Organizaciones de salud reproductiva y derechos LGBTIQ+ denuncian la eliminación masiva de sus cuentas en las plataformas de la tecnológica, atribuyendo la medida a un clima político restrictivo y a un intento de boicotear su alcance digital.
En un controvertido movimiento que ha desatado la indignación de colectivos de derechos humanos a nivel internacional, la corporación tecnológica Meta, propiedad de Mark Zuckerberg, ha procedido en las últimas semanas a eliminar o restringir severamente las cuentas de numerosas organizaciones dedicadas a la provisión de información sobre aborto, a la creación de contenido queer y a la defensa de la salud reproductiva. Los afectados han calificado estas acciones como una de las mayores campañas de censura registradas en años dentro del ecosistema de las redes sociales.
La medida, ejecutada sin previo aviso en muchos casos, ha impactado negativamente a más de medio centenar de entidades a escala global, cuyos perfiles en Facebook, Instagram y WhatsApp fueron desactivados o limitados abruptamente. Si bien el grueso de las cuentas afectadas tenía su base en Europa, la purga digital también alcanzó a grupos establecidos en Asia, Oriente Medio y América Latina, evidenciando un patrón de alcance transnacional.
Las organizaciones perjudicadas sostienen que esta estrategia responde a un esfuerzo deliberado por parte de Meta para limitar su alcance y sabotear sus actividades legítimas. Esta sospecha se ve reforzada por datos recopilados por Repro Uncensored, una ONG especializada en investigar la censura digital contra movimientos sociales. La organización documentó que únicamente en lo que va de 2025 se han producido 210 episodios de eliminaciones o restricciones severas, una cifra que contrasta drástricamente con los 81 casos similares registrados en todo el año 2024.
Desde la empresa, la respuesta oficial ha consistido en reiterar la aplicación uniforme de sus normativas comunitarias. Un portavoz declaró que «todas las organizaciones e individuos en nuestras plataformas están sujetos al mismo conjunto de normas, y cualquier afirmación de que su aplicación se base en la afiliación o la defensa de un grupo carece de fundamento». Asimismo, Meta sostuvo que su política sobre contenido relacionado con la interrupción voluntaria del embarazo no ha sufrido modificaciones recientes.
No obstante, activistas y expertos en derechos digitales cuestionan esta neutralidad. La sospecha central apunta a que la tecnológica se estaría aprovechando de un cambio en el clima político y social que habría tenido lugar desde la segunda llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Este nuevo contexto, percibido como más hostil hacia los derechos de las mujeres y del colectivo LGBTIQ+, habría creado un ambiente propicio para una aplicación más agresiva y restrictiva de las políticas de contenido. De hecho, a principios de este año, coincidiendo con la transición política en Washington, ya habían sido eliminadas cuentas estadounidenses que facilitaban información sobre cómo acceder a píldoras abortivas en territorio norteamericano.
El alcance de lo que los críticos denominan el «prohibicionismo digital» de Meta es amplio. No solo se dirige a redes de apoyo al aborto en países donde es legal, sino que también abarca perfiles que difunden contenido sobre diversidad sexual e identidad de género, así como cuentas educativas que abordan la sexualidad desde una perspectiva abierta, informada y libre de estigmas. La censura ha llegado a extremos como la eliminación de publicaciones que contenían representaciones artísticas de desnudez, incluyendo ilustraciones no explícitas en formato de caricatura.
Martha Dimitratou, directora ejecutiva de Repro Uncensored, ofreció un diagnóstico alarmante: «Desde el inicio de la nueva presidencia de Trump hemos observado un incremento evidente en la cantidad de cuentas suprimidas, no solo dentro de Estados Unidos sino en todo el mundo, como un efecto dominó global. Se trata, sin duda, de una de las mayores olas de censura que estamos presenciando en la era digital actual». La situación plantea un serio debate sobre el poder de las grandes tecnológicas para moldear el discurso público y restringir espacios vitales para la información y el activismo en materia de derechos fundamentales.
