A partir del 1 de enero, se modificará el esquema de flotación del dólar, impulsando medidas de contención del gasto y controles salariales. El mercado considera la medida transitoria, mientras sectores productivos anticipan otro período complejo.
En un giro inesperado de su política económica, la administración nacional pondrá en marcha a partir del próximo 1 de enero una modificación sustancial en el régimen de flotación cambiaria, contradiciendo sus afirmaciones públicas de los últimos meses. La medida, que elevará el límite superior de la banda del dólar ajustándolo según la inflación pasada, representa un cambio de rumbo en la estrategia cambiaria vigente desde abril.
Según fuentes oficiales, el recálculo utilizará como referencia el índice de precios minoristas de noviembre, que registró un incremento del 2,5 por ciento. Esto implica que el techo de la banda se desplazará en esa misma proporción durante enero, abandonando así el incremento mensual controlado del 1 por ciento que se aplicaba hasta la fecha. La decisión desactiva el mecanismo de ancla cambiaria que había servido como instrumento de estabilización durante los últimos meses.
Ante el impacto inflacionario que podría generar esta modificación, el Ejecutivo ya adelantó que reforzará las medidas de austeridad fiscal. Se prevé una nueva etapa de recortes en el gasto público y la implementación de negociaciones salariales que quedarán por debajo de la suba de precios, con el objetivo declarado de compensar los efectos de la devaluación sobre el costo de vida.
Analistas económicos señalan que el escenario para el próximo año se presenta otra vez desafiante, especialmente para los sectores de menores recursos y para las actividades industriales. Estos segmentos de la economía afrontarán las consecuencias de un nuevo régimen cambiario que, además, es percibido por los mercados como una medida provisional. Dicha percepción genera incertidumbre respecto a la duración y profundidad del ajuste, alimentando la sensación de un ciclo económico recesivo sin horizonte claro de finalización.
La implementación de estas políticas, en un contexto de fragilidad económica, reaviva el debate sobre la distribución de los costos del ajuste y las perspectivas de reactivación productiva para el año entrante.
