Un contundente informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) expone la parálisis administrativa que afecta a ciudadanos ciegos, sordos o con limitaciones motrices e intelectuales. Mientras el Ejecutivo mantiene en vilo a cientos de miles de postulantes cuyos expedientes duermen desde la era de la pandemia, la gestión libertaria presume de haber otorgado poco más de ocho mil beneficios en casi tres años, al tiempo que canceló unilateralmente más de ciento diez mil prestaciones existentes bajo el argumento del ahorro fiscal y la persecución del fraude.
A casi doce meses de la promulgación de la norma que declaró la urgencia en materia de inclusión para personas con capacidades diferentes, el reclamo de miles de familias se estrelló contra un muro burocrático que parece infranqueable. La fotografía que retrata el estado de situación es desoladora: según las pesquisas realizadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que tomó como insumo datos oficiales suministrados por la propia administración nacional, se estima que aproximadamente 227.354 individuos que padecen ceguera total, sordera profunda, trastornos cognitivos severos o graves dificultades de movilidad aguardan, aún hoy, una respuesta favorable a su ruego de percibir el estipendio contributivo, a pesar de haber cumplido con la totalidad de la carga documental exigida por el reglamento.
Esa cifra astronómica, que refleja el profundo desamparo institucional, se desglosa en un dato aún más perturbador cuando se observa el origen temporal de esos legajos: más de noventa mil de esos trámites sin dirimir pertenecen a postulaciones elevadas durante la actual gestión presidencial. Es decir, el fenómeno no es una herencia del pasado, sino un síntoma agudo de la gestión presente, donde la maquinaria estatal parece haberse atascado definitivamente. En el extremo opuesto de la balanza, las estadísticas revelan que desde diciembre de 2023, el Gobierno solo rubricó la concesión de 8.633 nuevas pensiones, un número ínfimo que apenas supera las cuatro mil anuales, una cifra ridícula si se la compara con la monumental demanda acumulada.
Pero el cuadro de situación se vuelve aún más sombrío al incorporar el efecto de las cancelaciones masivas. La misma fuente oficial indica que, paralelamente a la parálisis para otorgar nuevos derechos, la administración libertaria procedió a la baja definitiva de más de 110.000 beneficios que ya se encontraban activos. Estas anulaciones, según consta en los informes, fueron el resultado de las auditorías internas impulsadas en su momento por el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, quien actualmente se encuentra procesado por causas de corrupción en el marco de esas mismas revisiones. El saldo final de esta ecuación perversa es lapidario: mientras se clausuran prestaciones por un lado, se niegan nuevas altas por el otro, cristalizando un escenario de ajuste puro y duro sobre el colectivo más vulnerable.
En este contexto de desolación administrativa, el discurso oficial no muestra atisbos de autocrítica. Por el contrario, el Poder Ejecutivo insiste en la narrativa del «fraude generalizado» como justificación de su política de tijera. Bajo esa premisa, la Casa Rosada ya hizo público su propio proyecto de ley que propone no solo mantener el cepo, sino endurecer aún más las condiciones de acceso, con el objetivo explícito de retroceder en las conquistas históricas del sector y ajustar el gasto social en nombre de la disciplina fiscal. La propuesta, que ha desatado un aluvión de críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos, amenaza con dejar en un estado de indefensión todavía mayor a quienes, por su condición, ya arrastran las peores desventajas estructurales.
El informe del CELS, que tuvo su génesis en un pedido formal de acceso a la información pública presentado en marzo ante la Secretaría Nacional de Discapacidad —el organismo que sucedió a la extinta ANDIS—, indagó específicamente sobre dos ejes: el volumen de beneficios concedidos desde 2020 a la fecha y la cantidad de expedientes que reposan en los cajones burocráticos aguardando un veredicto. La respuesta obtenida evidencia el rostro más cruel del destrato estatal. El organismo de control detectó que existe un número considerable de postulantes que han visto transcurrir entre tres y seis años sin que sus papeles reciban un análisis de fondo, con algunos casos paradigmáticos de solicitudes presentadas en pleno pico de la crisis sanitaria por el coronavirus que aún permanecen inertes.
La magnitud de esta demora superlativa no solo viola los plazos razonables de la administración pública, sino que vulnera de manera flagrante el principio de igualdad y el derecho a la seguridad social, consagrados en tratados internacionales de jerarquía constitucional. La incertidumbre prolongada no es un mero problema de gestión; es una condena a la pobreza y a la marginalidad para quienes, debido a su minusvalía, dependen casi exclusivamente de ese ingreso para subsistir. Mientras el relato oficial se enfoca en la persecución de supuestos estafadores, la realidad empírica demuestra que el principal perjudicado es el ciudadano de a pie que cumplió con todos los requisitos y solo espera un gesto de humanidad por parte del Estado, un gesto que, hasta el momento, se ha perdido en la maraña de un sistema que parece diseñado para excluir.
