El Gobierno Congela las Incorporaciones en el Estado para Ordenar el Gasto Público

El Gobierno Congela las Incorporaciones en el Estado para Ordenar el Gasto Público

Mediante un decreto publicado esta madrugada, se suspendieron todas las designaciones y contrataciones en la administración nacional. La medida busca racionalizar la planta estatal y establecer un mecanismo estricto de reemplazos, aunque con excepciones clave en áreas sensibles como salud, seguridad y educación universitaria.

El Gobierno nacional anunció una medida de alcance general que paraliza toda nueva incorporación de personal en la administración pública nacional, incluyendo organismos y entidades bajo su órbita. La decisión, oficializada en las primeras horas de hoy a través del decreto 934/2025 publicado en el Boletín Oficial, forma parte de una política orientada a reordenar el gasto público y controlar el tamaño del Estado, en el marco de un proceso más amplio de reestructuración impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

El documento establece que las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional quedan impedidas de realizar designaciones o contrataciones de cualquier naturaleza, abarcando desde personal temporario e indeterminado hasta contratos por prestación de servicios y designaciones transitorias en plantas permanentes. La norma busca frenar el crecimiento de la dotación estatal y avanzar en un esquema de racionalización administrativa.

No obstante, el decreto contempla excepciones significativas en sectores considerados esenciales. Quedan fuera de la restricción las áreas vinculadas a la educación universitaria, el Servicio Penitenciario Federal, las Fuerzas Armadas y de Seguridad –excluyendo su planta civil–, así como el personal profesional destinado a hospitales, centros asistenciales e institutos de investigación. También se exceptúan las contrataciones dentro del Sistema Nacional de Manejo del Fuego y del cuerpo de guardaparques nacionales.

Además, se incorporó un mecanismo de reemplazo controlado: a partir de 2026, cada dependencia podrá solicitar una nueva incorporación por cada dos bajas que se registren, siempre que no se trate de retiros voluntarios o acuerdos entre las partes. Para autorizar cualquier ingreso, la Subsecretaría de Modernización y Desarrollo del Empleo Público, en coordinación con la Secretaría de Hacienda, deberá evaluar y aprobar cada solicitud. Incluso en casos excepcionales, donde se requiera reemplazar un empleado por dos, solo se admitirán aquellos pedidos que acrediten una necesidad estratégica y hayan completado un proceso previo de racionalización de su dotación.

Quedan también exceptuadas las contrataciones de artistas y profesionales en el ámbito de la Secretaría de Cultura cuando correspondan a prestaciones intelectuales o suplencias en cuerpos artísticos estables. Tampoco alcanza la norma a las prórrogas de contratos vigentes, el nombramiento de personal de gabinete, las contrataciones del Programa de Movilidad y Búsquedas Internas (MoBI) y las incorporaciones resultantes de concursos para plantas permanentes.

Cabe destacar que la normativa mantiene la prioridad en el cumplimiento del cupo laboral para personas con discapacidad, garantizando la cobertura de los cargos previstos en la Ley N° 22.431. Asimismo, extiende la lógica de contención del gasto en personal a los representantes del Estado en empresas y fondos fiduciarios de control mayoritario estatal, a quienes se instruyó adoptar políticas similares.

En otro tramo del decreto, se deroga el Decreto N° 1148 del 30 de diciembre de 2024 y se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2026 la vigencia de la Decisión Administrativa N° 28, originalmente publicada en febrero de 2024, que ya limitaba las contrataciones estatales. El texto aclara, además, que las referencias presupuestarias deben adaptarse a la partida vigente del ejercicio actual.

La medida refleja la voluntad del Ejecutivo de contener la expansión de la planta pública y avanzar en una reestructuración que, según argumenta, es necesaria para asegurar la sostenibilidad fiscal. Sin embargo, genera interrogantes respecto de su impacto en la operación diaria de organismos no exceptuados y en el empleo público en el mediano plazo.

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