Una sentencia de la Cámara de Casación establece un precedente crucial, responsabilizando penalmente a los superiores y descartando la catalogación de «suicidio» como un hecho meramente personal. El marco legal ilumina los recientes episodios fatales dentro de las fuerzas.
En un dictamen de gran alcance, la Cámara de Casación fijó un marco jurídico categórico para examinar las muertes de personal militar en servicio. El fallo, emitido este martes, rechaza de plano la caracterización de estos hechos como «un drama individual» y los sitúa inequívocamente bajo la lupa de la violencia institucional, con las consiguientes responsabilidades penales para los mandos.
La decisión de la Sala I, con los votos favorables de los jueces Alejandro Slokar y Carlos Mahiques, surge de un caso ocurrido en 2003, pero proyecta su sombra sobre tragedias recientes. El texto, de cuarenta y tres páginas, constituye un freno contundente para quienes pretendan minimizar estas pérdidas. Según la Cámara, la muerte de un soldado dentro de una unidad o en acto de servicio activa de manera inmediata la posible responsabilidad de los funcionarios públicos a cargo.
El fallo detalla que la negligencia de los superiores puede configurar diversos delitos. Desde el incumplimiento de los deberes de funcionario público, por asignar misiones para las cuales el soldado no estaba capacitado o en condiciones psicológicas de cumplir, hasta figuras más graves como el abandono de persona, derivado de una omisión en los controles médicos y psiquiátricos obligatorios. Incluso se abre la puerta a la imputación por homicidio culposo, e inclusive agravado, dependiendo de las circunstancias.
Este criterio judicial provee un encuadre preciso para analizar lo sucedido la semana pasada, con el fallecimiento de tres soldados y un gendarme en presuntos actos de suicidio. Uno de esos casos, el del soldado voluntario Rodrigo Gómez en la Quinta de Olivos, es actualmente investigado en secreto por la jueza Sandra Arroyo Salgado y el fiscal Federico Iuspa. Las primeras indagatorias, en sintonía con lo expresado por la Casación, se centran en la posible falta de contención, preparación y evaluación psiquiátrica previa del joven, quien fue destinado a la custodia presidencial con apenas tres meses de ingreso al Ejército.
El magistrado Slokar, en su argumentación, fue más allá y citó jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre un caso similar en Italia, donde se criticó la investigación superficial que catalogó una muerte como suicidio sin indagar a fondo un posible hostigamiento. Este paralelismo refuerza la idea central: en contextos de restricción de la autonomía, como lo es la vida castrense, el Estado tiene deberes de cuidado ampliados. La muerte de un soldado, sostiene el fallo, no es un hecho privado, sino una afectación de derechos en un marco de sujeción absoluta a órdenes y estructuras jerárquicas.
La resolución judicial otorga así una herramienta fundamental a los querellantes y representa un llamado de atención para la Justicia y las propias fuerzas. Subraya que, más allá del resultado de las pericias técnicas que determinen el mecanismo de la muerte, el análisis debe dirigirse hacia las condiciones institucionales que la hicieron posible. Se destierra así la idea de una tragedia aislada para poner el foco en la obligación de preservar la integridad de aquellos jóvenes que, muchas veces llegados de provincias con esperanzas, entregan su servicio en condiciones de extrema vulnerabilidad.
