A pesar de lograr la media sanción, el oficialismo enfrenta un escenario no deseado: la oposición preservó leyes claves. Ahora, la estrategia se centra en el Senado para introducir cambios antes de fin de año, relegando la reforma laboral a febrero.
Un malestar contenido recorre los pasillos de la Casa de Gobierno. Aunque el Presupuesto 2026 consiguió este miércoles una media sanción en la Cámara de Diputados, el resultado dejó un sabor agridulce en el oficialismo. Los legisladores opositores lograron imponer su voluntad al aprobar el proyecto sin eliminar las normativas que garantizan financiamiento a las universidades y establecen una emergencia en materia de discapacidad. Este triunfo parcial de la oposición ha generado visible frustración entre los referentes gubernamentales, quienes argumentan que, de mantenerse esas partidas, la ley será deficitaria, una situación que aseguran no están dispuestos a aceptar.
Frente a este escenario, la administración ha iniciado un proceso de reacomodo estratégico. La prioridad ahora es negociar con los senadores, especialmente con los gobernadores que tienen influencia en la Cámara Alta, para reintroducir en el texto la derogación de esas dos leyes. Con este propósito, la mesa política oficialista se reunió este miércoles en Balcarce 50, bajo la conducción de la ministra Patricia Bullrich. Allí se decidió postergar el tratamiento de la reforma laboral y concentrar todos los esfuerzos en enderezar el rumbo del Presupuesto, considerado el eje central de la gestión económica.
El plan consiste en que el Senado trate el proyecto el 26 de diciembre con las modificaciones añadidas y lo devuelva a Diputados para una nueva votación el 29 del mismo mes. Este calendario acelerado obliga a desplazar la polémica reforma laboral, que recién obtuvo dictamen en comisiones del Senado, a las sesiones extraordinarias de febrero, tal como lo confirmó la propia Bullrich.
La decisión se tomó mientras, a pocos metros, en la Plaza de Mayo, la Central General de los Trabajadores finalizaba una masiva movilización en rechazo a la reforma laboral. Las notas del himno nacional, que resonaban en la plaza, se colaban en los patios y salones de la Casa Rosada. En ese marco, la ministra Bullrich fue vista coordinando acciones por teléfono, en un ir y venir de funcionarios que incluyó al ministro de Economía, Luis Caputo; al jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y a varios asesores clave.
El revés en Diputados, donde el oficialismo perdió por completo el controvertido capítulo once de su proyecto original, fue calificado internamente como un “trago amargo”. A primera hora, hubo voces que incluso amenazaron con un veto presidencial si el Presupuesto llegaba sin los recortes planeados. Sin embargo, el tono se moderó tras la reunión de coordinación. Desde el entorno gubernamental se eligió destacar el avance que significa tener una media sanción presupuestaria después de años, al tiempo que se señaló que las leyes preservadas por la oposición “llevan las cosas a un extremo” financieramente inviable.
Las negociaciones con los gobernadores se han intensificado. El oficialismo valora el apoyo de mandatarios peronistas como Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil, quienes respaldaron la mayor parte del proyecto, aunque también se abstuvieron en los artículos más sensibles. Se atribuye el resultado a que muchos diputados tienen vínculos personales o profesionales con las causas de la educación superior y la discapacidad. Pese a las tensiones, el Gobierno confía en tener los votos necesarios en el Senado para realizar los cambios.
En un plano paralelo, el oficialismo también enfrenta roces con sus aliados del PRO, luego de que en Diputados se aprobara la designación de integrantes para la Auditoría General de la Nación sin incluir a ningún representante de ese espacio. Aunque algunos dirigentes amenazaron con acciones judiciales, desde la Casa Rosada se busca apaciguar los ánimos y mantener la unidad de la coalición.
El camino hacia la sanción definitiva del Presupuesto 2026 se presenta ahora lleno de obstáculos políticos y con un cronograma ajustado. Lo que parecía un trámite legislativo más se ha convertido en un pulso determinante para la estabilidad del plan económico y para la capacidad de gestión del oficialismo en el Congreso.
