La investigación por los seguros estatales revela que la empresa de un amigo íntimo del ex Presidente, beneficiaria de millonarios contratos, funcionaba en una vivienda abandonada y en ruinas, según consta en la causa.
El exmandatario Alberto Fernández enfrenta un nuevo y contundente revés en el marco de la causa que investiga la contratación de seguros durante su gobierno. La pesquisa judicial sacó a la luz una situación que ha generado estupor: la empresa Bachellier S.A., propiedad de su amigo personal Héctor Martínez Sosa y receptora de más de mil seiscientos millones de pesos en comisiones del Estado, tenía su domicilio legal en una vivienda familiar completamente abandonada y en estado de ruina, según la descripción que obra en el expediente.
El juez federal Sebastián Casanello, magistrado contra quien el propio Fernández intentó recusarse en varias ocasiones sin obtener resultados, constató personalmente que el inmueble ubicado en el barrio de Villa Crespo es absolutamente incompatible con la gestión de una compañía que manejaba fondos multimillonarios. Al arribar a la dirección de Juan B. Justo 2444, la Policía Federal no halló rastro alguno de actividad comercial, sino únicamente paredes descascaradas y el abandono propio de una propiedad cerrada desde hace tiempo.
Este hallazgo adquiere una relevancia crucial para la investigación, ya que detrás de la firma Bachellier se encuentra la figura de Héctor Martínez Sosa, amigo cercano del expresidente y uno de los principales imputados en el caso. La semana pasada, la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires confirmó el procesamiento de Alberto Fernández por los delitos de presunta defraudación al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública.
En su fallo, los camaristas Martín Irurzun y Roberto Boico, que integraron la mayoría, consideraron acreditado la existencia de un esquema irregular de recaudación y distribución de fondos públicos. Este sistema habría incluido un direccionamiento fraudulento en la contratación de pólizas a través de la empresa Nación Seguros S.A. Según el tribunal, el entonces Presidente ejerció su influencia a través de su entonces secretaria privada, María Cantero –también esposa de Martínez Sosa–, con el objetivo central de favorecer al mencionado bróker.
Las cifras son elocuentes: desde el inicio de la gestión de Fernández, la empresa de su amigo personal percibió casi el sesenta por ciento del total de las comisiones liquidadas por Nación Seguros a todos los intermediarios que trabajaban con el sector estatal. El voto mayoritario de la Cámara destacó que, más allá de la amistad, existía entre el expresidente y el bróker una compleja trama de deudas, financiamiento de gastos personales e intercambio de obsequios. Como consecuencia, el tribunal no solo ratificó el procesamiento, sino que también dispuso un embargo de bienes por una suma que supera los catorce mil seiscientos millones de pesos.
La confirmación del procesamiento por parte de la instancia appellate representa un duro golpe para la defensa del exjefe de Estado, consolidando la teoría de la fiscalía y dejando abierta la puerta para que, a medida que avance la investigación, puedan surgir imputaciones de mayor gravedad.
