Tras la derrota parlamentaria de su paquete de medidas más controvertido, el oficialismo busca desesperadamente una ruta de escape. Con puentes políticos dinamitados y bajo la presión del tiempo, ensaya modificaciones de último momento al Presupuesto 2026, mientras la desconfianza de la oposición y de los gobernadores crece y la furia presidencial se dirige contra el Congreso.
Acorralado en un laberinto de su propia autoría, el Gobierno nacional intenta encontrar una salida a la crisis política que estalló en la madrugada del jueves, cuando el Congreso y la presión social le marcaron un límite contundente. Con los apoyos externos evaporados y sus propias estrategias de negociación fracasadas, la administración libertaria se vio forzada a una retirada táctica en cuestión de horas, dejando en el camino las polémicas derogaciones sobre discapacidad y financiamiento universitario, junto a la reforma laboral y otros ajustes clave.
La filosofía del “todo o nada” que caracterizó su operatoria comenzó a resquebrajarse ante la realidad de un Parlamento hostil. El viernes, la ministra Patricia Bullrich se encontró con una pared en su reunión con los radicales: la UCR le transmitió que no aceptaría reescribir “ni una coma” de lo ya rechazado en Diputados. Ante esta firmeza, la jefa de la bancada oficialista no tuvo alternativa más que comprometerse a avanzar con el texto del Presupuesto 2026 “tal como llegó” de la Cámara baja, es decir, sin el infructuoso Capítulo 11 que concentraba los recortes más severos.
Sin embargo, la oposición alberga profundas sospechas sobre esta aparente rectificación. Temen, con fundamento, que el oficialismo prepara una embestida final para reintroducir cambios directamente en el recinto del Senado. Estas sospechas no son infundadas. En el corazón del poder ejecutivo, en Balcarce 50, ya se trabaja en un plan B. Lejos de claudicar, la cúpula gubernamental evalúa cómo rescatar, aunque sea parcialmente, algunos artículos menos sensibles del paquete original, como la adecuación de la coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo presupuestario para el Poder Judicial.
Esta última estrategia fue delineada en una extensa cumbre en la Casa Rosada, donde despite las declaraciones públicas de Bullrich afirmando que no habría cambios, los funcionarios acordaron intentar introducir modificaciones de última hora. La mira ya no estaría puesta en los puntos socialmente más explosivos, sino en otros aspectos que buscan, entre otras cosas, recomponer la fracturada relación con aliados como el PRO.
La cruzada de Bullrich por salvar el período de sesiones extraordinarias y lograr la sanción del Presupuesto antes de fin de año se ha tornado solitaria y cuesta arriba. Choca no solo con la desconfianza opositora, sino también con el abierto descontento de los gobernadores, quienes reclaman insistentemente la reactivación de la obra pública y ven con irritación cualquier intento de priorizar fondos para un distrito sobre el resto. La senadora cordobesa Alejandra Vigo fue categórica al denunciar el enorme déficit de fondos que sufren las provincias y al calificar al proyecto oficial como un instrumento que “debilitas servicios públicos esenciales y profundiza las desigualdades”.
Tras bambalinas, la ira del presidente Javier Milei contra el Congreso y los gobernadores es total. Su respuesta ante el revés no es la moderación, sino la insistencia en una agenda aún más confrontativa. Anhela avanzar con la llamada “ley de disciplina fiscal”, un proyecto que busca blindar el déficit cero e imponer severos castigos, incluso de carácter penal, a quienes aprueben leyes que alteren el equilibrio fiscal. Para el año próximo, la Rosada ya baraja nuevas iniciativas destinadas a condicionar la labor parlamentaria, incluyendo una estricta regulación de la ejecución presupuestaria y el relanzamiento de la reforma laboral.
El escenario, por ahora, es de una tensa pausa. El Gobierno, encerrado en su propia trampa, juega sus cartas finales en el Senado, buscando un triunfo simbólico que le permita salir al balcón con algún pergamino antes del 30 de diciembre. Pero el margen es ínfimo, el tiempo corre en su contra y la calle, junto con las mayorías legislativas, ha demostrado que no está dispuesta a ceder en lo esencial. La salida elegante que busca el oficialismo parece, cada vez más, una quimera.
