La gestión de Milei enfrenta un rápido desgaste. La ruptura con sus aliados, el rechazo en el Congreso a iniciativas clave y la masiva protesta sindical marcan un fin de año turbulento, evidenciando una lectura errónea del apoyo popular y del clima social.
El ejecutivo nacional atraviesa un período de marcada turbulencia y retrocesos, luego de dilapidar en pocas semanas el capital político obtenido en las urnas. La lectura inicial de un mandato contundente se ha visto opacada por una serie de derrotas políticas y un creciente aislamiento, que resquebrajan su base de apoyo legislativa y exponen su desconexión con el malestar social.
El efecto colateral del resultado favorable fue una peligrosa confianza, que llevó a la administración a creer su propio relato y a sobrestimar su poder de maniobra. La premisa oficial de que la ciudadanía se encuentra conforme con la situación económica choca frontalmente con la experiencia cotidiana. Más allá de las estadísticas oficiales, la sensación generalizada es que los ingresos no alcanzan, forzando sacrificios en la alimentación, la salud y la calidad de vida, mientras las jubilaciones se desdibujan. Sobre esta interpretación fallida de la realidad, se edificaron decisiones políticas equivocadas.
Una de las primeras grietas apareció en la alianza con el PRO, al quebrantarse la promesa de un lugar en la Auditoría General de la Nación. Este incumplimiento minó la confianza y socavó los cimientos de un bloque parlamentario crucial. Paralelamente, el gobierno intentó sin éxito derogar las leyes de financiamiento universitario y para la discapacidad. La estrategia para conseguir los votos necesarios generó un severo bochorno: se emplearon Aportes del Tesoro Nacional (ATN) de manera descarada, destinando sumas millonarias a gobernadores en una clara transacción por apoyo legislativo.
Sin embargo, la maniobra fracasó estrepitosamente. La inclusión de último momento del artículo que eliminaba las partidas para universidades y discapacidad en el proyecto presupuestario fue percibida como un gesto de soberbia que humilló a quienes habían ofrecido su respaldo. El resultado fue una derrota parlamentaria que dejó al descubierto los límites de la presión económica y la falta de lealtad genuina. El mensaje fue contundente: no hay fondos para áreas sociales sensibles, mientras se promueve un paquete de alivios fiscales que beneficiaría a los sectores de mayores recursos.
El conflicto se extendió al ámbito laboral. La reforma propuesta, considerada por sus críticos como la más regresiva en décadas, motivó una respuesta inmediata y unificada de la central obrera. La nueva conducción de la CGT, más proclive al diálogo que a la confrontación, no tuvo alternativa y debutó con una convocatoria masiva en las calles de todo el país. La movilización, pese al calor y la cercanía de las fiestas, fue multitudinaria y transmitió un mensaje de firmeza que resonó en los corredores del poder.
El impacto combinado de estos reveses —la ruptura con sus aliados, la derrota en el Congreso y la contundente protesta social— obligó al gobierno a postergar su ofensiva sobre la legislación laboral hasta el próximo año. Lo que parecía una carrera imparable hacia la implementación de su agenda se topó con la compleja realidad de la gobernabilidad y el descontento popular.
Este tríptico de frustraciones —la conformación de la Auditoría, el rechazo a los recortes sociales y la postergación de la reforma laboral— configura un cierre de año amargo para la administración. Lejos de consolidar su triunfo electoral, el gobierno ha visto cómo se le escurre entre los dedos la iniciativa política, obligado a enfrentar las consecuencias de una lectura errónea de su propio mandato y de la profundidad del malestar que habita en la sociedad.
