El gobierno de Donald Trump implementa un plan tripartito que incluye la administración de los ingresos petroleros, la apertura comercial forzosa y la incautación de buques en aguas internacionales, marcando un nuevo capítulo de intervención en la región.
En un movimiento que redefine los límites de la intervención económica y militar, el gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles que ejercerá un control indefinido sobre la comercialización del crudo venezolano. La decisión, presentada como el núcleo de una estrategia estructurada en tres etapas, implica que los ingresos provenientes de estas ventas serán depositados en cuentas supervisadas por Washington, desde donde se financiará la compra obligatoria de productos estadounidenses por parte de Venezuela.
La administración Trump, a través de su secretario de Estado, Marco Rubio, delineó públicamente una hoja de ruta que comienza con una fase de “estabilización”, donde el acuerdo petrolero es fundamental para evitar, según su visión, un colapso total. La segunda etapa promete una “recuperación económica” ligada a la entrada masiva de capitales norteamericanos y occidentales, junto a un proceso de reconciliación interna. La fase final, denominada de “transición política”, sería, en teoría, responsabilidad del pueblo venezolano. Sin embargo, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dejó en claro que las decisiones del gobierno interino de Delcy Rodríguez serán dictadas desde Washington, aprovechando lo que describió como una “máxima capacidad de presión”.
Para materializar esta presión, la estrategia se complementó con una demostración de fuerza naval. El Comando Sur de Estados Unidos informó la interceptación de un buque tanque sancionado en el mar Caribe, el M/T Sophia, al que identificó como parte de la llamada “flota oscura” que transporta crudo de naciones bajo embargo. Paralelamente, el Comando Europeo de las Fuerzas Armadas estadounidenses (EUCOM) confirmó la incautación en el Atlántico Norte del petrolero Marinera, de bandera rusa. Estas acciones se enmarcan en la “Operación Lanza del Sur”, la ofensiva militar desplegada por Trump en el Caribe contra presuntas actividades ilícitas.
El presidente republicano, por su parte, celebró en sus redes sociales el compromiso de Caracas de adquirir exclusivamente bienes agrícolas, médicos e industriales fabricados en Estados Unidos, consolidando así una relación de dependencia comercial absoluta. A este anunció sumó una proyección de aumento histórico del presupuesto militar estadounidense para el año 2027.
La incautación del buque ruso desató un inmediato rechazo del gobierno de Moscú. El Ministerio de Transportes ruso calificó el acto de ilegal, al violar la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que garantiza la libertad de navegación en aguas internacionales. El incidente, según revelaciones periodísticas, estuvo a punto de escalar cuando Rusia envió un submarino para escoltar al petrolero, tras fallar sus solicitudes para que Washington cesara su persecución.
Analistas internacionales interpretan estas medidas como una reafirmación brutal de la doctrina de influencia hemisférica. Gonzalo Fiore Viani, doctor en Relaciones Internacionales, señaló que Estados Unidos envía un mensaje contundente sobre su tutelaje político y militar sobre América Latina, particularmente sobre Venezuela, un activo estratégico que también codicia el Kremlin. El especialista advirtió que el mundo atraviesa un período donde prevalece el uso de la fuerza por sobre el derecho internacional, un contexto en el que las potencias actúan impunemente mientras las naciones más débiles soportan las consecuencias. Este episodio, más allá del destino inmediato del petróleo venezolano, parece consolidar ese sombrío paradigma en el patio trasero histórico de Washington.
