Mientras los incendios forestales avanzan sobre bosques milenarios en el sur argentino, la intencionalidad, la especulación inmobiliaria y un marcado desinterés del gobierno nacional avivan un drama ecológico y social que se repite cada verano con mayor crudeza.
La postal se ha vuelto tristemente habitual. Una vez más, la Patagonia argentina se ve sometida al embate del fuego, que devora con voracidad miles de hectáreas de bosques y pone en vilo a comunidades enteras. Este escenario, que se replica con inquietante periodicidad a lo largo de los últimos diez años, presenta en la actualidad agravantes que complejizan la crisis y exponen profundas fracturas en la gestión ambiental.
En este sentido, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, aportó un dato estremecedor al confirmar que el siniestro que afecta a la localidad de El Hoyo fue provocado de manera deliberada. Las autoridades ofrecen una cuantiosa recompensa para dar con los culpables, señalando que las llamas fueron iniciadas en un momento y lugar estratégicos, maximizando el peligro para residentes y turistas. La sombra de la intencionalidad planea sobre la catástrofe.
De acuerdo con reportes de organizaciones ambientales, en estos momentos existen tres grandes focos ígneos activos de extrema gravedad. Además del incendio en Cushamen, Chubut, las llamas amenazan el valioso patrimonio natural del Parque Nacional Los Alerces, donde resurge un fuego que se creía controlado, y avanzan también sobre la provincia de Santa Cruz, en las inmediaciones del Parque Nacional Los Glaciares. La coordinación entre provincias resulta insuficiente ante la magnitud de la emergencia.
Expertos advierten que, más allá de la posible negligencia o la acción premeditada, la crisis climática continúa siendo subestimada. La escasez de nevadas durante el invierno anticipaba un verano crítico. Respecto a los incendios intencionales, se señala la especulación con la tierra como un móvil recurrente: el territorio devastado pierde valor, presionando a sus propietarios a vender a bajo precio. Otras veces, el fuego se utiliza como método ilegal para despejar terrenos con fines de desarrollo urbano o cambio de uso, prácticas que la justicia investiga aunque con lentitud y escasos resultados.
Precisamente, desde el ámbito político surge una fuerte advertencia. La diputada Sabrina Selva denunció la peligrosa iniciativa del gobierno nacional de derogar la Ley de Manejo del Fuego, una normativa clave que protege los ecosistemas incendiados impidiendo cambios en el uso del suelo por décadas. Su posible desaparición se visualiza como un incentivo perverso para la destrucción con fines de lucro.
La crítica se extiende hacia la gestión general de la crisis. Se señala con preocupación el drástico desfinanciamiento del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, que según denuncias opera con un presupuesto un setenta por ciento inferior al del año anterior. Este recorte afecta directamente tareas esenciales de prevención, como la creación de cortafuegos y la limpieza de material combustible. Además, se cuestiona la decisión de trasladar este organismo al ámbito de Seguridad, en lugar de fortalecer su perfil ambiental y preventivo.
La situación ha derivado en una profunda precarización de los brigadistas, quienes enfrentan las llamas con recursos insuficientes. Paradójicamente, en muchos casos, la Administración de Parques Nacionales aporta más efectivos que el propio Estado federal. Mientras el fuego consume la Patagonia, la sensación que prevalece es la de un Estado ausente, que mira para otro lado en el momento más crítico, dejando a las provincias y a la naturaleza libradas a su suerte frente a un enemigo que, cada año, se vuelve más feroz y destructivo.
