En una entrevista polémica, el Presidente de Estados Unidos minimizó el marco jurídico internacional y priorizó el acceso al petróleo venezolano, mientras el Senado aprueba una resolución simbólica para frenar sus ambiciones militares.
En declaraciones que han conmocionado a la comunidad internacional y desatado una intensa reacción en el Capitolio, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que su potestad para desplegar la fuerza militar en el extranjero encuentra su única barrera en su “propia moralidad”. Estas afirmaciones, realizadas en una extensa conversación con The New York Times, surgieron en el contexto de sus explícitos intereses sobre Venezuela, país del que aseguró podría gobernar y extraer hidrocarburos de sus vastas reservas “durante años”.
El mandatario, desafiando convenciones diplomáticas, se refirió al derecho internacional con marcado desdén. “No necesito el derecho internacional”, aseveró, para luego matizar que, aunque su administración lo respeta, será él quien determine cuándo aplicar esas restricciones a Estados Unidos. “Depende de cuál sea tu definición”, argumentó, dejando entrever una interpretación flexible y unilateral de los compromisos globales. Esta postura soberana, según analistas, erosiona los pilares del sistema multilateral y prioriza el interés nacional definido exclusivamente por el Ejecutivo.
El petróleo en el centro de la escena
Las ambiciones sobre la nación sudamericana aparecieron desprovistas de eufemismos. Trump proyectó una intervención económica directa: “La reconstruiremos de una manera muy rentable”, declaró, vinculando el destino de Venezuela a los recursos energéticos. “Vamos a usar petróleo y vamos a recibirlo. Estamos bajando los precios del petróleo y vamos a dar dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente”. Estas declaraciones se produjeron tras conocerse que la administración estadounidense planea asumir el control efectivo de las ventas de crudo venezolano de manera indefinida, dentro de un plan estratégico de tres etapas que incluiría desde la estabilización hasta una eventual transición política.
Un llamado de atención desde el Senado
Mientras Trump articulaba su visión en la prensa, el Senado emitía un contundente, aunque simbólico, mensaje de disconformidad. Con el respaldo crucial de cinco legisladores republicanos que se sumaron a la bancada demócrata, la cámara alta aprobó una resolución conjunta que busca bloquear nuevas incursiones militares no autorizadas en territorio venezolano. La medida, que obtuvo 52 votos a favor y 47 en contra, constituye una advertencia política tras la reciente operación para capturar al presidente Nicolás Maduro, realizada sin la previa notificación al Congreso.
No obstante, el camino para que esta resolución se convierta en ley vinculante es arduo. Deberá ser aprobada por la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, y posteriormente ser refrendada por el propio Trump, quien ya ha anunciado su intención de vetarla. Para anular un veto, se requeriría una mayoría calificada de dos tercios en ambas cámaras, un umbral difícil de alcanzar. Ante este escenario, congresistas demócratas ya anunciaron la presentación de una iniciativa similar para ser votada en la Cámara Baja a finales de enero.
La reacción del presidente frente a la rebelión dentro de su partido fue visceral. A través de su red social Truth Social, acusó a los senadores republicanos disidentes de “intentar arrebatarnos la facultad de luchar y defender a Estados Unidos”, y sugirió que no deberían ser reelegidos. Además, cuestionó la constitucionalidad de la Ley de Poderes de Guerra de 1973, que regula las facultades del Congreso en materia de conflictos bélicos.
Críticas y alianzas regionales
Desde el Partido Demócrata, las críticas fueron directas. El congresista Jim McGovern acusó a la administración de mover sus fichas por puro interés económico: “Esto se trata del petróleo. Se trata de enriquecer a los directivos de las grandes compañías petroleras a expensas del pueblo de Venezuela”. Por su parte, Joaquín Castro, miembro del Comité de Asuntos Exteriores, vinculó esta situación con otras ambiciones expansionistas del presidente y defendió la autoridad constitucional del Congreso para decidir sobre la guerra.
Mientras en Washington se libra esta batalla política, la región expresó su preocupación. Los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Colombia, Gustavo Petro, mantuvieron un diálogo telefónico en el que manifestaron su “profunda preocupación” por el uso de la fuerza contra un país sudamericano, violando, a su juicio, el derecho internacional y la soberanía nacional. Ambos mandatarios hicieron un llamado a resolver la situación exclusivamente por vías pacíficas y negociadas.
La confrontación entre el poder ejecutivo y el legislativo, el desprecio por los marcos jurídicos globales y la explícita búsqueda de recursos estratégicos dibujan un escenario de alta tensión. La “propia moralidad” del presidente, como él mismo la define, parece haberse erigido en el principio rector de una política exterior que promete seguir generando divisiones profundas tanto dentro como fuera de las fronteras de Estados Unidos.
