de los códigos internos del poder.
