Tras una serie de acusaciones por presuntas irregularidades en su gestión, el organismo será absorbido por la cartera sanitaria nacional. Las autoridades aseguran que las pensiones por discapacidad no sufrirán interrupciones.
En un anuncio oficial realizado este martes, el portavoz presidencial Manuel Adorni comunicó la decisión del Gobierno nacional de suprimir la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La medida, que se enmarca en una reestructuración administrativa, implica el cese definitivo de la autarquía del organismo y el traspaso integral de sus competencias al Ministerio de Salud.
La revelación se produjo en el contexto de una serie de investigaciones que involucran a la anterior conducción de la agencia en presuntas anomalías relacionadas con procesos de contratación y licitación de obras. Según explicó el jefe de Gabinete, el objetivo central de esta absorción es depurar la administración, consolidar el control interno y garantizar una mayor transparencia en la ejecución de las políticas públicas dirigidas a las personas con discapacidad.
Desde la Casa Rosada se enfatizó que esta reorganización no requiere de la sanción de una nueva ley, ya que se trata de un acto administrativo que se ampara en las facultades ejecutivas. La ANDIS, creada por legislación específica en 2017, perderá así su independencia funcional para integrarse plenamente a la estructura del ministerio que conduce Mario Russo.
La inquietud central de los beneficiarios gira en torno al destino de las prestaciones económicas. Ante este interrogante, voceros oficiales ofrecieron garantías de que la percepción de las pensiones no asistenciales por discapacidad no sufrirá alteración alguna. Se afirmó que el proceso de transición se diseñará con el propósito expreso de evitar cualquier perjuicio o demora en los desembolsos mensuales. La cartera sanitaria asumirá la totalidad de las tareas de gestión, evaluación y seguimiento de los certificados de discapacidad y de los programas sociales vinculados.
La medida ha generado reacciones inmediatas en diversos sectores. Mientras el oficialismo la presenta como un paso necesario hacia la racionalización del Estado y la eliminación de espacios opacos, algunas organizaciones de la sociedad civil mostraron cautela, exigiendo precisiones sobre los plazos del traspaso y requiriendo garantías formales de que no habrá un vacío en la atención ni un retroceso en los derechos consolidados. El devenir de esta integración marcará el ritmo de una transformación que busca, según el Gobierno, unificar bajo un mismo paraguas institucional toda la estrategia nacional en materia de salud y discapacidad.
