El Gobierno Nacional enfrenta una segunda acción judicial impulsada por un mandatario provincial, en un clima de creciente conflicto por la distribución de fondos. La gestión de Javier Milei observa cómo se multiplican los reclamos territoriales ante la justicia.
Un nuevo y resonante gesto de desacato político sacude los cimientos de la relación entre el Gobierno Nacional y las jurisdicciones provinciales. En un contexto de tensiones crecientes, el gobernador de Chubut, Ignacio «Nacho» Torres, anunció de manera formal que durante la próxima semana interpondrá una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El objetivo de esta acción legal es exigir el pago de una sustancial deuda, que asciende a cincuenta y un mil millones de pesos, correspondiente a partidas previsionales que la administración central mantiene en mora con su distrito.
Con esta decisión, el mandatario chubutense se transforma en el segundo jefe provincial en apenas unos días en escalar el conflicto fiscal hacia el máximo tribunal del país, configurando un escenario de rebelión coordinada que obliga a la administración de Javier Milei a reconsiderar su estrategia de diálogo y su agenda legislativa. La medida representa un golpe de efecto directo contra la postura inflexible y la soberbia antidialoguista que sus críticos le adjudican al Poder Ejecutivo.
Esta ofensiva judicial encuentra un precedente inmediato en la capital federal. Horas antes, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, había reiterado su propio reclamo por fondos retrasados de coparticipación, advirtiendo también con llevar el caso a la justicia. Ambos mandatarios, integrantes del espacio político del PRO, han optado por pararse de manos ante la Casa Rosada, denunciando de manera pública y contundente los acuerdos postergados y los compromisos incumplidos por parte del Estado nacional.
El conflicto, por lo tanto, trasciende el mero reclamo económico y se instala en el terreno de la gobernabilidad, exponiendo una fractura profunda en el mapa político. La acumulación de demandas judiciales de altísimo perfil marca un punto de inflexión, donde el Poder Judicial emerge como árbitro forzoso de una puja que el diálogo político no ha logrado encauzar. La semana próxima, con la presentación formal de Torres, esta pulseada subirá otro peldaño en su intensidad, desafiando la autoridad del gobierno central y poniendo a prueba la cohesión del frente opositor bajo la presión concreta de las cuentas públicas provinciales vacías.
