El diputado alertó sobre los riesgos de eliminar la protección de tierras incendiadas y vinculó la medida con intereses inmobiliarios y agropecuarios.
Con dramáticas postales de la Patagonia envuelta en llamas, Máximo Kirchner utilizó sus redes sociales para remarcar la relevancia de la Ley de Manejo del Fuego, una normativa sancionada en 2012 y modificada en 2020 mediante una iniciativa impulsada por él mismo. Esa enmienda, que el actual Gobierno de Javier Milei busca anular, estableció una restricción prolongada para alterar el destino de terrenos afectados por incendios, ya sean intencionales o fortuitos.
“Otra vez, tierra arrasada por el fuego en la Patagonia. ¿Qué cosa dijeron? ¿Que la Ley de Manejo del Fuego desincentivaba la producción? ¿De verdad? No nos sorprende. Otra mentira más”, expresó Kirchner en una publicación acompañada por un video que muestra paisajes patagónicos devastados por el fuego.
El material audiovisual incluye además un segmento de una conferencia ofrecida en diciembre por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, donde confirmó la decisión oficial de derogar los cambios introducidos en 2020, los cuales regulan el uso del suelo tras un incendio.
“Ya lo dijimos: la única actividad que desincentiva esta ley es la de prender fuego como mecanismo utilizado para expulsar productores de sus tierras y entregarlas al lobby inmobiliario de ayer o a los centros de datos de hoy. Da igual. Negocio para pocos. Desastre para muchos”, advirtió el legislador, subrayando que la norma actúa como un freno a prácticas especulativas.
Finalizó su mensaje con un llamado contundente: “La Ley de Manejo del Fuego no debe ser derogada”.
La ley original, aprobada hace más de una década, sentó bases fundamentales en materia presupuestaria y operativa para la protección ambiental frente a incendios forestales y rurales. Asimismo, creó el Sistema Federal de Manejo del Fuego, orientado a resguardar los ecosistemas, garantizar la seguridad de las poblaciones y coordinar la intervención estatal en el combate de siniestros.
La reforma de 2020, promovida por Kirchner, amplió significativamente la salvaguarda de los ecosistemas al impedir, durante plazos que van de 30 a 60 años según el tipo de zona, cualquier cambio en el uso de superficies incendiadas. Esta modificación se convirtió en un instrumento clave para contener el avance de intereses inmobiliarios y la expansión agropecuaria sin control, fenómenos que en los últimos años han seguido un patrón recurrente: el fuego como método para “liberar” tierras y destinarlas a emprendimientos privados o actividades productivas, muchas veces en detrimento del patrimonio natural.
