La administración nacional choca contra un muro de resistencias en la Cámara alta, donde ni siquiera sus socios tradicionales respaldan el plan oficial. La propuesta de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias naufraga entre la falta de consensos, la irrupción de figuras polémicas como las listas colectoras y la urgencia del oficialismo por desviar su atención hacia la ley de Zonas Frías y el financiamiento universitario.
En las últimas horas, el escenario político ha quedado retratado como un complejo rompecabezas sin resolución a la vista para el Poder Ejecutivo, que ve estancada su aspiración de modificar el régimen electoral vigente. La Casa Rosada no logra articular los apoyos necesarios en el Senado de la Nación, al tiempo que en sus propias filas se perciben titubeos y un respaldo tibio que está lejos de la vehemencia requerida para impulsar un cambio de tal envergadura. La iniciativa oficial, que busca principalmente la derogación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), se fundamenta en un discurso de austeridad y reducción del gasto público, pero ese argumento choca de frente con las suspicacias de la oposición, que observa con cautela y expectativa cada movimiento del tablero político.
El núcleo candente del debate gira en torno a la supervivencia o extinción de las PASO, un mecanismo que el oficialismo considera oneroso y prescindible. Sin embargo, lo que en principio parecía una decisión unilateral se ha transformado en un intercambio de favores y presiones donde, según trascendió desde los pasillos de Balcarce 50, un grupo de estrategas gubernamentales barajó la posibilidad de ofrecer a los gobernadores provinciales una moneda de cambio tentadora: la autorización de las denominadas «listas colectoras» por distrito. Esta herramienta, que en el pasado fue vilipendiada y rechazada por los mismos sectores que ahora la proponen, despierta recelos y es percibida por muchos como un retroceso en términos de transparencia democrática.
La falta de una posición monolítica dentro del oficialismo agrava aún más el cuadro de situación. Incluso figuras de peso como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, manifestó en privado su descontento con esa figura, calificándola como «un paso atrás» y confesando que jamás le han resultado atractivas. Horas después de esas declaraciones, la funcionaria intentó matizar sus palabras y justificó la controversia al señalar que, pese a sus reparos personales, el sistema electoral actual no ofrece alternativas superiores, por lo que cualquier opción debe ser puesta sobre la mesa. Esta vacilación interna refleja el desconcierto que reina en las altas esferas del Gobierno, donde las posiciones oscilan entre la eliminación pura de las PASO, su transformación en un proceso no obligatorio ni cerrado para los afiliados partidarios, y un financiamiento estatal que se diluya progresivamente en el tiempo, todo ello sin descartar la controvertida incorporación de las colectoras.
El propio Ejecutivo ha reconocido, a través de declaraciones vertidas al término de la reunión de Labor Parlamentaria convocada para la sesión del 16 de julio, que existen múltiples alternativas en danza, pero ninguna de ellas logra concitar el respaldo unánime. El principal escollo es que, más allá de la previsible negativa del peronismo, los aliados naturales de La Libertad Avanza en el Congreso —entre ellos la Unión Cívica Radical, el PRO y diversos partidos provinciales— muestran un desinterés casi absoluto por acompañar la reforma. Un senador de la oposición resumió el sentir general al advertir que el oficialismo pretende «poner a jugar candidatos en cada rincón del país y espera que los mandatarios locales les allanen el camino», una expectativa que parece poco realista y que, en opinión de los legisladores consultados, torna improbable cualquier resolución en el corto plazo.
Ese es el clima predominante en la Cámara alta, donde la agenda oficial se encuentra copada por la urgencia de avanzar en la aprobación del proyecto de Zonas Frías, un expediente que el Gobierno ha elevado a prioridad máxima. De hecho, todas las fichas negociadoras del oficialismo están volcadas en esa iniciativa, de la cual espera extraer los 300.000 millones de pesos necesarios para sostener la ley de financiamiento universitario. En este contexto, la reforma electoral ha quedado relegada a un segundo plano, y los emisarios del Ejecutivo reciben mensajes cada vez más elocuentes de los bloques aliados: cualquier modificación al sistema de comicios debería haber sido cerrada antes de que finalizara el primer semestre, tal como estipulaba el acuerdo inicial, pero el incumplimiento de ese plazo obliga ahora a postergar el debate hasta el último trimestre del año, cuando la discusión del Presupuesto 2027 absorberá toda la atención legislativa.
A la complejidad interna se suman los gobernadores que ya han alzado la voz para rechazar de plano la habilitación de listas colectoras. Durante los festejos por el Día de la Independencia, el mandatario tucumano Osvaldo Jaldo transmitió al jefe de Gabinete, Diego Santilli, su firme oposición a esa figura electoral, una postura que se replica en otros distritos. Los líderes provinciales Hugo Passalacqua, de Misiones, e Ignacio Torres, de Chubut, también se han sumado a este frente de rechazo, dejando en claro que el consenso es un bien escaso. En los despachos de los socios parlamentarios, el tema ha perdido la centralidad que ostentaba semanas atrás, y los legisladores no dudan en recordar al oficialismo que el tiempo apremia: la ley electoral que el Ejecutivo debe enviar antes del 15 de septiembre próximo deberá incluir, obligatoriamente, la previsión de gastos para los comicios de 2027, lo que añade una presión adicional a un proceso que se antoja cada vez más enredado y distante de una salida pronta.
