Soldados y gendarmes abandonan sus instituciones en masa, mientras suicidios recientes exponen condiciones económicas extremas, falta de contención y una carrera militar en descomposición. El gobierno prioriza el fortalecimiento de fuerzas policiales con sueldos mayores, dejando a la defensa nacional en estado crítico.
La desesperación económica y el abandono institucional atraviesan a las Fuerzas Armadas argentinas. Una serie de suicidios ocurridos en los últimos días ha destapado una realidad cruda y sistémica: soldados y gendarmes viven bajo la línea de pobreza, endeudados a tasas exorbitantes y sin red de contención psiquiquica, lo que desencadena una deserción masiva sin precedentes hacia las fuerzas policiales.
Los trágicos hechos ocurridos en Olivos, Mendoza, Corrientes y Santiago del Estero, donde tres soldados y un gendarme quitaron sus vidas, actúan como un espejo de la degradación generalizada. Los ingresos de los miembros del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea se han desplomado un treinta por ciento en los últimos dos años, situando a la mayoría en una situación de indigencia. En contraste, un agente de la Policía de la Ciudad o de la provincia de Buenos Aires percibe, al menos, un cincuenta por ciento más que un soldado voluntario, superando incluso los haberes de muchos suboficiales militares.
Este abismal contraste salarial no es casual. Desde el gobierno se impulsa, de manera tácita pero firme, un traspaso de recursos y relevancia hacia las fuerzas de seguridad interior. La Gendarmería y la Policía Federal, pilares de la estrategia de control interno, ofrecen ingresos hasta un treinta por ciento superiores a los de sus pares en la defensa nacional. El mensaje subyacente parece claro: el Estado privilegia la función de seguridad pública por sobre la defensa.
La consecuencia es una hemorragia de personal que ha alcanzado dimensiones históricas. Cifras oficiales confirman que, entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, más de quince mil cuatrocientos efectivos han solicitado la baja para incorporarse a cuerpos policiales o de gendarmería. Esta migración masiva no solo debilita la operatividad de las Fuerzas Armadas, sino que evidencia el colapso de la carrera militar como proyecto de vida digno.
La crisis se agrava con el desmantelamiento del sistema de salud castrense. La obra social IOSFA, en quiebra técnica tras la gestión de Luis Petri, ha dejado sin cobertura psiquiátrica adecuada a miles de efectivos y sus familias. El caso del soldado Rodrigo Gómez, quien se quitó la vida en la Quinta de Olivos, ilustra este vacío. Proveniente de una familia humilde de Misiones, Gómez enfrentaba graves problemas económicos y deudas sin recibir ningún tipo de acompañamiento psicológico institucional. Sus padres, en una muestra más de la precariedad, debieron viajar por tierra para reclamar el cuerpo de su hijo y renunciaron a asistencia legal por falta de fondos.
Mientras esta tragedia humana se desarrolla, el gobierno de Javier Milei ha anunciado la adquisición de aviones de combate F-16 por un monto inicial de trescientos millones de dólares, con un costo total que, incluyendo armamento, superaría los mil millones. Esta inversión millonaria en un equipamiento de defensa, calificado por expertos como de utilidad limitada en el contexto regional actual, contrasta de manera brutal con la miseria que vive la tropa. Se configura así una paradoja alarmante: un gasto suntuoso en aparatos militares, mientras los hombres y mujeres que deberían operarlos no pueden subsistir con su salario.
La situación expone una política de Estado que parece dispuesta a sacrificar el bienestar de sus soldados y la solidez de sus Fuerzas Armadas, orientando recursos y personal hacia un aparato de seguridad interior fortalecido. La fuga en masa y las muertes por desesperación son el resultado más trágico de esta desvalorización sistemática de la defensa nacional.
