El gobierno elimina controles clave para la aviación privada, presentando la medida como una liberalización del mercado. Advierten sobre riesgos en seguridad y posibles actividades ilegales.
El Gobierno desregula la aviación privada y suprime controles de seguimiento
En un anuncio que ha generado controversia en el sector aeronáutico, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, presentó una serie de medidas que eliminan exigencias clave para los vuelos privados en territorio argentino. La decisión, promovida como un avance hacia la “libertad” del mercado aéreo, ha encendido alarmas entre expertos en seguridad, quienes señalan que podría facilitar actividades ilícitas y reducir la trazabilidad de las aeronaves.
A través de la Resolución 957/25, firmada por el titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac), Óscar Villabona, se deroga la obligación de presentar planes de vuelo para trayectos domésticos y se levanta la restricción para operar durante la noche. Este cambio normativo, según el gobierno, busca agilizar la operación de empresas del rubro y ofrecer mayor flexibilidad a los usuarios.
Sin embargo, voces críticas dentro del ámbito de la seguridad aérea han manifestado su preocupación. La eliminación del plan de vuelo, considerado un instrumento fundamental para el control del tráfico aéreo y la coordinación en situaciones de emergencia, podría comprometer la supervisión estatal sobre los movimientos en el espacio aéreo nacional. Este vacío regulatorio, advierten, crea condiciones propicias para el desarrollo de operaciones clandestinas, incluyendo el contrabando o el tráfico de mercancías no declaradas.
La medida llega en un contexto donde la aviación privada ha experimentado un crecimiento significativo, con un aumento en el número de aeronaves registradas y de horas de vuelo. Para algunos analistas, la desregulación responde a presiones de grupos empresariales del sector, que buscan reducir costos operativos y ganar autonomía. No obstante, organizaciones profesionales y sindicales del ámbito aeronáutico ya han expresado su rechazo, argumentando que la seguridad no debe ser sacrificada en nombre de la flexibilidad comercial.
Mientras el gobierno insiste en que la normativa está alineada con estándares internacionales y que no comprometerá los protocolos de seguridad, la oposición política y varios especialistas exigen una revisión urgente de la resolución. Señalan que, en lugar de eliminar controles, deberían fortalecerse los mecanismos de supervisión para prevenir el uso indebido del espacio aéreo.
La implementación de estos cambios comenzará en las próximas semanas, en medio de un debate que promete intensificarse. Por ahora, los cielos argentinos se preparan para una nueva etapa, marcada por mayor libertad para algunos y profundas incertumbres para muchos otros.
