La ambición libertaria de derogar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) naufraga en el Congreso ante la falta de consensos. Mientras el oficialismo intenta seducir a los bloques dialoguistas con la promesa de las listas colectoras, el peronismo, bajo la batuta silenciosa de Sergio Massa, teje una estrategia de contención para preservar sus herramientas de competencia interna y frustrar los planes del Gobierno.
En el bullicioso y a veces efímero universo de la política doméstica, donde el eco de los partidos de fútbol y la adrenalina de la clasificación mundialista suelen acaparar la atención ciudadana, se filtra en los pasillos de la Casa Rosada una corriente de inquietud que empaña los festejos. El proyecto insignia del oficialismo para la reforma del mapa electoral, que persigue la fulminante desaparición de las PASO, se encuentra actualmente varado en un mar de desconfianzas y cálculos estratégicos que amenazan con hundir las aspiraciones del gobierno libertario. Lejos de los reflectores y las declaraciones grandilocuentes, en el silencioso trajinar de los despachos oficiales, el diagnóstico es sombrío: la eliminación del sistema de primarias no concita, por el momento, los respaldos necesarios para transitar el espinoso sendero legislativo.
El nudo de la cuestión reside en la Cámara alta, donde la iniciativa oficial, concebida como una palanca para reconfigurar el tablero opositor, ha despertado más recelos que adhesiones. La principal ofrenda del Poder Ejecutivo para engrasar la maquinaria del consenso, consistente en la habilitación de las denominadas listas colectoras, ha resultado ser, para los bloques denominados «amigos» o dialoguistas, un manjar de sabor amargo e insuficiente. Incluso en las filas de la Unión Cívica Radical, históricamente proclives al diálogo institucional, la propuesta de las colectoras ha sido recibida con un escepticismo que roza el rechazo, al considerarla un parche menor que no compensa el vacío de representación que, a su juicio, generaría la suspensión de los comicios primarios. Esta frialdad legislativa ha comenzado a enfriar el entusiasmo inicial de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien había puesto el acelerador a fondo para concretar la suspensión de las PASO en el mes de agosto y así reeditar un esquema electoral que permitiera al partido oficial reorganizar sus fuerzas sin el desgaste de una interna abierta.
Mientras el oficialismo busca desesperadamente un salvavidas parlamentario, en la vereda opuesta, el peronismo se erige como el dique de contención ante el vendaval reformista. El movimiento liderado por Cristina Fernández de Kirchner, aunque fracturado en su seno, ha encontrado en la figura del exministro y excandidato presidencial Sergio Massa a un articulador de primera línea para orquestar la resistencia. Con un perfil deliberadamente bajo pero con una actividad subterránea incesante, Massa ha logrado dar un golpe de timón crucial en las últimas horas. El pasado viernes, el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, un aliado estratégico del massismo en el norte del país, salió al cruce de las pretensiones oficialistas con una declaración que resonó como un portazo. “Hemos sido muy claros, y reitero para que nadie se equivoque: estamos en contra de sacar las PASO”, sentenció el mandatario provincial, utilizando un canal de comunicación directo con sus legisladores para esparcir el mensaje.
Este pronunciamiento no fue fortuito, sino el corolario de una intensa rosca política orquestada desde las oficinas de Avenida del Libertador, donde Massa recibe a sus diputados más leales. Según trascendió, el tigrense habría tomado cartas en el asunto al percatarse de la falta de coordinación entre sus huestes y los jaldistas, espetando a sus colaboradores con su característico tono imperativo: “¿Alguien habló con Jaldo?”, inquirió, para luego sentenciar la necesidad de dejar de lado las distracciones y ocuparse de lo que realmente importa. Para Massa, la oferta de las colectoras por parte del Gobierno no es más que un espejismo, «la nada misma», una trampa diseñada para atomizar a la oposición y dejar al peronismo sin la herramienta democrática de las primarias para dirimir sus propias internas, a la vez que se allana el camino para una eventual reelección de Javier Milei en 2027.
El desafío para el peronismo, sin embargo, no se limita a frenar el avance de la ley en el Congreso. Su estrategia se bifurca en dos frentes igualmente críticos: por un lado, obstaculizar cualquier modificación al statu quo electoral que debilite su estructura; por el otro, prevenir los desdoblamientos electorales que algunas provincias podrían intentar impulsar como vía de escape a la normativa nacional, fragmentando aún más el mapa político y beneficiando al oficialismo. En este tablero complejo, los diputados que responden a Jaldo, junto a sus pares catamarqueños, representan una pieza clave. Estos legisladores, que fueron de los primeros en escindirse del bloque mayoritario de Unión por la Patria al inicio de la gestión libertaria, mantienen hoy una relación tirante y pragmática con la conducción del espacio. No obstante, la inteligencia política de Massa ha comprendido que, para ganar la batalla de los números en el recinto, es imperativo no solo contener a los disidentes, sino también cerrar filas con todos los sectores del peronismo, incluso aquellos que han mostrado cierta autonomía. La frase del tigrense, que circula como un mantra entre sus colaboradores, resume la nueva doctrina de la resistencia: hay que dejar de boludear y ocuparse de construir un frente unificado que sea capaz de sostener el veto fáctico en el Parlamento, demostrando que, a pesar de las diferencias internas, la defensa de los intereses partidarios está por encima de los personalismos. El tiempo corre y el oficialismo no ceja en su intento de sumar voluntades, pero el cerco opositor, aunque poroso, parece por ahora infranqueable.
