Un fallo judicial obliga a la administración libertaria a actualizar salarios y becas, en un contundente revés a su intento de desfinanciar la educación superior pública.
En un clima de profunda incertidumbre política y con el futuro de la educación pública en la mira, la Justicia Federal ha emitido un dictamen que marca un rumbo diferente. El juez Martín Cormick, al frente del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, ha dictado una medida cautelar que exige de manera inmediata la actualización de las partidas destinadas a los salarios del personal docente y no docente, así como de las becas estudiantiles en las universidades nacionales. La resolución, basada en los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, surge como una respuesta urgente a lo que el magistrado considera daños graves infligidos al sistema de educación superior bajo la actual administración.
La secretaria general de Conadu Histórica, Francisca Staiti, calificó la noticia como “una muy buena noticia en un contexto como el que estamos”. En declaraciones cargadas de emotividad, Staiti recordó la reciente maniobra del oficialismo en la Cámara de Diputados, donde se intentó, sin éxito, derogar junto con la ley de Emergencia en Discapacidad, la propia norma de financiamiento universitario sancionada apenas meses atrás. “Milei intentó en una movida muy traicionera colar la derogación”, afirmó, destacando la resistencia que encontró en el Poder Legislativo y que ahora se replica en el Judicial.
Este fallo se erige como un pilar fundamental para garantizar el comienzo del ciclo lectivo 2026 con un mínimo de previsibilidad. Sin embargo, los referentes del sector advierten que la batalla dista de estar concluida. Staiti enfatizó la necesidad de “continuar firmemente con la lucha como hicimos hasta ahora”, subrayando que la movilización en las calles ha sido y será un componente irrenunciable de la defensa de la universidad pública. La medida judicial llega tras un pedido formal del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que había solicitado la declaración de inconstitucionalidad de un decreto del Poder Ejecutivo que congelaba la aplicación de la ley bajo el argumento de la falta de autorización presupuestaria.
Para la comunidad estudiantil, el pronunciamiento de la Justicia aporta una capa adicional de legitimidad. Joaquín Carvalho, presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA), expresó que “que la justicia se haya expedido al respecto le da un mayor marco de legitimidad a la propia ley”. Carvalho explicó que acudir a la instancia judicial representaba el último recurso institucional para exigir el cumplimiento de la normativa, sentando un precedente crucial que obliga al Gobierno nacional a “cumplir la ley”. De este modo, la administración libertaria se ve ahora confrontada no solo por el Poder Legislativo, sino también por una orden expeditiva del Poder Judicial.
Con un tono de cautelosa esperanza, Staiti reflexionó sobre el camino a seguir, argumentando que el porvenir de las universidades argentinas dependerá de la “perseverancia, coherencia, convicción y firmeza” de toda la comunidad académica y de la sociedad en su conjunto. “La sociedad debe seguir levantando la voz”, concluyó, “porque la universidad debe ser pública siempre”. La cautelar, más que un punto final, se perfila así como un capítulo decisivo en un prolongado conflicto que define el modelo de educación superior del país.
