Especialistas y gremios docentes alertan sobre el proyecto oficial que subordina al Estado, introduce vouchers, reduce la jornada escolar y legaliza la enseñanza en casa, marcando un giro histórico hacia la privatización.
Un profundo giro en los fundamentos de la política educativa argentina genera alarmantes advertencias desde la comunidad académica y el sector docente. El proyecto de «Ley de Libertad Educativa», formalizado por el Gobierno nacional tras las reuniones del Consejo de Mayo, es señalado por expertos como el inicio del desguace del sistema educativo nacional y federal, impulsando una dinámica fragmentaria donde primaría la ley del más fuerte. La iniciativa, que consta de 166 artículos y busca derogar la actual Ley de Educación Nacional (2006), sitúa en un plano secundario la responsabilidad estatal como garante, promoviendo en cambio un modelo basado en la elección familiar, la competencia entre instituciones y mecanismos de financiamiento por demanda.
La esencia del cambio radical puede percibirse desde el primer artículo del texto. Allí, el rol del Estado como asegurador de la accesibilidad y la permanencia escolar aparece subordinado al de la sociedad civil y, fundamentalmente, al de la familia, definida como el “agente natural y primario” de la enseñanza. Este principio rector, redactado bajo la órbita de Federico Sturzzenegger, establece que la educación se ejerce primordialmente “en el marco de la libertad educativa y del derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos”. Para la licenciada Roxana Perazza, magister en Ciencias Sociales, esta concepción resulta “lo más preocupante y grave del proyecto”, ya que fractura un consenso histórico sobre el papel central del Estado y carece de un respaldo en políticas públicas que fortalezcan su rol.
Este corrimiento del Estado no se limita a una declaración de principios, sino que impregna el espíritu de las modificaciones concretas que plantea la normativa. La base del sistema, su financiamiento, sufre una transformación profunda. El proyecto elimina la meta del 6% del PBI para inversión educativa, formaliza el financiamiento a escuelas de gestión privada y consagra los llamados “vouchers educativos” o “dispositivos de financiamiento por la demanda”. Estos mecanismos, una promesa emblemática de campaña del presidente Javier Milei, asignarían recursos estatales a las familias o alumnos mediante vales o bonos, vinculando la inversión en cada escuela a su matrícula. Los críticos señalan que esto institucionalizaría un sistema de competencia entre colegios, justificado bajo un criterio de “eficiencia” que prioriza la “mejora de los aprendizajes” y el uso “racional” de los recursos.
Roberto Abdala, director de la carrera de Educación de la Universidad Nacional de Quilmes, coincide en que, al plantear la primacía de la elección familiar y un financiamiento condicionado, “la ley va a generar un sistema aún más segregado del que tenemos”. Abdala anticipa un escenario de fractura social: “Lo que puede suceder es que termine habiendo un sistema empobrecido para los sectores más vulnerables y una educación de más jerarquía para los demás”.
La autonomía escolar que propone el proyecto se presenta bajo una luz similar. Si bien el Estado mantendría el diseño de lineamientos curriciales generales, cada institución tendría la potestad de definir sus planes de estudio y, de manera aún más impactante, establecer sus cargas horarias a partir de un piso anual de 720 horas para primaria y secundaria. Esta cifra representa una reducción significativa respecto a las 760 y 900 horas respectivamente ya establecidas para el ciclo lectivo 2026 por el Consejo Federal de Educación. Además, se transferiría a las escuelas la participación en la selección de docentes, un proceso hoy centralizado en las jurisdicciones.
El fortalecimiento del rol de control de las familias se materializa en la creación de un “Consejo Escolar de Padres”, con facultades de asesoramiento, supervisión y hasta participación en la contratación y remoción de equipos directivos. A esto se suma la legalización de la educación en el hogar o homeschooling, a la que el proyecto dedica un capítulo completo, describiéndola como una “forma alternativa de enseñanza”. Los contenidos en esta modalidad sólo serían evaluados mediante una prueba estandarizada sobre los “contenidos mínimos”, sin exigencias adicionales. Para Abdala, esta opción “está pensada para un sector minoritario” y podría esconder un negocio de servicios educativos privados para hogares de élite.
Desde los gremios docentes, el rechazo es frontal y se prepara una campaña para cuando el proyecto ingrese al Congreso. Miguel Duhalde, Secretario de Educación de Ctera, calificó la iniciativa como un “retroceso histórico” que profundiza la “privatización y mercantilización de un derecho humano”. Duhalde subrayó la preocupación por un Estado que “deja de ser un garante y aparece como un subsidiario”.
En un documento conjunto que ya reunió miles de adhesiones, un grupo de especialistas resume el diagnóstico con crudeza: la propuesta “desarticula y desmantela” la estructura escolar que históricamente funcionó como espacio de saber, convivencia y formación democrática. En su lugar, argumentan, “plantea una multiplicidad de agentes educativos compitiendo entre sí, situando la educación en una lógica de sálvese quien pueda”. Para Perazza, lejos de abordar los desafíos actuales de la escuela, el Gobierno “está mirando una realidad bastante peculiar” para desarmar una ley que sólo tiene dos décadas de vida, en lo que define como “un proyecto que atrasa”.
