El Gobierno avanza con una reconfiguración del Museo Sitio de Memoria, con nuevos funcionarios y un enfoque que busca equiparar la violencia estatal con la de grupos armados, en vísperas del 50 aniversario del golpe.
El espacio que preserva la memoria de los crímenes de la última dictadura en la ex Escuela de Mecánica de la Armada se encuentra al borde de una profunda metamorfosis ideológica. Bajo la administración de Javier Milei, el predio de Avenida del Libertador, símbolo internacional del terrorismo de Estado, se prepara para albergar una narrativa afín a la noción de “memoria completa” que pregona el oficialismo, un concepto utilizado para contextualizar y relativizar los delitos de lesa humanidad.
Esta etapa no apunta a la demolición física, sino a la construcción de un discurso histórico que dispute el significado del lugar. La inminente designación de Joaquín Mogaburu como subsecretario de Derechos Humanos marca el rumbo. El abogado, proveniente de la órbita judicial y con un breve paso por el Ministerio de Defensa, ha compartido actos y seminarios con voceros de organizaciones que reivindican una visión equiparadora de la violencia y muestran afinidad con represores condenados.
La llegada de Mogaburu coincide con una estrategia gubernamental más amplia de desjerarquización institucional. La antigua Secretaría de Derechos Humanos fue degradada a subsecretaría, y el Museo Sitio ESMA fue colocado bajo la órbita del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), actualmente gestionado por referentes del Frente Joven, agrupación históricamente opuesta a derechos como el matrimonio igualitario y el aborto legal.
Al frente del museo, Fernando Vedoya ya implementó las primeras alteraciones. A fines de septiembre, ordenó eliminar las intervenciones que visibilizaban la violencia específica sufrida por las mujeres secuestradas en el centro clandestino, donde unos cinco mil detenidos-desaparecidos padecieron torturas, violaciones y exterminio. Esta medida provocó la inmediata reacción de sobrevivientes, quienes realizaron un simbólico abrazo al predio en defensa de una memoria que, advierten, intenta ser erosionada.
Sin embargo, según confirman diversas fuentes, las modificaciones serán más profundas. El eje central podría ser la reformulación del “contexto” histórico. Se especula con cambios en el video introductorio del recorrido, el cual actualmente enmarca el golpe de 1976 dentro de una sucesión de rupturas constitucionales y presenta a la ESMA como parte de una red sistemática de terror estatal. La nueva perspectiva, se anticipa, pondría un acento mayor en las acciones de las organizaciones guerrilleras, presentándolas como justificación para la represión ilegal.
Esta línea ya tiene sus voceros dentro del mismo museo. Manuel Larrabure, nieto de un coronel secuestrado y asesinado por el ERP, e hijo de Arturo Larrabure –activista de la “memoria completa”–, ahora participa en los contenidos y algunas visitas guiadas. Su presencia y su relato familiar buscan, explícitamente, equiparar la violencia política con el plan criminal implementado desde el Estado, un objetivo que encuentra eco en la actual gestión.
El gobierno nacional ya ha manifestado su intención de que la violencia de los grupos armados sea reconocida como crimen de lesa humanidad en foros internacionales, una petición que encuentra un correlato en causas judiciales impulsadas por defensores de represores. Paralelamente, el museo sufre un vaciamiento presupuestario y operativo. Despidos clave, como el de la directora que logró la declaración de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, y la reducción de días de apertura por falta de personal, debilitan su funcionamiento mientras se prepara su resignificación.
Así, a pocos meses de cumplirse medio siglo del último golpe cívico-militar, la ESMA se convierte nuevamente en un campo de batalla por el pasado. La administración de Milei impulsa un revisionismo histórico que, bajo el manto de una “memoria completa”, busca alterar los consensos básicos sobre el terrorismo de Estado y el lugar de sus víctimas, en un proceso que los organismos de derechos humanos y los sobrevivientes observan con máxima alerta y firme oposición.
