La Asociación Trabajadores del Estado definió medidas de fuerza para diciembre, incluyendo una huelga general durante el tratamiento legislativo de la polémica reforma. Denuncian un «agravamiento» de la situación salarial y una «persecución gremial» por parte del Gobierno nacional.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) resolvió este jueves, en su Consejo Federal, convocar a un nuevo paro nacional que se ejecutará en coincidencia con el debate legislativo de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. La medida de fuerza, que abarcará a los empleados públicos en todo el territorio nacional, fue decidida por el Secretariado Nacional –liderado por Rodolfo Aguiar– en conjunto con los secretarios generales de las 24 provincias y las 191 seccionales del sindicato.
El encuentro, que se desarrolló en un clima de marcada conflictividad, tuvo como ejes centrales el análisis del impacto del ajuste económico en las provincias y municipios, el severo recorte salarial y los alcances de la reforma laboral. Según fuentes internas del gremio, el objetivo fue unificar una respuesta a nivel nacional ante lo que califican como un drástico empeoramiento de las condiciones para los trabajadores del sector público de cara al próximo año.
Durante su intervención, el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, realizó duras críticas al Ejecutivo. Sostuvo que “el Consejo de Mayo terminó siendo una encerrona para el sindicalismo. Un ámbito distractivo y utilizado por el Gobierno para dilatar los tiempos”. En un tono de confrontación, Aguiar afirmó que “están dadas todas las condiciones para convocar a una huelga general. Pasaron meses y no presentaron ninguna propuesta”. Y concluyó con una acusación directa: “Hasta la última coma de la reforma laboral se está escribiendo en las oficinas de Techint”.
Desde el sindicato alertan que la iniciativa legal en discusión promueve modificaciones profundas que, a su juicio, vulneran derechos fundamentales de los trabajadores. Señalan, específicamente, la posibilidad de extender la jornada laboral hasta doce horas, el establecimiento del pago de indemnizaciones en cuotas, la autorización para realizar acuerdos por empresa –y no por actividad– y la vinculación de los aumentos salariales a criterios de productividad individual. Estos puntos constituirán el argumento central para la puesta en marcha de un plan de lucha que incluirá, además del paro nacional, la implementación de “medidas sorpresivas” a lo largo de todo el mes de diciembre.
Otro de los temas que acaparó la atención del Consejo Federal fue la crítica situación salarial. La organización sindical expuso que el recorte en los ingresos se ha profundizado durante 2025, con aumentos que apenas alcanzan el 13,6%, frente a una inflación acumulada que ya supera el 24,8% en lo que va del año. Frente a este escenario, ATE exigirá de manera inmediata la reapertura de las negociaciones paritarias con el fin de recuperar el poder adquisitivo perdido por los empleados estatales.
El encuentro también sirvió para analizar lo que los dirigentes definen como una creciente persecución gremial. En este sentido, se abordaron casos concretos, como la detención de varios secretarios generales de seccionales del interior del país y la denuncia penal que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó contra el propio Rodolfo Aguiar. El Consejo Federal buscó, de este modo, establecer una posición unificada frente a estos episodios, en un contexto de escalada en la tensión con la administración de Javier Milei.
