A través de la Inspección General de Justicia, se completó la transformación de once sociedades del Estado en Sociedades Anónimas, allanando el camino para su posible venta. La oposición advierte sobre posibles resquicios legales.
En el marco del compromiso asumido con el Fondo Monetario Internacional, la administración de Javier Milei avanza con determinación en su propósito de transferir al sector privado una amplia gama de empresas públicas. Esta semana, se concretó la conversión de Ferrocarriles Argentinos en una Sociedad Anónima, un movimiento que se replicó en organismos como la Administración General de Puertos, Fabricaciones Militares y el sistema de medios públicos, incluyendo la agencia Télam. Este primer grupo abarca un total de once entidades, en lo que representa un paso clave dentro de un plan más amplio de reformas estructurales.
Mientras el oficialismo proyecta impulsar durante el próximo año modificaciones laborales, penales y tributarias en el Congreso, también concentra esfuerzos en sentar las bases de una nueva etapa de privatizaciones. La meta es cerrar el 2025 con el camino despejado para materializar estas transferencias. La Inspección General de Justicia, bajo la dirección de Daniel Vítolo, finalizó en los últimos días el proceso de transformación jurídica de las Sociedades del Estado Nacional en Sociedades Anónimas de carácter ordinario, dejándolas en condiciones formales para un eventual desprendimiento.
Este trabajo se llevó a cabo en coordinación con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, conducida por Diego Chaher y dependiente del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo. Esta agencia será la encargada de proseguir con el proceso de desmantelamiento y venta del patrimonio estatal. Según fuentes oficiales, entre las empresas reconvertidas se encuentran la Administración de Infraestructura Ferroviaria, Contenidos Públicos, la Empresa Argentina de Navegación Aérea, Radio y Televisión Argentina, la Casa de la Moneda y Ferrocarriles Argentinos, entre otras.
El traspaso de estas empresas al ámbito de la Ley General de Sociedades implica, según explican desde el gobierno, que quedarán sujetas a las mismas normas que rigen a las compañías privadas, sin gozar de privilegios estatales. El objetivo inmediato es avanzar con las privatizaciones ya autorizadas por el Congreso mediante la Ley Bases, que incluyen la participación parcial de Energía Argentina e Intercargo, así como la concesión de Agua y Saneamiento Argentinos y Corredores Viales, entre otras. No obstante, también se exploran alternativas legales para aquellas empresas que no cuentan con la aprobación legislativa.
Desde el entorno presidencial se ha expresado de manera reiterada la intención de privatizar la mayor cantidad de activos estatales posible, aunque se reconoce que, en casos emblemáticos como YPF, Aerolíneas Argentinas, ARSAT o el Banco Nación, será necesario contar con nuevas autorizaciones del Congreso. Sin embargo, la administración ha impulsado decretos para transformar en Sociedades Anónimas entidades como el Banco Nación y Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, lo que ha generado críticas por considerar que se eluden los mecanismos de deliberación parlamentaria.
La oposición, por su parte, alerta sobre posibles inconsistencias jurídicas. Señalan que, conforme a la Ley de Reforma del Estado, el gobierno debería retener la mayoría accionaria a menos que se sancione una norma específica que autorice la enajenación total. Pese a ello, el Ejecutivo continúa explorando vías administrativas para facilitar la transferencia de empresas, incluso aquellas que originalmente formaban parte de una lista más extensa presentada en el proyecto de Ley Bases.
Este escenario refleja una tensión constante entre los poderes del Estado, donde la estrategia oficial parece orientada a sortear obstáculos legislativos mediante herramientas regulatorias y decretos, en busca de consolidar un cambio profundo en el rol del Estado como propietario y gestor de empresas.
