Mientras las llamas avanzan con furia en Chubut y amenazan patrimonios naturales únicos, brigadistas subfinanciados enfrentan un fuego impredecible. Organizaciones denuncian un ecocidio y advierten sobre el colapso en la prevención y combate de incendios.
Una catástrofe ambiental de dimensiones históricas azota la provincia de Chubut. El voraz incendio originado en Puerto Patriada, localidad de El Hoyo, mantiene una actividad feroz y se expandió hacia la vecina Epuyén, desafiando todos los esfuerzos de contención. Las autoridades del Servicio Provincial de Manejo del Fuego alertaron sobre la posibilidad de un comportamiento extremo e incierto de las llamas, alimentado por condiciones meteorológicas adversas. Datos preliminares oficiales estiman que cerca de siete mil hectáreas de bosque nativo ya han sido consumidas por el fuego en la provincia.
Los pronósticos meteorológicos no ofrecen tregua. El incremento en la velocidad del viento, sumado a una marcada inestabilidad atmosférica, favorece la formación de gigantescas columnas convectivas. Estos fenómenos, visibles nuevamente durante la tarde del viernes, arrastran material ardiente y cenizas, propagando el incendio de manera errática y generando vientos arrachados que vuelven la situación altamente impredecible y peligrosa. Esta complicación provocó que, durante la mañana del viernes, las brigadas terrestres perdieran el apoyo crucial de la aviación debido a la nula visibilidad.
La rotación y el fortalecimiento de los vientos a lo largo del día reactivaron con violencia múltiples sectores, donde grandes focos avanzaron de forma explosiva. Solo en el perímetro de Puerto Patriada y Epuyén, el fuego ha arrasado aproximadamente dos mil quinientas hectáreas, forzando la evacuación de más de tres mil personas. Imágenes compartidas por la Brigada Nacional Sur retratan un paisaje desolador: árboles convertidos en antorchas, cortinas de fuego ascendiendo al cielo y combatientes con semblantes de profunda congoja ante la destrucción circundante.
Sofía Nemenmann, letrada de la Asociación de Abogadxs Ambientalistas, relató que el jueves el incendio exhibió un comportamiento extremo, cruzando la Ruta Nacional 40 a la altura de El Balcón y trepando hacia la zona de El Coihue, lo que exigió nuevas evacuaciones preventivas. “El fuego no es ordenado”, afirmó, describiendo la reactivación de múltiples puntos de calor durante la tarde y noche. “Los escenarios multiemergencia son muy complejos y no hay posibilidad real de cubrir todos los frentes”, explicó. Aunque en la zona trabajan unos trescientos cincuenta brigadistas oficiales y voluntarios, sus esfuerzos resultan insuficientes frente a la magnitud del desastre.
La voz de los combatientes en el terreno refleja la gravedad de la crisis. Ariel Ruiz, jefe de operaciones del Servicio de Prevención y Lucha Contra Incendios Forestales de Río Negro, colaborador en la zona, describió un panorama “dramático”, agravado por un año de sequía extrema. “Lo que tratamos de hacer es resguardar las vidas de las personas y luego las viviendas. No hay recursos que alcancen. Priorizamos la vida, los bienes y después el bosque”, declaró con crudeza. Por su parte, Abel Nievas, secretario de Bosques de Chubut, no dudó en calificar la situación como “la peor tragedia ambiental en veinte años”, y advirtió que el pronóstico de tormentas secas, con rayos que podrían generar nuevos incendios, no trae alivio.
Organizaciones ambientalistas han elevado la gravedad de su denuncia. GreenPeace Argentina caracterizó los hechos como un “ecocidio”, vinculando la intensidad y frecuencia de los incendios a la crisis climática, las sequías extremas y modelos forestales inadecuados. Señalaron que entre octubre de 2024 y marzo de 2025 se batieron récords de superficie quemada en la Patagonia, cuadruplicando las cifras de veranos anteriores, y exigieron un cambio urgente en las políticas forestales.
La emergencia se extiende más allá de El Hoyo. En el corazón del Parque Nacional Los Alerces, un foco activo en la zona de El Turbio ha consumido ya tres mil hectáreas. Otro incendio, estimado en mil hectáreas, avanza hacia los lagos Verde y Rivadavia, poniendo en riesgo inminente a uno de los seres vivos más antiguos del planeta: “El Abuelo”, un alerce de aproximadamente dos mil seiscientos años. Simultáneamente, en la provincia de Santa Cruz, el Parque Nacional Los Glaciares enfrenta un incendio que ha arrasado otras mil hectáreas, siendo combatido por apenas cincuenta y seis brigadistas en la línea de fuego.
Esta crítica escasez de personal es sintomática de un problema estructural. Según denuncian trabajadores de la Administración de Parques Nacionales, de los setecientos combatientes mínimos necesarios para resguardar las áreas protegidas, solo se cubren cuatrocientos puestos. Los brigadistas, con salarios bajos desvinculados del altísimo riesgo que enfrentan, se ven obligados a realizar múltiples tareas.
El desfinanciamiento sistémico aparece como el trasfondo inevitable de la tragedia. Veinte organizaciones ambientales suscribieron un comunicado conjunto señalando que este escenario se desarrolla en un contexto de progresivo vaciamiento del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), organismo clave no solo para la supresión de incendios sino también para la prevención. Un análisis del Monitor Ambiental del Presupuesto, elaborado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), revela que en 2025 el SNMF mantuvo sin ejecutar el veinticinco por ciento de sus partidas, equivalentes a unos veinte mil millones de pesos que hubieran podido fortalecer infraestructura, equipamiento y condiciones laborales.
El horizonte que dibuja la Ley de Presupuesto para 2026 es aún más desolador: implica una caída real del sesenta y nueve por ciento respecto a 2023 y un setenta y ocho coma cinco por ciento respecto a los ya exiguos fondos de 2025. Mientras las llamas devoran la Patagonia, la alarma sobre el colapso del sistema diseñado para protegerla resuena con estruendo.
