El gobierno nacional avanza con la enajenación de más de 180 inmuebles fiscales, desde predios militares y ferroviarios hasta espacios de memoria y tierras montañosas, en un proceso cuestionado por su falta de debate parlamentario y sus posibles impactos sociales y ambientales.
El gobierno de Javier Milei impulsa con celeridad un extenso programa de venta de bienes del Estado, un proceso que ya ha comenzado a transferir al sector privado una diversidad de patrimonios públicos sin precedentes recientes. La lista, que supera los ciento ochenta terrenos e inmuebles, abarca desde campos de las Fuerzas Armadas y terrenos ferroviarios, hasta predios de instituciones científicas, antiguos centros clandestinos de detención e incluso un sector de montaña en la cordillera mendocina.
Esta iniciativa, ejecutada a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) sin requerir la aprobación del Congreso Nacional, ha concretado ya la transacción de alrededor de cuarenta propiedades. Otras ciento cuarenta se encuentran publicitadas para su futura licitación, en lo que el Ministerio de Economía proyecta como una fuente de ingresos por miles de millones de dólares para las reservas estatales. Entre los activos en juego se incluyen tierras que originalmente estaban destinadas al disuelto Plan Procrear, con una expectativa de recaudación global que oscila entre los ochocientos y los mil millones de dólares.
Si bien se han registrado operaciones en distintas provincias, el foco inicial se concentró en la Ciudad de Buenos Aires, donde grandes grupos inmobiliarios emergen como principales adjudicatarios. El empresario Eduardo Costantini, a través de distintas firmas, ha adquirido destacados lotes, como un predio de cuatro hectáreas que perteneciera al Ejército, por un valor superior a los ciento veinte millones de dólares, y otros terrenos en zonas codiciadas donde se planean desarrollos de alta gama.
No obstante, la magnitud de estos negocios palidece frente a la escala de algunos de los bienes programados para futuras subastas, muchos de ellos catalogados para “grandes proyectos urbanos”. En la provincia de Mendoza, la AABE ofrece un imponente terreno de trece hectáreas ubicado a 2.400 metros de altura en la montaña, cerca del complejo Las Leñas, un predio con un historial de controversias por un fallido emprendimiento de esquí de lujo.
En Tandil, el lote más extenso de la lista, con casi trescientas sesenta hectáreas cerca de la Base Aérea, incluye en su interior el edificio del exCentro Clandestino de Detención “La Huerta”, un espacio de memoria cuya imagen aparece en la promoción de la venta. Organizaciones de derechos humanos han señalado que al menos otros tres sitios similares en Córdoba, Campo de Mayo y Corrientes se ven afectados por este plan, aunque el Gobierno aclara que solo se comercializan los terrenos circundantes, no los edificios históricos.
El proceso ha desatado fuertes críticas y advertencias por parte de especialistas, académicos y organizaciones sociales. Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad se denuncia que la venta por decreto vulnera la Constitución Nacional, la cual reserva al Congreso la facultad de disponer de las tierras de propiedad nacional. “Gobernar por decreto para vender la tierra pública no es libertad, es autoritarismo de mercado”, sostiene Jonatan Baldiviezo, titular de la organización.
Por su parte, la ingeniera María Eva Koutsovitis, integrante del movimiento “La Ciudad somos quienes la habitamos”, define la estrategia como “uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente” y lo califica de “saqueo sistemático de los bienes comunes para alimentar la especulación inmobiliaria”. En la misma línea, Pablo Mesa, del Centro de Estudios Metropolitanos, subraya que la tierra pública es un activo estratégico cuya venta implica ceder la planificación territorial y perder la oportunidad de destinar esos espacios a vivienda social, equipamiento urbano o áreas verdes, cruciales ante la crisis climática.
La polémica también alcanza a terrenos de valor científico. En Ezeiza, el Instituto Nacional del Agua resiste la venta de un predio de treinta y cuatro hectáreas que alberga naves experimentales donde se ensayaron obras estratégicas como la represa de Yaciretá y ampliaciones del Canal de Panamá.
Mientras el Gobierno sostiene que estas ventas buscan eficientizar un Estado considerado hipertrofiado, las voces críticas insisten en que se trata de una transferencia masiva de riqueza colectiva hacia un reducido grupo de capitales privados, con un impacto profundo y duradero en el tejido social, la memoria histórica y la planificación sustentable del territorio argentino. El debate, hasta ahora eludido en el recinto legislativo, se instala en la esfera pública con interrogantes sobre el destino final del patrimonio nacional.
