Cientos de productores yerbateros paralizan la zafra de verano, argumentando que los bajos precios y los altos costos los llevan a trabajar a pérdida. La eliminación del precio de referencia por parte del Gobierno nacional genera incertidumbre y protestas en el sector.
La Crisis del Oro Verde: El Campo Misionero se Planta
Un clima de tensión y desazón recorre las plantaciones de Misiones, donde el futuro de la yerba mate, un emblema nacional, se encuentra en jaque. La decisión del Gobierno de Javier Milei de desregular el mercado, eliminando la facultad del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para establecer precios de referencia, ha encendido las alarmas entre los pequeños y medianos productores. Como medida de fuerza inmediata, cientos de ellos han decidido suspender el inicio de la cosecha de verano, una protesta que resuena en toda la provincia.
Esta nueva normativa, establecida mediante el decreto de necesidad y urgencia 70/2023, coloca a los agricultores en una posición de extrema vulnerabilidad frente a los grandes industrializadores, quienes controlan las existencias para todo el año. La ausencia de un piso mínimo para la comercialización de la hoja verde deja a las familias productoras a merced de un mercado que, aseguran, las condena a la quiebra.
La voz de los trabajadores se ha hecho oír a través de figuras como Marcel Hacklander, productor y exintegrante del INYM, quien explicó con crudeza la determinación de no cosechar: «Los bajos precios y los altos costos nos dejan en jaque». Esta situación afecta directamente a más de doce mil familias misioneras para las cuales el cultivo de la yerba mate constituye su principal sustento y forma de vida.
La asamblea de productores reunida en Campo Grande reflejó el malestar general. Los números presentados son elocuentes: mientras el kilo de yerba se paga a alrededor de 285 pesos, los costos de producción escalan hasta los 245 pesos. Este estrecho margen, que se convierte en negativo al considerar todos los factores, transforma el trabajo de la tierra en una actividad económicamente inviable. Hacklander afirmó que el consenso entre los yerbateros es masivo, estimando que más de diez mil de los doce mil quinientos productores apoyan la medida de fuerza.
Uno de los cambios más preocupantes para el sector, según los especialistas, es la derogación de la resolución que limitaba las extensiones de plantación por productor. Esta modificación, sumada a la desaparición del precio de referencia, deja a los trabajadores sin el paraguas protector que les permitía planificar a largo plazo. El vacío legal genera incertidumbre y abre la puerta a una concentración aún mayor del mercado.
El camino judicial de esta desregulación ha sido sinuoso. Inicialmente, los propios productores promovieron una acción legal al considerar que el DNU ponía en riesgo inminente el derecho a la salud de miles de familias, beneficiarias de un convenio de cobertura sanitaria financiado por el INYM. Un fallo de primera instancia, luego ratificado por la Cámara Federal de Posadas, suspendió los artículos del decreto referidos al organismo, argumentando que su desfinanciamiento impediría cumplir con sus obligaciones, entre ellas, el vital sistema de salud.
Mientras tanto, en el campo, la quietud reemplaza al ritmo habitual de la zafra. Las guampas vacías y los barbijos cuyas cosechas no comenzaron son el símbolo de un conflicto que trasciende lo económico y toca la fibra cultural de una región. El destino del «oro verde» argentino pende de un hilo, en una pulseada donde la supervivencia de los productores se enfrenta a las nuevas reglas de un mercado desregulado.
