Un informe detallado del Centro de Economía Política expone la magnitud del ajuste en áreas estratégicas. Recortes históricos en escuelas técnicas, universidades y ciencia proyectan un futuro de desinversión, mientras la comunidad educativa y científica alerta sobre el colapso del sistema.
El actual gobierno ha profundizado una política de desinversión en los pilares fundamentales para el desarrollo del país: la Educación Técnica Profesional, las universidades nacionales y el sistema científico-tecnológico. Lo que hasta ahora se percibía como una orientación general, adquiere una dimensión concreta y alarmante al analizar las cifras del proyecto presupuestario para el año 2026. Un estudio pormenorizado del Centro de Economía Política (CEPA) traduce la estrategia en números, revelando la profundidad de la crisis actual y proyectando un escenario devastador de cara al próximo año si el Congreso aprueba la propuesta oficialista este viernes.
El documento destaca, entre sus conclusiones más crudas, un recorte sin precedentes a la educación técnica. El Fondo Nacional de Educación Técnico Profesional sufriría una caída estrepitosa del 93 por ciento en términos reales comparado con 2023. Esta desfinanciación equivale, en la práctica, a la eliminación del soporte económico para las instituciones que forman a los futuros técnicos e ingenieros del país. El presupuesto gubernamental no solo vacía de contenido partidas clave, sino que mediante su articulado propone derogar herramientas esenciales, como el Fondo de Escuelas Técnicas y el compromiso legal de destinar el 6 por ciento del Producto Bruto Interno al sector educativo.
Hernán Letcher, referente del CEPA, explicó a este diario que el análisis se centró en las escuelas técnicas porque son el eslabón que mejor expone un modelo económico abiertamente hostil a la industria. «Si se proyecta un país sin industrias, ¿para qué van a querer técnicos industriales?», se preguntó retóricamente. Letcher calificó el ataque contra estas instituciones como «feroz» y mencionó la existencia de movilizaciones y campañas para defenderlas, aunque mostró escepticismo sobre la posibilidad de revertir la situación en el corto plazo. En Argentina, más de 1700 escuelas técnicas cumplen una función social y productiva irremplazable, formando mano de obra calificada con anclaje directo en el entramado industrial.
El informe del CEPA no se limita a la educación técnica y apunta a un «fuerte ajuste educativo general». La función Educación y Cultura en su conjunto sufriría una contracción del 47,3 por ciento en términos reales entre 2023 y 2026. Partidas sensibles, como las becas y las transferencias estudiantiles, acumularían un recorte real del 76,6 por ciento, profundizando la desigualdad en el acceso a la educación.
La misma suerte catastrófica espera al sistema científico y tecnológico nacional. A pesar de la existencia de una ley que garantiza inversiones crecientes hasta 2032, el presupuesto oficial ignora por completo este mandato. Los recursos para ciencia y tecnología se desplomarían un 48,8 por ciento respecto de lo ejecutado en 2023. Este lunes, la comunidad científica se congregó frente al Polo Científico-Tecnológico en una jornada denominada «Navidad con ciencia», para denunciar lo que califican como un «cientificidio». La reciente eliminación de los subsidios PICT, herramienta vital para el desarrollo de proyectos de investigación, fue la estocada final que movilizó a investigadores y becarios.
Las universidades nacionales, blanco preferido de una gestión que desdeña la producción de conocimiento autóctono, continúan en estado de alerta máxima. El presupuesto universitario proyecta para 2026 una caída real de casi el 34 por ciento. La suspensión por decreto de la Ley de Financiamiento Universitario, sumada a los intentos por derogarla a través del presupuesto, ha generado un clima de incertidumbre extrema. Aunque la oposición logró quitar del proyecto la derogación expresa de la ley, las instituciones advierten que sin fondos suficientes el ciclo lectivo del año próximo no podrá iniciarse. La Universidad Tecnológica Nacional, por ejemplo, ha sido clara: si el gobierno no cumple con la ley, las aulas permanecerán cerradas.
La sanción de leyes protectoras, las marchas multitudinarias y cientos de actos de protesta no han logrado, hasta el momento, torcer el brazo de una política que desguaza de manera metódica las bases del futuro productivo y cognitivo de la nación. El próximo viernes, el Congreso definirá con su voto si consagra este camino o si, finalmente, impone un límite al desmantelamiento.
