Mediante una decisión administrativa, se reasignan fondos para atender necesidades impostergables en energía, educación, ANSES y jubilaciones, dentro del marco del presupuesto prorrogado vigente.
A escasos días de finalizar el año, el Poder Ejecutivo dispuso una serie de modificaciones al ejercicio presupuestario correspondiente a 2025, con el objetivo de reforzar rubros considerados urgentes en diversas dependencias estatales. La medida, formalizada a través de la Decisión Administrativa 38/2025, fue suscripta por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, y difundida este martes mediante un suplemento del Boletín Oficial.
La normativa alcanza a entidades de la Administración Pública Nacional y tiene como finalidad cubrir erogaciones vinculadas a personal, gastos operativos, transferencias y prestaciones sociales. Estos movimientos se enmarcan dentro del presupuesto prorrogado del año 2023, que continúa rigiendo para el ciclo en curso. La maniobra incluye compensaciones financieras que reducen destinaciones de capital mientras incrementan las partidas corrientes, junto a reasignaciones en los fines del gasto, todo ello sin superar los topes del presupuesto actual.
Uno de los aspectos más destacados es el fortalecimiento de los créditos asignados a la Secretaría de Energía, destinados a solventar transferencias hacia CAMMESA, la empresa encargada de administrar el mercado eléctrico mayorista. Según se explicó en los textos oficiales, este ajuste busca asegurar el normal abastecimiento energético durante la temporada estival, evitando inconvenientes en el suministro.
En el ámbito educativo, también se otorgaron refuerzos presupuestarios considerables. La Secretaría de Educación, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, recibirá fondos adicionales para hacer frente a las erogaciones derivadas de la política salarial de docentes y personal administrativo de las universidades nacionales. Asimismo, se robustecieron las partidas relacionadas con el funcionamiento del sistema educativo y con la implementación de la Universalización de la Jornada Extendida.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) constituye otro de los ejes centrales de esta reasignación. Se incrementaron los recursos del Programa de Asignaciones Familiares, así como las partidas para el pago de prestaciones previsionales, incorporando los efectos de la Ley de Movilidad Previsional. Adicionalmente, se contempló el impacto económico generado por el aumento del salario mínimo, vital y móvil, establecido por el Consejo Nacional del Empleo mediante resolución, con validez retroactiva desde noviembre. En consecuencia, el Gobierno decidió fortalecer las asignaciones destinadas a la prestación por desempleo.
La decisión también incorpora mayores ingresos provenientes de las rentas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, al tiempo que se ajustan las fuentes y aplicaciones financieras de la ANSES para reflejar las operaciones de dicho fondo. Paralelamente, se realizaron adecuaciones en los créditos correspondientes a las Obligaciones a Cargo del Tesoro, con el fin de cubrir requerimientos de financiamiento del PAMI, asegurando así la continuidad de sus servicios.
