El proyecto de modernización laboral, que incluye una profunda modificación impositiva, genera fricciones en el seno del oficialismo y la oposición. Gobernadores advierten sobre un severo recorte en los fondos coparticipables, mientras se debate un alivio fiscal para grandes empresas y sectores de alto poder adquisitivo.
La temporada estival se anuncia compleja y tensionada para la administración nacional, con un foco particular en la cartera de Interior a cargo de Diego Santilli. Las altas temperaturas no serán el mayor desafío, sino la ardiente pulseada política en torno a la iniciativa de reforma laboral, cuyos aspectos tributarios ya han encendido las alarmas en las administraciones provinciales. Los mandatarios territoriales han señalado con preocupación que los cambios proyectados en el impuesto a las Ganancias recortarán de manera sustancial los ingresos que perciben por el sistema de coparticipación federal.
El núcleo del conflicto radica en dos modificaciones centrales del texto: la reducción de las alícuotas que abonan las sociedades comerciales en los segmentos más elevados y la exención del gravamen para los alquileres destinados a vivienda. La financiación de estos beneficios, según advierten los informes técnicos, descansaría en gran medida en una merma automática de los fondos dirigidos a las arcas provinciales.
Un análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) cuantifica el impacto: el costo fiscal directo inicial de estas alteraciones alcanzaría el 0,22% del Producto Bruto Interno, equivalentes a 1,9 billones de pesos anuales. De esta suma, se estima que cerca de 1,12 billones dejarían de ingresar a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La distribución de esta pérdida no sería pareja, afectando con mayor crudeza a jurisdicciones como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y varias provincias del norte y litoral.
Frente a la argumentación oficial, que presenta la rebaja impositiva como un motor para la rentabilidad y la inversión privada, se alzan voces críticas que denuncian una distribución inequitativa de costos y beneficios. El senador Jorge Capitanich ha calificado la iniciativa como “una reforma tributaria encubierta”, subrayando que las mayores ventajas se concentrarían en un reducido grupo de grandes empresas, en perjuicio de las finanzas públicas provinciales ya tensionadas.
El descontento se potencia al examinar el historial reciente de transferencias. Aunque el año pasado los giros automáticos mostraron una leve recuperación real del 1,7%, este promedio esconde una marcada discrecionalidad. Informes especializados detallan que provincias alineadas con el gobierno nacional registraron aumentos superiores al 200% en ciertos conceptos compensatorios, mientras que aquellas con gobiernos opositores o menos afines no alcanzaron el 50% de variación. Esta estrategia de premios y castigos, efectiva para la aprobación del presupuesto, podría encontrar sus límites en una reforma que lesiona intereses de todas las jurisdicciones por igual.
La tensión se extiende más allá del impuesto a las Ganancias. Otras cláusulas del dictamen, como la derogación de impuestos internos a seguros, telefonía celular, artículos suntuarios y vehículos de alta gama –beneficios dirigidos a sectores de altos ingresos–, implicarían un costo adicional de cientos de millones de dólares, recursos que también dejan de coparticiparse.
Ante este escenario, el Ministerio del Interior y la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, se preparan para negociaciones arduas. Tras la presentación del dictamen, se prevé una intensa ronda de conversaciones a partir de la segunda quincena de enero, con el objetivo de llevar el proyecto al recinto a mediados de febrero. El gran interrogante que flota en el ambiente político es si el capítulo tributario, una imposición del Ministerio de Economía, logrará sobrevivir intacto a la presión de los gobernadores o si deberá ser modificado para despejar el camino a la ley. El verano político, promete ser tan caliente como decisivo.
