Tras un revés en Diputados, el Gobierno apura la sanción definitiva de la Ley de Presupuesto en el Senado. Con la deuda en el horizonte, la administración intenta demostrar capacidad de gestión, mientras el peronismo se enfoca en derribar un artículo clave sobre financiamiento educativo y científico.
Con el fantasma de un vencimiento de deuda acechando, el oficialismo se encuentra en una carrera contra el tiempo para lograr la aprobación de su primer presupuesto nacional, ya entrado su tercer año de gestión. El reciente tropiezo en la Cámara de Diputados, donde la llamada Ley de Leyes obtuvo media sanción pero perdió respaldo en su capítulo financiero, dejó al descubierto las fragilidades políticas de la administración y sus complicaciones para conciliar posiciones con sus aliados.
Ante este escenario, la Casa Rosada ha decidido impulsar el texto “a libro cerrado”, buscando evitar modificaciones y concluir de una vez el trámite parlamentario. La premura no es casual: se pretende enviar una señal contundente a los mercados y al Fondo Monetario Internacional, que monitorea con atención las cuentas públicas, el cumplimiento de las metas fiscales y la habilidad del Gobierno para sostenerlas.
En medio de esta presión, la liderazgo oficialista ha redoblado sus esfuerzos para asegurar los votos necesarios en la Cámara alta. Patricia Bullrich, figura central en la articulación política, ha exigido a senadores libertarios y aliados que regresen a la capital de manera inmediata para allanar el camino hacia una sesión decisiva, prevista para el próximo viernes. El objetivo es claro: dejar atrás dos años de administración discrecional de los fondos, marcados por prórrogas y reasignaciones constantes, y consolidar un instrumento clave de planificación económica.
No obstante, el camino no está exento de obstáculos. Desde el peronismo se concentran las energías en tumbar el artículo 30, una cláusula que elimina las metas de financiamiento para educación, ciencia y tecnología, considerada una de las piezas más sensibles del proyecto. Aunque la oposición ha manifestado su rechazo, aún no logra garantizar los números necesarios para imponer su voluntad.
Detrás de escena, el cálculo político es minucioso. El oficialismo confía en un piso de apoyos que superaría holgadamente la mayoría requerida, con expectativas que llegan hasta los 45 votos favorables. Esta proyección incluye a bloques provinciales y gobernadores aliados, cuyo respaldo resulta fundamental para blindar la iniciativa. Sin embargo, persiste cierta incertidumbre, alimentada por señales ambiguas de algunos sectores y la posibilidad de sorpresas de último momento.
Mientras tanto, el Gobierno busca mantener el foco exclusivo en la aprobación presupuestaria, postergando otros temas conflictivos, como las designaciones en la Auditoría General de la Nación, que generaron fricciones internas. La meta es llegar al 9 de enero, fecha crítica del próximo vencimiento de deuda, con la ley promulgada, demostrando así solvencia y control ante los inversores.
La pulseada final se definirá no solo en los números, sino también en la estrategia parlamentaria: si la oposición logra forzar una votación artículo por artículo, podría reintroducir debates que el oficialismo prefiere evitar. De haber modificaciones, el texto debería volver a Diputados, un escenario que la administración intenta eludir a toda costa. Por ello, el llamado a bancas aliadas es unívoco: estar presentes y respaldar el proyecto sin alteraciones. En este marco, la sesión del viernes se perfila como una prueba de fuego para la estabilidad política y económica del país.
