Mediante un decreto de necesidad y urgencia publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional autorizó dos ejercicios militares con fuerzas de los Estados Unidos entre abril y junio de 2026, al tiempo que justificó la medida por la ausencia de tratamiento parlamentario y un contexto internacional signado por la inestabilidad bélica.
En las últimas horas, el Poder Ejecutivo dio luz verde a la presencia de efectivos extranjeros en el suelo patrio al rubricar una autorización formal para el ingreso de tropas provenientes de los Estados Unidos de América, las cuales participarán de una serie de maniobras castrenses de alto perfil. La medida, refrendada por el presidente Javier Milei y la totalidad de su Gabinete de ministros, quedó plasmada en un decreto que vio la luz el pasado 17 de abril en el Boletín Oficial, y establece el cronograma de dos operativos de adiestramiento bilateral: el primero denominado “Daga Atlántica”, que se extenderá desde el 21 de abril hasta el 12 de junio de 2026, y el segundo conocido como “PASSEX”, una práctica naval que tendrá lugar en la Zona Económica Exclusiva entre el 26 y el 30 del mismo mes.
La iniciativa, enmarcada en la estrategia de posicionamiento internacional del Gobierno, busca consolidar la reputación del país como un socio fidedigno en materia de estabilidad regional y seguridad global. Según se desprende del texto oficial, estas prácticas conjuntas no solo fortalecen los lazos de cooperación con Washington, sino que también proyectan una imagen de alineamiento confiable en un tablero geopolítico cada vez más volátil. No obstante, el cronograma original sufrió modificaciones: la escalada del conflicto armado en Medio Oriente obligó a postergar las actividades previstas para los primeros días de abril, aunque la nueva planificación permitió sostener el compromiso bilateral de defensa mientras ambas naciones reajustan sus capacidades operativas ante un escenario mundial signado por la incertidumbre.
El ejercicio “Daga Atlántica” convocará a efectivos argentinos y norteamericanos en un amplio espectro de jurisdicciones que abarcan áreas terrestres, aéreas, marítimas y fluviales. Los puntos neurálgicos del adiestramiento serán la Base Naval Puerto Belgrano, la Guarnición Militar Córdoba y la VII Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina, situada en el partido bonaerense de Moreno. En paralelo, las maniobras “PASSEX” contarán con un despliegue de alto impacto logístico: el portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley, ambos pertenecientes a la Armada de los Estados Unidos, navegarán durante cinco jornadas por la Zona Económica Exclusiva argentina, mientras que las fuerzas locales movilizarán personal y equipamiento para desarrollar prácticas combinadas de instrucción naval, todo ello en el marco de acuerdos bilaterales previos.
El objetivo declarado de ambas operaciones militares es múltiple: incrementar la interoperabilidad y la integración doctrinaria entre ambas fuerzas, homogeneizar procedimientos operacionales, robustecer la protección de zonas estratégicas y capacitar a las Fuerzas Armadas argentinas para eventuales inserciones en misiones multinacionales en el futuro. En ese sentido, el Estado Mayor Conjunto, liderado por el vicealmirante Marcelo Dalle Nogare, enfatizó que estas experiencias permitirán “incrementar la preparación militar y fortalecer la defensa regional a través de entrenamientos compartidos, intercambios de especialistas y la adopción de prácticas operacionales comunes”.
Sin embargo, el camino administrativo elegido por el Gobierno no estuvo exento de polémica institucional. El proyecto de ley que habilitaba estos ejercicios había sido remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso para su debate y sanción, pero hasta la fecha de publicación del decreto no había obtenido dictamen en la Cámara de Diputados. Ante esa demora legislativa, la administración Milei optó por recurrir a la vía excepcional del decreto de necesidad y urgencia, amparándose en el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional y en la reglamentación prevista por la Ley 26.122. La decisión generó un inmediato debate sobre los límites de la potestad presidencial en materia de defensa y relaciones internacionales.
El propio texto del decreto esgrimió una justificación contundente: la falta de participación en estas maniobras “afectaría significativamente el adiestramiento naval en operaciones combinadas con la Armada de los Estados Unidos”, privando a las fuerzas locales de una transferencia tecnológica y táctica considerada crucial. El documento resalta que el bagaje de las unidades especiales estadounidenses, forjado en escenarios reales de combate, constituye “un recurso invaluable” para la formación de los efectivos argentinos.
En el plano diplomático, el Gobierno aprovechó la coyuntura para ratificar su sintonía estratégica con la administración de Donald Trump, en un momento en que el mandatario republicano anunció un cese al fuego en Irán tras semanas de tensiones crecientes. El canciller Pablo Quirno, al exponcer los lineamientos de la relación bilateral, subrayó que el vínculo se sostiene sobre “coincidencias políticas y una complementariedad económica cada vez más relevante”. Entre los pilares de esa agenda común, el ministro mencionó el respeto por la libertad, el protagonismo del sector privado y la construcción de “cadenas de valor seguras en el hemisferio”, además de enumerar áreas estratégicas como los minerales críticos, la energía y el flujo de inversiones como ejes centrales de los acuerdos bilaterales en curso.
