El malestar sindical crece frente a la propuesta oficial. Jerónimo, triunviro de la central obrera, confirmó el descontento y advirtió sobre movilizaciones y acciones judiciales si el Gobierno no convoca a una mesa de diálogo. Desde la Rosada intentan bajar el tono del conflicto.
La tensión entre la Confederación General del Trabajo (CGT) y el Gobierno nacional escaló a un nuevo nivel, luego de que las críticas iniciales de Gerardo Martínez (Uocra) encontraran un firme respaldo en la cúpula sindical. Cristian Jerónimo, uno de los triunviros de la central obrera, ratificó el desagrado y la preocupación generados por el proyecto de reforma laboral durante la última sesión del Consejo de Mayo, y emitió un contundente ultimátum.
Jerónimo sostuvo que, de no mediar una invitación formal a negociar por parte del Ejecutivo, la organización gremial se verá obligada a ejercer “las herramientas que tenemos a nuestro alcance”, en una clara alusión a la convocatoria a movilizaciones masivas y la implementación de medidas de fuerza. Esta advertencia contrasta con la postura oficial, que desde los pasillos de la Casa Rosada busca desdramatizar el enfrentamiento, insistiendo en que existen “más coincidencias con los gremios de lo que se cree”. No obstante, esta supuesta sintonía no se traduce en acciones concretas, ya que el ansiado llamado a dialogar sigue sin llegar a los teléfonos de los líderes sindicales.
El dirigente, en una entrevista radial, fue más allá en sus críticas y anunció que la central obrera recurrirá a todas las instancias judiciales necesarias para oponerse a la iniciativa, tal como ya ocurrió con el DNU 70/2023. Calificó la reforma como una “peligrosa flexibilización” que atenta contra los derechos de los trabajadores, enumerando una serie de puntos conflictivos: la potencial extensión de la jornada laboral, la limitación de los días de vacaciones, topes a las indemnizaciones y la implementación del banco de horas. “Si esa es la posición definitiva del gobierno, no existirá posibilidad de llegar a un entendimiento”, afirmó con dureza.
Paralelamente, se supo que la CGT ya ha establecido contactos con bloques parlamentarios de la oposición para exponer su visión sobre el proyecto oficialista. La central se encuentra elaborando una propuesta alternativa y aspira a presentarla y debatirla, no solo con los legisladores, sino también con los gobernadores de las distintas provincias.
La preocupación sindical no se limita al ámbito de la reforma laboral. Jerónimo también se refirió con alarma a la crítica situación social, criticando con énfasis el ínfimo incremento aplicado al Salario Mínimo, Vital y Móvil, que actualmente se sitúa en 322.000 pesos. Este ajuste, según recordó, fue el resultado de una negociación fallida donde los empleadores, con el visto bueno de la Secretaría de Trabajo, ofrecieron un aumento considerado irrisorio. “El próximo diciembre será atípico y extremadamente difícil. La desocupación avanza, el costo de vida es exorbitante y a quienes conservan un empleo formal les resulta una hazaña llegar a fin de mes. La situación de los trabajadores informales es directamente dramática”, manifestó el cosecretario general de la CGT.
En un movimiento que refleja la unidad de acción frente a lo que perciben como una ofensiva común, las dos vertientes de la central obrera mantuvieron un encuentro este jueves con la conducción del bloque de diputados de Unión por la Patria (UxP). Los sindicalistas, encabezados por Hugo Yasky y Hugo “Cachorro” Godoy, y acompañados por una decena de dirigentes de diversos gremios, fueron recibidos por el jefe del bloque, Germán Martínez, y las legisladoras Cecilia Moreau y Paula Penacca.
Durante la reunión, los representantes gremiales fueron contundentes al expresar la necesidad de impedir que avance “una iniciativa presupuestaria regresiva en materia de derechos, así como las leyes de reforma laboral e impositiva, las cuales no harían más que profundizar el ataque contra el pueblo argentino”. En este marco, informaron a los diputados que ya se encuentran organizando diversas formas de “resistencia y movilización en las calles, los territorios y los lugares de trabajo”, preparando el terreno para un conflicto de magnitud si el gobierno de Javier Milei insiste en impulsar su proyecto sin consenso.
