Familiares de víctimas del terrorismo de Estado anunciaron una denuncia penal y reclamaron a la Cámara Baja la separación de Lilia Lemoine, tras su risa cómplice en un programa donde se mofaron de ese método de exterminio. La polémica enciende una grave crisis institucional.
Un pedido de expulsión recorre los pasillos del Congreso Nacional, cargado de indignación y memoria. Familiares de quienes fueron arrojados al mar durante la última dictadura militar exigieron este martes que el cuerpo legislativo separe de su banca a la diputada nacional Lilia Lemoine, tras su participación en un polémico programa de streaming donde se realizaron burlas crueles sobre los llamados “vuelos de la muerte”. Paralelamente, los organismos de derechos humanos avanzan en la preparación de una denuncia penal por considerarlas una apología del terrorismo de Estado, un delito contemplado en el Código Penal.
El episodio detonante ocurrió el pasado sábado durante la emisión del programa “FDC”, transmitido por la plataforma Ánima Digital. En un segmento, el conductor Alejandro Sarubbi Benítez y el columnista Alfredo “Rino” Gammariello —identificado como ex custodio privado de Karina Milei— iniciaron una serie de comentarios jocosos y despectivos hacia manifestantes y militantes del peronismo. Gammariello, en un tono de burla, afirmó: “Con lo único que les va mal es con el agua. Cuando van a las marchas los bañan; si los tiran de los aviones, no saben nadar y, si se tiran por algún lado por el sur, también se ahogan”.
La secuencia de referencias aludía de manera directa y cínica a la represión con hidrantes, al método de exterminio de los vuelos de la muerte —práctica sistemática de la dictadura— y al caso de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. En el momento en que otro participante del espacio agregó, en inglés, que “los kukas no son a prueba de agua”, la diputada Lemoine, sentada en el estudio, estalló en una carcajada, celebrando y avalando con su gesto los dichos.
La reacción de repudio no se hizo esperar y provino con particular fuerza de la asociación Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz. Este grupo representa a las víctimas de uno de los episodios más emblemáticos del terrorismo de Estado: el secuestro, tortura y posterior asesinato, mediante un vuelo de la muerte, de un grupo que incluía a tres Madres de Plaza de Mayo —Azucena Villaflor de De Vincenti, Esther Ballestrino de Careaga y María Eugenia Ponce de Bianco—, a dos monjas francesas y a varios militantes, en diciembre de 1977.
Desde la organización emitieron un contundente comunicado en el que calificaron las declaraciones como “una apología del terrorismo de Estado, una reivindicación de los crímenes de lesa humanidad y un profundo desprecio por el dolor de las víctimas”. Subrayaron que estos actos no son aislados, sino que se inscriben en una escalada de gestos y discursos provenientes de sectores ligados al oficialismo, entre los que mencionaron la previa visita de legisladores a genocidas detenidos.
“Quienes banalizan el horror y justifican la represión se colocan deliberadamente del lado más oscuro de nuestra historia y no deben quedar impunes”, afirmaron. Anunciaron, en consecuencia, que presentarán una denuncia penal por violación al artículo 213 del Código Penal, que sanciona la apología del delito, y exhortaron a la Cámara de Diputados a actuar: “Exigimos la separación inmediata de la diputada Lilia Lemoine”.
El reclamo encuentra sustento en fallos judiciales históricos. El Tribunal Oral Federal N°5 dio por probado que el grupo de la Iglesia de la Santa Cruz fue eliminado en un vuelo de la muerte, hecho corroborado por el hallazgo de la aeronave y la recuperación de varios de los cuerpos. Otros tribunales, como el TOF 2 de San Martín, también reconocieron esta práctica sistemática utilizada para hacer desaparecer los rastros de los detenidos-desaparecidos.
Mabel Careaga, Cecilia De Vincenti y Carlos Ovido, familiares directos de las víctimas, dirigieron un mensaje personal a la legisladora: “A Lemoine le queremos decir que es muy fácil burlarse en un streaming amigo, pero que venga al solar de la memoria donde están los cuerpos de las Madres… La vamos a estar esperando allí para que repita al lado de las tumbas esas declaraciones”.
Expertos en derecho consultados señalaron que dichos como los celebrados por Lemoine podrían configurar discursos de odio, penalizados por la Ley Antidiscriminatoria. Esta perspectiva cobra relevancia tras la reciente advertencia del Tribunal Oral Federal N°6, que al condenar a los acusados por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, destacó que “el odio en el discurso fue una causal necesaria para que el hecho tuviera lugar”.
El escándalo trasciende el mero episodio televisivo y pone en evidencia una profunda grieta en el tratamiento de la memoria y los derechos humanos. Mientras los organismos exigen consecuencias políticas y judiciales, la risa de una legisladora en un estudio de streaming resonó como un golpe brutal para quienes llevan décadas buscando verdad y justicia, reavivando el debate sobre los límites de la expresión y la responsabilidad de los funcionarios públicos en un sistema democrático.
