La administración de Javier Milei avanza en la formación castrense bajo la consigna de derechos humanos y una narrativa histórica integral, mientras la designación de Carlos Presti al frente de Defensa genera controversia y alerta en organismos de derechos humanos.
Desde su llegada al poder, el gobierno de Javier Milei ha emprendido una transformación profunda en la formación y adoctrinamiento de los miembros de las Fuerzas Armadas. Bajo la premisa de impartir una perspectiva de «derechos humanos y verdad completa», se están desarrollando una serie de seminarios y conferencias dirigidos tanto a militares en actividad como a aquellos en etapa de instrucción. Esta iniciativa, presentada oficialmente como un mensaje de concordia política y perdón, ha despertado suspicacias y críticas por el perfil de sus responsables y los contenidos que se transmiten.
La estrategia, iniciada durante la gestión de Luis Petri al frente del Ministerio de Defensa, parece consolidarse con el ascenso de Carlos Presti a la misma cartera. La designación de Presti, un militar en actividad e hijo de Roque Presti —represor señalado por su participación en crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura— ha sido interpretada por organismos de derechos humanos como un retroceso significativo. Para Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, esta designación no solo es inapropiada, sino que representa un riesgo al señalar que el funcionario «no está preparado para eso».
La llegada de Presti al ministerio marca un hito: después de 44 años, un uniformado vuelve a ocupar ese cargo. Lejos de ser una mera alternancia administrativa, el gobierno presenta este hecho como una reivindicación histórica y el fin de lo que denomina la «demonización» de las Fuerzas Armadas. Este discurso, que ya había sido esbozado por Petri en varios actos públicos, busca reconfigurar la memoria colectiva en torno al accionar militar durante el terrorismo de Estado.
Uno de los puntos más controvertidos de esta política fue la eliminación de los equipos de relevamiento y análisis documental (ERyA), organismos dedicados a la investigación de archivos castrenses para colaborar con los juicios por delitos de lesa humanidad. Petri calificó a estos equipos como «nefastos» y argumentó que se utilizaban para hostigar a militares por su apellido. En su lugar, se promovió la incorporación de asesores como Arturo Larrabure y Silvia Ibarzábal, ambos hijos de militares fallecidos en ataques del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en la década de 1970.
Larrabure e Ibarzábal, quienes desde hace años militan en organizaciones que abogan por una «memoria completa» de los años setenta, son los encargados de impartir los seminarios en liceos militares. Según la respuesta oficial del Ministerio de Defensa, estos ciclos se basan en testimonios personales y carecen de bibliografía o programas específicos. Joaquín Mogaburu, director nacional de Derechos Humanos del ministerio, destacó que los expositores transmiten «un mensaje de concordia política y perdón» que conmueve a los asistentes.
Sin embargo, la trayectoria de ambos asesores genera inquietud. Larrabure forma parte del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, presidido por la vicepresidenta Victoria Villarruel, mientras que Ibarzábal integra la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo en Argentina. Ambos han manifestado posturas favorables a la excarcelación de represores condenados, argumentando condiciones de salud adversas o promoviendo recursos legales como el hábeas corpus.
La designación de Presti y el rumbo adoptado por el ministerio han reavivado el debate sobre el rol de las Fuerzas Armadas en la democracia. Para el colectivo Historias Desobedientes, integrado por familiares de represores que repudian su legado, la figura de Presti simboliza una continuidad no cuestionada con el pasado dictatorial. «Su hijo nunca se pronunció en contra de los crímenes de su padre ni de la dictadura militar», afirmaron desde la organización.
Estela de Carlotto alertó sobre las posibles consecuencias de esta militarización de la política de defensa: «Esto es iniciar una situación de violencia en la sociedad, cuando ya sabemos la vida que ha tenido la Argentina con los golpes de Estado, con las dictaduras y con todo lo que hemos sufrido».
Mientras el gobierno insiste en presentar estas medidas como un paso hacia la pacificación y la reconciliación, los sectores defensores de los derechos humanos las ven como un intento de reescribir la historia y absolver a los responsables de crímenes aberrantes. En un contexto de creciente polarización, la disputa por la memoria y la verdad se ha instalado en el corazón del Estado.
