Una serie de presentaciones del abogado Pablo Llonto reactivan en la Justicia Federal la investigación sobre el destino de los documentos de inteligencia de las Fuerzas Armadas. A 50 años del inicio del régimen, persiste la incógnita sobre el paradero de registros que podrían esclarecer el destino de miles de víctimas.
Jorge Rafael Videla definió a la última dictadura como una “guerra de inteligencia”. Esa expresión del exdictador revela el papel central que tuvo el aparato de espionaje para identificar a los blancos de la represión y decidir su suerte. La información se nutría, a su vez, de lo ocurrido dentro de los centros clandestinos de detención. En las últimas décadas, la emergencia de algunos archivos demostró que existieron registros sistemáticos sobre las víctimas del terrorismo de Estado, aunque se sospecha que gran parte de esa documentación permanece en poder de los perpetradores y no fue recuperada por los sucesivos gobiernos democráticos.
En vísperas de cumplirse cincuenta años del golpe, el abogado Pablo Llonto impulsó una serie de presentaciones ante la Justicia Federal para reabrir la búsqueda de esos papeles. En uno de los escritos, al que tuvo acceso este diario, Llonto sostiene que resulta imprescindible determinar qué ocurrió con el material recopilado por la inteligencia de la Fuerza Aérea entre 1976 y 1983, obtenido mediante torturas, infiltraciones y seguimientos. Solo el hallazgo de esos documentos permitiría establecer con precisión los lugares de cautiverio, el destino final de los desaparecidos y la identidad de los integrantes de los grupos de tareas, así como de sus responsables jerárquicos.
El letrado ya había formulado pedidos similares respecto a los archivos de la Armada y, fundamentalmente, del Ejército, por su rol coordinador en la represión. Se trata de una búsqueda que podría develar respuestas largamente esperadas por los familiares de las víctimas.
En los meses previos al retorno democrático, el régimen se esforzó por borrar las huellas de sus crímenes. En octubre de 1983, el dictador Reynaldo Benito Bignone firmó un decreto que ordenaba “dar de baja” las constancias de antecedentes de quienes habían estado privados de su libertad, un eufemismo que encubría la destrucción de pruebas. Un mes después, Cristino Nicolaides, entonces comandante del Ejército, dispuso la incineración de todos los archivos. No obstante, diversos testimonios indican que parte de esa información había sido microfilmada y que los papeles siguieron en poder de las fuerzas o de algunos de sus integrantes incluso durante la democracia.
Un ejemplo temprano lo aportó el suboficial Orestes Vaello, quien declaró ante la Conadep presentando órdenes de secuestro emitidas por el Batallón de Inteligencia 601 contra estudiantes secundarios, en lo que se conoció como la Noche de los Lápices. Esos papeles probaron que dicha unidad funcionó como cerebro de la represión, generando directivas para otros cuerpos que las ejecutaban.
Llonto argumenta que los archivos del Ejército podrían haber sido ocultados o sustraídos. En uno de los juicios, Stella Segado, exdirectora nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, relató un sospechoso incendio en el séptimo piso del Edificio Libertador durante los años noventa, poco después de que un juez ordenara preservar el lugar ante la posibilidad de que albergara documentación represiva. Allí funcionaba la inteligencia del Ejército. Un expersonal civil de inteligencia declaró, además, que en ese mismo piso se guardaba información sobre organismos de derechos humanos, incluyendo a las Madres de Plaza de Mayo y al CELS.
Respecto a la Armada, Llonto demostró que, bien entrada la democracia, la fuerza aún poseía datos sobre víctimas que habían pasado por la ESMA. En 1986, el vicealmirante Ramón Arosa remitió al juzgado de San Isidro documentación clasificada como “secreta”, que incluía fichas de seguimiento a sobrevivientes actualizadas hasta 1985. Una fotografía tomada durante una visita de la Conadep a la ESMA muestra, además, la existencia de un archivo dentro del excentro clandestino.
A raíz de estas presentaciones, el juez Sergio Torres abrió una investigación reservada, que quedó a cargo del fiscal Eduardo Taiano, aunque con escaso avance. Posteriormente, el Juzgado Federal 12 consultó al Ministerio de Defensa si los Equipos de Relevamiento y Análisis Documental (ERyA), creados en 2010, habían tenido acceso a archivos como los enviados por Arosa. Durante la gestión de Mauricio Macri, integrantes de los ERyA revisaron el Archivo General de la Armada, donde detectaron un depósito con documentación secreta sin inventariar, pero no hallaron las fichas de antecedentes civiles.
Los ERyA, que durante años colaboraron con más de cien causas, fueron disueltos en marzo de 2024 por el entonces ministro de Defensa Luis Petri, bajo el argumento de que “carpeteaban” a los militares, pese al reclamo de decenas de fiscales. Su eliminación siguió el camino abierto por Patricia Bullrich durante la gestión de Cambiemos, cuando desarticuló un equipo similar en el Ministerio de Seguridad que había aportado pruebas cruciales, como archivos de la Prefectura que confirmaron los vuelos de la muerte.
Paralelamente, durante las intervenciones de Cristina Caamaño, Agustín Rossi y Ana Clara Alberdi en la Agencia Federal de Inteligencia, se inició un programa de relevamiento de los archivos de la exSIDE, del que surgió documentación valiosa para la Justicia. El 24 de marzo pasado, el portavoz presidencial Manuel Adorni anunció que, por decisión de Javier Milei, se desclasificaría la documentación de la SIDE en poder del Estado. Sin embargo, desde entonces no se ha conocido novedad alguna sobre el destino de esa promesa.
A cincuenta años del golpe, la búsqueda de los archivos secretos de la dictadura permanece abierta, interpelando a las instituciones democráticas y al Estado en su conjunto. La recuperación de esos papeles no solo es una deuda con la memoria y la verdad, sino también una llave para acceder a la justicia largamente postergada.
