El Gobierno justificó la reestructuración de la SIDE como un avance democrático, mientras la oposición, juristas y organismos de derechos humanos alertan sobre la creación de una “policía secreta” y un giro autoritario.
El Ejecutivo nacional salió al cruce de las crecientes críticas hacia la reforma del sistema de inteligencia, instrumentada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia. Frente al aluvión de cuestionamientos por las amplias facultades conferidas a la Secretaría de Inteligencia de Estado –entre las que se incluyen la potestad para detener ciudadanos, la incorporación de las Fuerzas Armadas en misiones de seguridad interior y un velo de secreto sobre sus operaciones–, la administración de Javier Milei sostuvo que la transformación se encuentra “alineada con los más altos estándares democráticos y republicanos”.
El decreto 941/2025 fue rubricado el último día del año, cuando ya habían concluido las sesiones extraordinarias del Parlamento, convocadas por el propio Gobierno sin incluir en la agenda esta modificación sustancial del organismo de inteligencia. No es la primera ocasión en que el Presidente recurre a este mecanismo para alterar el esquema de espionaje; en julio del año anterior, mediante el DNU 614, había resucitado la antigua SIDE, poniendo fin a la experiencia de la Agencia Federal de Inteligencia.
En un comunicado oficial, la propia Secretaría fundamentó el cambio en el “nuevo rol central que ocupa la República Argentina en el escenario mundial, a partir del liderazgo del Presidente”. Según la versión gubernamental, la reforma persigue racionalizar y reducir la estructura del sector. No obstante, permanece en la opacidad el impacto concreto sobre el propio organismo. Lo que el decreto establece de manera categórica es la desaparición de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar. Esta determinación implica que el Ministerio de Defensa se queda sin capacidades propias de análisis y dependerá por completo de la información producida por los estamentos castrenses.
El exministro Jorge Taiana caracterizó esta medida como una “vieja aspiración de la corporación” militar, mientras que su predecesor, Agustín Rossi, la interpretó como una maniobra para vaciar de atribuciones a la cartera de Defensa, anticipando una futura conducción civil. El objetivo declarado de la reestructuración, según el documento oficial, es “acotar, definir y clarificar con precisión” la arquitectura y las competencias del Sistema de Inteligencia Nacional, adaptándolo a los desafíos contemporáneos. En este sentido, se eliminan funciones ligadas a la seguridad interna y a la custodia de infraestructura crítica estatal.
La remodelación llega en un contexto de cambios al interior de la cúpula del organismo. Cristian Auguadra asumió recientemente la máxima conducción, sucediendo a Sergio Neiffert, quien había perdido la confianza del asesor presidencial Santiago Caputo. Bajo el paraguas de la SIDE, cuatro órganos desconcentrados experimentarán transformaciones. La Agencia de Seguridad Nacional dejará de existir en su formato actual, tras reconocerse una superposición de tareas con el Departamento Federal de Investigaciones de Patricia Bullrich, y mutará en una Agencia Nacional de Contrainteligencia. Asimismo, la Agencia Federal de Ciberseguridad se convertirá en una Agencia Federal de Ciberinteligencia, traspasando sus responsabilidades de seguridad digital a la órbita de la Jefatura de Gabinete.
Mientras la oposición prepara una ofensiva legislativa para rechazar el decreto, siguiendo el precedente del que asignaba fondos reservados a la SIDE, un amplio espectro de voces académicas y de la sociedad civil ha expresado una profunda preocupación. El constitucionalista Daniel Sabsay cuestionó la existencia de una “necesidad y urgencia” que justifique el cambio y tildó de “aberración” la facultad de aprehensión concedida a la inteligencia, confiando en una futura declaración de inconstitucionalidad por parte de la Justicia.
Por su parte, el teórico Roberto Gargarella afirmó en redes sociales: “Me había aguantado de decirlo, pero ya es descriptivo: gobierno fascista, enemigo de la democracia y la Constitución”. En una línea similar, Andrés Gil Domínguez advirtió sobre un “definitivo giro hacia la consolidación neofascista del modelo”.
Organizaciones con una larga trayectoria en la defensa de las garantías fundamentales elevaron su voz de alarma. El Centro de Estudios Legales y Sociales, que ya había impugnado judicialmente el decreto anterior, alertó que esta nueva normativa podría habilitar el espionaje político. “El Gobierno presenta esto como unas modificaciones administrativas para clarificar funciones, pero es, en verdad, una reforma estructural del aparato de seguridad y defensa del Estado, que le otorga a la SIDE el poder de una policía secreta”, afirmaron desde la entidad.
Según el análisis del CELS, el cambio de orientación hacia la contrainteligencia reinstala una peligrosa lógica del “enemigo interno” en el corazón del sistema. Además, la obligación impuesta a todas las dependencias estatales de implementar medidas de contrainteligencia y de brindar información a la SIDE las transforma en terminales de recolección de datos. Un aspecto particularmente crítico es la declaración de que todas las actividades del sistema de inteligencia serán “encubiertas”, estableciendo un régimen de secreto que, a juicio de los especialistas, favorecería la opacidad en el uso de fondos reservados y el encubrimiento de operaciones ilegales.
La resistencia al DNU 941/2025, que promete extenderse tanto en el recinto del Congreso como en los estrados judiciales, plantea un nuevo y agudo conflicto institucional en torno a los límites del poder ejecutivo y las garantías democráticas en la Argentina.
